El precio de la luz sigue incrementándose según nos acercamos al verano. Y tal como avanzaban fuentes del sector hace meses a este periódico, lo peor está por llegar debido a diversos factores como el encarecimiento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, el crecimiento en el precio del petróleo y del gas o la falta de energía que proviene de las tecnologías renovables ante unos meses faltos de viento y de lluvia.

La nueva factura de la luz, unida al nuevo hachazo fiscal que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez para las empresas eléctricas que más se benefician de los llamados beneficios caídos del cielo han abierto un cisma entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y las propias compañías. 

El Gobierno, por un lado, entiende que puede incrementar la carga fiscal a las empresas energéticas para aliviar a los españoles de su factura. Cabe recordar, en este sentido, que Pedro Sánchez creó el fondo de las renovables con el que se pretenden recaudar casi 7.000 millones de euros para evitar dichas subidas. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico aspira a rebajar un 13% el recibo en cinco años tras sacar el coste de las primas a las energías renovables. A su vez, con la legislación que ya aprobó el Consejo de Ministros que eliminará el sistema marginalista se pretende cargar a las compañías con unos 1.000 millones de euros para rebajar la factura.

Con todo, el sector eléctrico se ha levantado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez criticando los nuevos gravámenes que lo único que conseguirá es “trasladar a los clientes las tasas impositivas y confiscatorias” que propone el Estado. De hecho, Acciona ha sido la primera empresa en dejarlo caer. En el folleto remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que salga a bolsa su filial de renovables, la empresa dirigida por los Entrecanales asegura que “el Gobierno español ha adoptado en el pasado medidas similares que introdujeron nuevos costes a los generadores y estos costes podrían potencialmente ser internalizados y trasladados a los precios de mercado en su totalidad o en parte”.

Además, las empresas eléctricas pretenden alargar en el tiempo la entrada de los gravámenes que afectarían a los beneficios caídos del cielo y, tal y como explican fuentes de varias empresas a este medio, pretenden judicializar el proceso. Además, las compañías entienden que este tipo de decisiones debe tomarlas Bruselas.

 Subida de impuestos a la generación del 87%

El sector eléctrico tampoco entiende una nueva subida de impuestos a las compañías puesto que tecnologías tan importantes como la nuclear han sufrido encarecimientos de hasta el 87% durante los últimos 15 años. En concreto, el incremento de los impuestos ha pasado a representar en 2005 de unos dos euros el megavatio a elevarse a 22€ MW/h.

Según datos a los que ha tenido este medio, los impuestos a la generación de electricidad han pasado de los 267 millones de euros en 2008 hasta los 1.200 millones que se pagaron en 2020, es decir, se han quintuplicado.

En 2020, y como consecuencia de los bajos precios de la electricidad, las centrales nucleares tuvieron un flujo de caja negativo de unos 500 millones de euros, de acuerdo con el informe de PwC para Foro Nuclear, y unas pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros. Con el anteproyecto de Ley enviado al Congreso, dicho flujo de caja negativo se habría incrementado significativamente, al haber estado el precio de los derechos de emisión de CO2 en un promedio de 25 €/tonelada.

Impuestos de las eléctricas

Las compañías que generan energía eléctrica consideran que las tasas son elevadas ya que deben pagar la financiación de la gestión de residuos, el combustible gastado y desmantelamiento, a través de una tasa que se transfiere a Enresa y que, desde primeros de enero, se ha incrementado un 20% el pasado año.

Además, deben abonar un gravamen del 7% del valor de la producción generada, que se destina a reducir los cargos no relacionados con la generación y distribución, que se financian a través de los clientes eléctricos, y que se calcula sobre la totalidad de ingresos obtenidos por las centrales. Dicho impuesto fue creado en 2012 dentro de la Ley 15/2021 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, con el objetivo de reducir el déficit estructural del sistema eléctrico, cuya deuda alcanzaba por aquel entonces los 30.000 millones de euros.

A estos hay que sumarle el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, así como sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado. “Este impuesto es adicional a la Tasa de Enresa, que cubre todos los costes para la gestión del combustible gastado”, apuntan fuentes del sector a este medio.

Las Comunidades Autónomas también tienen potestad para establecer tasas por la generación de electricidad argumentando una finalidad medioambiental como es el caso de Extremadura, Comunidad Valenciana o Castilla y León. 

Los impuestos que llegan al recibo

Muchos de estos impuestos finalmente, tras ajustar cuentas las empresas, recaen en la factura de la luz de los consumidores, que encarecen notablemente el precio final. Otros se aplican directamente al precio final. 

La electricidad y el gas soportan en España un tipo impositivo del IVA del 21%, siendo uno de los países que más porcentaje hacen pagar a los usuarios de la Unión Europea. Como en la gran mayoría de productos y servicios, el impuesto sobre el valor añadido ha ido incrementándose progresivamente pasando del 16% de 2009 al 21% actual, aumentando en cinco puntos básicos.

Además, la luz es uno de los pocos servicios universales que cuenta con un impuesto específico, el impuesto especial a la electricidad, con un tipo del 5,11%.