Este lunes 7 de junio se cumplen cuatro años de la resolución del Banco Popular por la Junta Única de Resolución (JUR) y de su posterior venta al Banco Santander. El caso, no obstante, sigue su proceso en los tribunales donde se esperan diferentes procedimientos en jurisdicciones nacionales e internacionales.

Los procedimientos que han iniciado antiguos accionistas y bonistas del Popular ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se basan en supuestas irregularidades durante el proceso de resolución. Por ello, solicitan a la justicia que declare nula la resolución, lo que cuatro años después supondría el pago de indemnizaciones, puesto que no se puede volver al momento anterior del fallo, ya que los activos del banco en cuestión ya fueron absorbidos por la estructura del Santander.

Durante todo el proceso, se denunció por distintas partes implicadas la poca transparencia de los acontecimientos. El avance de las posiciones cortas en las semanas anteriores a la resolución es uno de los hilos de los que no se ha seguido tirando para averiguar quién estaba detrás de esos movimientos. Sobre si se han producido cambios o activado mecanismos que pudieran evitar un caso como el del Popular, el que fuese presidente del banco, Ángel Ron considera que “nada ha cambiado para que un caso como el del Popular no se vuelva a repetir". Ron cree que no se volvería a producir una resolución como la de la entidad, pero insiste en que “desde luego, nada ha cambiado”.

Nada ha cambiado para que un caso como el del Popular no se vuelva a repetir"

Cabe recordar que la resolución se produjo tras la huida de depósitos del Popular lo que llevó a la entidad a quedarse sin liquidez. Sin embargo, dos días antes de la decisión de la JUR, el Banco Central Europeo aprobó una línea de crédito para proveer de liquidez de emergencia al Popular, por 9.500 millones de euros. Además, el informe pericial, que maneja el juez de la Audiencia Nacional y que solicitó su antecesor al Banco de España, afirma que el patrimonio del banco era de 11.000 millones de euros.

El mismo informe revisaba la política de tasaciones de los inmuebles del Popular y las refinanciaciones y, aunque advirtió de algunas irregularidades, concluyó que no podía afirmarse que el Popular incumpliera la normativa contable.

Declaración de König

El próximo 27 de julio está marcado en el calendario del Caso Popular. Ese día está previsto que declare la presidenta de la JUR, Elke König, en la Audiencia Nacional. König deberá responder a las preguntas sobre sus declaraciones a finales de mayo de 2017 en las que afirmó que el banco español era uno de los que estaba “bajo el radar” de la institución europea. Algunos declarantes consideran que esas palabras influyeron en la caída de las acciones del Popular, así como en la salida de depósitos.

De hecho, según informa Europa Press, el juez recuerda que según el reglamento de la JUR König tenía prohibido revelar información confidencial que hubiera recibido en el curso de sus actividades profesionales o que le hubiera sido remitida por una autoridad competente o una autoridad de resolución. Y añade que "la mera información de que la Junta y las autoridades nacionales de resolución están examinando un ente determinado podría, por sí misma, repercutir negativamente en éste" lo que hace necesario disponer de mecanismos para garantizar la confidencialidad de la información.

Aunque son las más mediáticas, las causas judiciales que abrió la resolución del Popular no terminan en la Audiencia y en Luxemburgo. Está previsto que en unos meses se resuelva ante el Tribunal de Arbitraje de las Naciones Unidas, en Nueva York, la demanda que interpusieron un grupo de accionistas mexicanos encabezados por Antonio del Valle por incumplimiento de los acuerdos de inversión entre México y España.

Estos accionistas han puesto en duda la declaración de inviabilidad del Popular por parte del Consejo de Administración. Su representante en el Consejo aportó hace un año un acta notarial en la que alega que fueron presionados bajo advertencia de incurrir en responsabilidades personales en caso de no efectuarla, y además, consideran que no fueron informados correctamente sobre las implicaciones de su declaración por el que era entonces presidente de la entidad, Emilio Saracho, y el bufete de abogados Uría y Menéndez. En definitiva, cuestionan la decisión tomada. “Quienes querían tomar el control, se vieron frustrados por la maniobra”, añaden fuentes cercanas.

Del Valle, que había propuesto a Ron comprar al Banco Sabadell en 2015, se había opuesto a la ampliación de capital del Popular en mayo de 2016 y sin embargo, propuso otra ampliación a finales de 2016, algo a lo que Ángel Ron se negó. Desde ese momento, el inversor mexicano comenzó su guerra particular contra el entonces presidente. Tras el nombramiento de Saracho, que había llegado al Popular de la mano de Reyes Calderón, una consejera amiga de Del Valle, los mexicanos tuvieron que afrontar -como el resto de accionistas- la resolución del Popular.

Final abierto

Con los procesos todavía abiertos, los ojos están puestos sobre la Audiencia Nacional cuyo posicionamiento podría dar lugar a reclamaciones. No obstante, no hay precedentes en la declaración de nulidad de una resolución, tal como solicitan los demandantes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Más de 300.000 accionistas y bonistas que vieron como su dinero se esfumó en cuestión de horas siguen esperando una respuesta por parte de los responsables de la caída del Banco Popular.

Cuatro años después, los interrogantes de la resolución del Banco Popular siguen estando sobre la mesa.