Los viajes del Imserso llevan casi cuatro décadas poblando de jubilados las zonas más turísticas de España durante la temporada baja. Pero, con la llegada de la pandemia, el Gobierno se vio obligado a paralizar el programa del que se benefician cada año unas 900.000 personas, a modo de prestación adicional de la Seguridad Social. Si en condiciones normales la licitación se realiza no más tarde del mes de abril, este año aún no han aparecido siquiera los pliegos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Desde el Gobierno defienden que en el próximo Consejo de Ministros se aprobará la autorización de gasto y que, la siguiente semana, ya podrá darse luz verde a las condiciones del concurso. Así lo aseguró al menos el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, el pasado jueves. El programa de vacaciones sociales para mayores de 65 estará operativo en octubre, "como habitualmente", señaló.

Pero en el sector no comparten el optimismo del departamento de Reyes Maroto que, por otro lado, no tiene competencias directas en la materia. El megacontrato público está en manos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, controlado por Ione Belarra desde la reciente salida de Pablo Iglesias del Gobierno.

"Tenemos mucha experiencia en esto y, como mínimo, requiere un plazo de seis meses para lograr la adjudicación y la puesta en marcha. Lo normal es que el 15 de octubre empezaran los viajes del Imserso, pero lo vemos prácticamente imposible", explica Nuria Montes, secretaria general de Hosbec (Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana). Además -incide- "tras 15 meses de sequía habrá muchos grupos interesados en poder participar en este programa y creemos que no va a ser una adjudicación sencilla".

Sombrillas y tumbonas en la Playa de Levante de Benidorm. Lars Ter Meulen / Europa Press

En este sentido, varias fuentes del sector consultadas por El Independiente coinciden en que el proceso puede verse de nuevo rodeado por una alta litigiosidad, como la que arrastra desde hace un lustro. En 2015 hubo un primer procedimiento judicial por parte de los grupos adjudicatarios que acaba de resolver la Audiencia Nacional. Y en 2019, además del recurso de Globalia y Barceló, fue la patronal hotelera Cehat quien impugnó las bases de la licitación para intentar mejorar el precio que reciben por las estancias los establecimientos que participan en el programa.

Ese es, de hecho, uno de los principales caballos de batalla que estaría presente en las negociaciones incluso dentro del propio Ejecutivo, entre la cartera controlada por Unidas Podemos y la de Industria, Comercio y Turismo, en manos del PSOE. Las patronales reconocen que Maroto escucha sus reivindicaciones para mejorar el precio que reciben por noche, pero dicen no encontrar tanta acogida por la parte morada.

"Desde la formación del nuevo Gobierno, nos hemos encontrado con una absoluta cerrazón en el Ministerio de Derechos Sociales; no han querido saber nada de nosotros", se queja Montes.

Los empresarios, por su parte, se quejan de que los importes fijados por el Estado obligan a su industria a trabajar por debajo del coste de producción. En la última edición el precio oscilaba entre los 22,50 y los 23 euros, en función de si los establecimientos son de tres o cuatro estrellas. Todo, con pensión completa y los servicios complementarios correspondientes.

"Estamos trabajando con el Ministerio de Derechos Sociales en una actualización del programa tanto en lo referido a la seguridad como a la actualización de precios", apuntó hace dos semanas la ministra Maroto durante la feria de turismo Fitur 2021.

Los hoteles denuncian que los precios fijados por el Estado por noche les obligan a trabajar por debajo del coste de producción

Pero en el lado morado del Ejecutivo no ven que el programa del Imserso deba ser empleado para ofrecer un balón de oxígeno al sector, al que afean las condiciones de determinados colectivos como las camareras de habitación, las denominadas 'Kellys'.

Aunque los viajes subvencionados se ofrecen como un servicio complementario de las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social y están concebidos como una forma de proporcionar a las personas mayores estancias para mejorar su calidad de vida y su salud, el propio organismo reconoce que el programa también "contribuye al mantenimiento del empleo y la actividad económica, paliando las consecuencias que en materia de empleo produce el fenómeno de la estacionalidad en el sector turístico del país".

Mantener el empleo en temporada baja

Y a eso último se agarran los hoteleros. "Ahora más que nunca debe ser un programa de protección y fomento del empleo en las zonas turísticas y debe servir de palanca de recuperación del turismo después de la pandemia", enfatiza Montes, también partidaria de ofrecer 1,5 millones de plazas en lugar de las 900.000 habituales.

Así que en el sector no se explican por qué se siguen dilatando los plazos para que pueda arrancar el trámite administrativo, en un momento donde el turismo internacional aún va a estar muy limitado por las restricciones de movilidad.

"Nosotros aún seguimos sin noticias y nos preocupa mucho que ese retraso pueda poner en peligro la realización del programa", se queja, por su parte, Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).

Es precisamente a través de estos establecimientos a través de los que se comercializa el producto. "De hacerlo en septiembre u octubre, ya nos podemos olvidar. Se tarda de seis a nueve meses y estamos en junio. Por muchos cantos de sirena que digan los ministros implicados, aún no hay nada efectivo", añade Martí Sarrate, presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVE). Otras fuentes consideran que aunque "con el agua al cuello", dará tiempo a comercializarlos en septiembre si se licita en estas dos próximas semanas.

Pero además de convocar el concurso público, se debe ejecutar la la adjudicación del contrato (divido en tres lotes) y dejar un plazo de un mes y medio para reclamaciones. Por eso, entre muchos de los actores implicados cunde la preocupación de que las grandes compañías y corporaciones aliadas en forma de UTE (unión temporal de empresas) se lancen a la carrera de los recursos administrativos o incluso judiciales. Todo, con el retraso que eso implicaría y que ya atrasó el inicio del programa en 2019.

Anteriormente se han presentado al concurso Mundiplan (Iberia, Alsa e IAG7 Viajes) y Mundosenior (Barceló y Halcón Viajes). Pero ahora se han anunciado nuevos aspirantes. Y frente al retraso del Ejecutivo, algunas compañías ya han puesto en marcha sus propios productos alternativos sin la subvención pública.