La reforma laboral será negociada con los agentes sociales o no será. Con la reforma de las pensiones sucederá lo mismo: la Comisión Europea ha puesto como condición que España negocie estas dos grandes transformaciones con los sindicatos y las patronales para garantizar la entrega de los fondos europeos.

Así se aprecia en los documentos que Bruselas ha hecho públicos este miércoles, tras anunciar que da el visto bueno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español y que España recibirá la primera parte de estos fondos, 9.000 millones, en julio.

"El sistema de pensiones será reformado siguiendo un proceso de diálogo social, con el objetivo añadido de apoyar unas cuentas públicas sostenibles a medio y largo plazo", establece el Ejecutivo europeo. Lo mismo sucederá con la reforma laboral: "El diseño final de las varias reformas del mercado laboral estará sujeto al resultado de un proceso de diálogo social".

Fuentes de la Comisión Europea han concretado a este medio que esta exigencia tiene como fin garantizar que ambas reformas sobrevivirán a un posible cambio de Gobierno.

Es decir, que si el Partido Popular llega al poder y, como ha prometido, deroga la reforma laboral de Yolanda Díaz, deberá hacerlo con la oposición de los sindicatos y las organizaciones empresariales, con quienes estos cambios ya se han consensuado, lo que dificultará un cambio de rumbo.

Por otro lado, las mismas fuentes han especificado que si, aun así, un nuevo partido político en el Gobierno decidiese dar marcha atrás a medidas prometidas a Bruselas en el Plan, deberá sentarse con la Comisión a negociar qué otras reformas llevaría a cabo. De lo contrario, podría no recibir parte de los fondos. En total, a España le corresponden 140.000 millones del fondo de recuperación de 800.000 millones con el que la UE quiere sacar a las economías europeas de la crisis provocada por la pandemia y al mismo tiempo acelerar las transiciones verde y digital.

Ahora mismo, España solo ha solicitado los 69.500 millones que llegarán en forma de subvenciones y ha dejado para más adelante la parte de préstamos a devolver. Este año recibirá 19.000 millones en dos partes.

Detalles abiertos "deliberadamente"

"El plan incluye reformas del mercado laboral y el sistema de pensiones cuyo diseño final se ha dejado abierto, ya que está sujeto al resultado de un proceso de diálogo social", dictan los mismos documentos. "Así, algunos detalles se han dejado abiertos deliberadamente buscando dejar el suficiente espacio para el acuerdo y el respaldo de los agentes sociales".

La Comisión igualmente especifica que el plan incluye un mecanismo de estabilidad que busca hacer frente al uso de contratos temporales y que se espera que se promueva la formación y la movilidad voluntaria de los trabajadores. De la misma manera, que se busca una modernización del sistema de negociación colectiva y una reforma del sistema de pensiones que tiene como objetivo preservar su sostenibilidad a largo plazo, pero no especifica otros detalles.

Actualmente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá está negociando una reforma de las pensiones con sindicatos y patronales, de la que tiene previsto aprobar la primera parte en los próximos días, y la segunda en lo que queda de 2021. Por su lado, el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz también está reuniéndose con los agentes sociales para concretar cómo se definirá la nueva reforma laboral, aunque este proceso va más retrasado y el objetivo es aprobarla antes de final de año.

Sin embargo, mientras que el acuerdo de la primera parte de la reforma de las pensiones está prácticamente cerrado, a falta de algunos flecos, la laboral está encontrando mayor oposición por parte de la CEOE, que cree que la limitación de los contratos temporales lastraría el empleo y dificultaría su labora a las empresas.

Trabajo busca limitar los tipos de contratos a tres y que los temporales tengan una duración máxima de 6 meses, prorrogables a un año, y solo en caso muy concretos. En caso de que no se trata de incrementos imprevisibles de la actividad, las empresas deberán usar el contrato fijo-discontinuo, un tipo de contrato indefinido.