El pasado sábado 5 de junio, los ministros de Economía del G-7, es decir, Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia llegaron a un acuerdo para establecer un impuesto de sociedades común de al menos el 15%. El paso es importante porque, de darse, supondría la primera vez en la historia que se llega a un consenso internacional para controlar cuánto pagan en impuestos los gigantes tecnológicos, algo que hasta ahora se estaba escapando al control de los gobiernos. En esa misma línea, España aprobó en octubre la mal llamada tasa Google (en realidad es un impuesto), buscando gravar la actividad de las grandes empresas digitales para que tributen en el mercado español.

El anuncio del G-7 fue escueto (aquí el comunicado que publicaron) bajo la promesa de que se discutiría con más detalle en la reunión de julio de los ministros de Finanzas del G-20 y de gobernadores de bancos centrales, en Venecia. Y es que el alcance internacional de la medida es esencial, puesto que si solo 7 países lo aplican, su repercusión será mínima, pero si lo hacen toda la Unión Europea y la OCDE (conformada por 38 estados) podrían cambiar las reglas del juego para muchos gigantes tecnológicos que ahora no pagan los impuestos que deberían en los países donde operan, al desarrollar su negocio de forma online, como opinan multitud de gobiernos.

Por ejemplo: Amazon ingresa casi el doble que Inditex en España, pero paga 5 veces menos impuestos. La compañía de Jeff Bezos ingresó 5.400 millones en el país y pagó 261 a Hacienda, frente a los 620 de la de Amancio Ortega. En concepto de impuesto de sociedades, solo pagó 8,4 millones. Estos "desajustes" son debidos a que presencia física ha sido la base histórica de los sistemas tributarios, y no se han adaptado a la digitalización de las compañías.

Lo poco que el G-7 ha comunicado incluye también, además del tipo mínimo del 15% sobre beneficios país por país (en lugar de totales), que las empresas que tengan un margen de beneficio por encima del 10% tendrán que pagar al menos el 20% de la parte que exceda ese margen.

Según cálculos (muy preliminares) del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, si se establece un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15%, se recaudarían unos 120.500 millones de euros anuales en todo el mundo, cantidad de la que a España le corresponderían unos 700 millones. Los expertos advierten de que no son aproximaciones nada exactas, puesto que queda por determinar muchos detalles, además de que estas cifras no incluyen la segunda parte del acuerdo (la del margen de beneficio), pero no cabe duda de que las empresas, a grandes rasgos, declararían por ingresos de los que están escapando ahora, también gracias a la competitividad de algunos países.

El Ministerio de Hacienda español no cuenta con un cálculo oficial de cuánto podría recaudar con este impuesto, según ha explicado ante las preguntas de este medio. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó esta semana que para ello habrá que esperar a conocer "la letra pequeña" y a qué empresas afectaría.

Cuándo se aplicará

Todo ello, si el impuesto se consigue aplicar a nivel mundial, como cree que conseguirá el G-7, algo en lo que hay cierta disparidad entre los economistas consultados por este medio. Por ejemplo, el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Luis del Amo, cree que existirá en "por supuesto, mucho menos de 10 años", aunque no se atreve a dar una fecha concreta.

"Yo creo que ya va lanzado", estima, aunque recalca que la dificultad está en que se llegue a un acuerdo a gran nivel. "Pero si el G-20 dice que bien, la OCDE irá detrás", vaticina. Del Amo también recalca que será algo con lo que las compañías cumplirán, frente al "descontrol" actual: "No hay ninguna empresa que pueda resistirse a una norma de los países occidentales".

Ninguna empresa puede resistirse a una norma de los países occidentales"

Luis del amo, reaf

De forma parecida piensa José María Durán, director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB): "Si hablamos de 10 años será porque por el camino ha habido muchas piedras. En el G-20 yo creo que el acuerdo debería ser no inminente, pero sí en los próximos meses o seguramente años. Supongo que aprovecharán los 4 años que tiene por delante el presidente de los EEUU".

Mientras, el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, lo ve más lejos: "¿Menos de 10 años? Yo diría que lo contrario, bastante más", responde al ser preguntado por la cifra que han comentado los demás economistas, aunque lo ve posible "dependiendo de cómo se instrumente".

La clave, en EEUU

La propuesta de establecer un tipo mínimo de sociedades a nivel global viene de la Administración de Joe Biden, el presidente estadounidense que fue investido en enero. Estados Unidos quiere obtener una mayor recaudación de sus multinacionales porque opina que no tributan lo que deberían, sobre todo las grandes empresas digitales cuya actividad escapa a las actividades tradicionales, más fáciles de gravar. Y pretende conseguirlo convenciendo al resto de países del mundo para que le sigan.

Precisamente en la nota remitida por la Casa Blanca este viernes, EEUU expresa que considera una "prioridad" la tasa a las multinacionales, iniciativa que Trump evitó, pero a la que su sucesor está dando un impulso definitivo. Washington lo considera "un paso crítico para acabar con la carrera por lo bajo desde hace décadas que impulsa a las naciones para competir por quién ofrece el tipo más bajo a las grandes compañías a expensas de proteger a los trabajadores, invertir en infraestructuras y hacer crecer a la clase media". En principio, el país exigía un tipo mínimo del 21%, pero ha desistido en pro del consenso.

Es algo en lo que está de acuerdo España, que también piensa que las grandes multinacionales practican ingeniería fiscal, incluso llegando a la elusión fiscal, que es necesario reconducir para conseguir que las pequeñas empresas no paguen más proporcionalmente. La decisión de atajarlo llevó a la creación de la, de nuevo, mal llamada tasa Google que entró en vigor este año y de la que Hacienda aún dispone de ningún dato de recaudación, puesto que en julio será cuando las empresas tendrán que abonar lo correspondiente a los dos primeros trimestres del año.

En esta línea España ha apoyado el impuesto mínimo de sociedades universal en una carta que han firmado también los ministros de Alemania, Francia e Italia, en la que hablan de poner en marcha un sistema fiscal internacional "eficiente y justo" y en la que recuerdan que los impuestos sirven para financiar los servicios públicos; así como que ahora, después de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, creen que la población no seguirá aceptando que las multinacionales puedan evitar pagar impuestos trasladando sus beneficios a otros países.

El problema de la armonización

Pero un acuerdo así podría generar dificultades a economías como Irlanda, Holanda y Estonia, que reúnen grandes ingresos por sus bajos impuestos (y que, por tanto, previsiblemente se opondrán a un acuerdo así en el seno de la UE). "Para solucionar un problema, creas otros", expone Izquierdo, que advierte de que los "grandes perjudicados" serán "los países cuya competitividad es menor que los países desarrollados, porque ya no podrán competir como lo han hecho ahora".

"Estaríamos coartando el desarrollo económico de países cuando a lo mejor el modelo tributario de éxito es el suyo. Creo que estás quitando flexibilidad a países que utilizan su política tributaria como palanca de crecimiento y de estímulo a la inversión empresarial", plantea el economista y expresidente del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Irlanda cuenta con un tipo del 12,5% del impuesto de sociedades

Irlanda, por ejemplo, cuenta con un tipo del 12,5% del impuesto de sociedades. En este sentido, crear un precedente de armonización podría no ser una buena idea, plantea el presidente del IEE, que considera que el futuro no es la armonización de impuestos, sino la autonomía tributaria.

Por el contrario, el profesor de fiscalidad internacional en la Escuela de Administración de Empresas (EAE) y en la Universidad de Barcelona Guillermo Domingo, aunque coincide en que estos países "viven de esto", porque su auge económico procede de tener "un régimen fiscal muy beneficioso" que resulta muy atractivo para las multinacionales, sí estima que será bueno para el conjunto de países.

Domingo recuerda que la normativa BEPS de la OCDE viene desde 2012 tratando de mejorar los estándares impositivos internacionales, y se está ejecutando ahora, por lo que no ve descabellado que en unos 5 o 7 años pueda aplicarse el acuerdo del G-7 del impuesto de sociedades "si realmente hay voluntad política".