Hace unas semanas el Gobierno envió a Bruselas su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del que dependerá la agenda de inversiones y reformas estructurales provenientes de los fondos europeos y que está llamado a ser la clave de la recuperación económica en España. Uno de los principales mecanismos para impulsar el crecimiento del tejido empresarial y del resto de ámbitos de la sociedad española es el de la transformación digital.

Desde el Ejecutivo, empresas y patronales se hacen continuos llamamientos para avanzar en el proceso de digitalización. A este respecto, el plan hace referencia a la transformación digital en diversos puntos pero el más importante es el componente 15, dedicado a Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G, que contará con una inversión inicial de 3.999 millones de euros.

El objetivo es “garantizar la conectividad en todo el territorio nacional, liderar el despliegue de las redes y servicios basados en tecnologías 5G en Europa”, y posicionar a Espàña como referente internacional en este ámbito.

Conectividad digital

Dentro del componente se establecen dos reformas principales (C 15.R1 y C 15.R2). La primera trata sobre la Reforma del marco normativo de telecomunicaciones, que incluye la “tramitación y aprobación de una nueva Ley General de Telecomunicaciones y el desarrollo de distintos instrumentos regulatorios”.

Una de las claves regulatorias llegará con el anteproyecto de Ley de Ciberseguridad 5G, que está previsto que entre en vigor este año y que tiene como principal objetivo trasladar al marco legal español las medidas estratégicas para facilitar el despliegue 5G y reducir los riesgos en la seguridad.

Para ello, desde Europa se ha elaborado el llamado Toolbox, una serie de recomendaciones para que los países miembros elaboren su propia legislación, entre las que cabe destacar la utilización de certificaciones independientes y de criterios técnicos, y no políticos, para determinar la entrada de los actores en el despliegue.

En este mismo sentido, Víctor Calvo-Sotelo, director de la patronal tecnológica DigitalES, advirtió en una entrevista a Servimedia de la “necesidad de armonización de la normativa europea” y de la creación de un marco “basado en procesos transparentes, bien definidos y no discriminatorios, que promuevan la innovación”.

La segunda reforma del componente 15 se recoge bajo el título Hoja de ruta 5G, en la que se destaca la “gestión y asignación del espectro y la reducción de cargas al despliegue”. Este era un punto fundamental también para DigitalES que reclamó “una reducción del precio de salida” en la subasta de 700MHz (clave para el despliegue 5G) y en las tasas aplicadas durante la licencia “las empresas de telecomunicaciones en España asumen la fiscalidad más alta de toda Europa”.

Las reclamaciones de la patronal tecnológica y del resto de operadores para favorecer las inversiones y no retrasar más el despliegue del 5G han parecido calar, al menos en parte, en el Gobierno, que ha reducido el precio de salida en la subasta, prevista para julio, un 15% hasta los 995 millones de euros. Previamente, ya habían anunciado que las concesiones se podrían ampliar otros 20 años, hasta los 40, para facilitar la amortización de las inversiones.

Sobre estos dos ejes el Gobierno deberá construir la carretera del 5G y la conectividad en España, con ellos se deberán fomentar y realizar una serie de inversiones, que se recogen también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que incluyen “favorecer la vertebración territorial mediante el despliegue de redes” -donde España cuenta con una buena red de fibra pero lejos de los países punteros-, “la renovación y sostenibilidad de infraestructuras, favorecer las inversiones en I+D y 6G o fortalecer las capacidades de ciberseguridad de ciudadanos y empresas”.