Las relaciones entre el sector eléctrico y el Gobierno no atraviesan sus mejores momentos. Tal y como contó este medio recientemente, los principales presidentes de las energéticas entienden que Pedro Sánchez ha liderado una encrucijada innecesaria para culpabilizar a las empresas españolas del alto precio de la electricidad, que está provocando que la factura se infle considerablemente.

La ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera ha lanzado varias pullas en las últimas semanas en ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, al igual que María Jesús Montero, portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda. Ambas defendieron que era ilógico que las energéticas obtengan tantos beneficios mientras los usuarios pagan más y que “los dividendos no podían ser pagados” por los usuarios. 

El último hachazo fiscal por los beneficios caídos del cielo, por el que el Estado prevé recaudar más de 1.000 millones de euros, fue la gota que colmó el vaso y las grandes empresas han mostrado su rechazo a la campaña contra el sector por parte del Gobierno. 

El último en hacerlo fue Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, durante la junta de accionistas. El empresario aseguró que "el principal beneficiario" de "los altos precios de la electricidad" es "la Hacienda pública". En esta línea, reiteró que el recaudador público "recibe no solo unos cuantiosos impuestos" proporcionales al precio de la energía.

Otras fuentes del sector refuerzan esta teoría ya que el Estado, de acuerdo a las estimaciones que se manejan dentro del mundo energético, va a ingresar 9.000 millones en concepto de gravámenes, unos 2.700 más que el año pasado. “El IVA, el mayor impuesto a la producción y el mayor importe de las subastas de derechos al dióxido de carbono hace que siga aumentando la recaudación”, aseguran.

Cambios en la tarifa

Por otra parte, insisten en que el precio de la factura de la luz podría rebajarse un 30% para aquellos clientes PVPC de tener un sistema similar al del resto de los países de Europa, que facturan por trimestres o anualidades. “El cliente de la factura regulada estaría pagando el precio fijado hace un año y no el precio actual influido por el CO2 y el precio del gas en los mercados internacionales”, aseguran las fuentes consultadas.

En este sentido, recuerdan que España es el único país en el que los precios para los hogares regulados  están sujetos al comportamiento de las subidas y bajadas del precio de la luz del mercado horario. “Los países de nuestro entorno (Francia, Italia, Portugal o UK) tienen precios fijos de mercado para periodos de entre 3 meses y 1 año utilizando una cesta de mercados de futuros (forwards)”, matizan.

Desde el sector eléctrico también abogan por rebajar la factura a través de los ingresos caídos del cielo por los mayores precios del dióxido, “al igual que se propone hacer con los ingresos de las centrales libres de emisiones”. 

Las críticas hacia el Gobierno por la fiscalidad también se extienden en las pequeñas comercializadoras de luz. Fuentes de este tipo de empresas aseguran que el 90% de la electricidad que venden es de energía consumida a precio fijo en mercado libre, pero con una carga fiscal superior por lo que sus ganancias, cada trimestre, se ven menguadas.

“Más de 1.000 empresas productoras y comercializadoras de electricidad, que venden a precio fijo al cliente del mercado libre tienen mayores gastos por la mayor carga impositiva derivada de los actuales precios del Pool diario sobre los que se fija el impuesto del 7% y otras cargas y tasas”, arguyen las fuentes consultadas. 

Mientras, Podemos, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, mete prisa para que se aprueben las nuevas medidas para abaratar la factura de la luz. “Entendemos que la propuesta de recortar los beneficios caídos del cielo a las eléctricas no debe ir como proyecto de ley, sino como decreto»,dijo esta misma semana el portavoz de Transición Ecológica del grupo confederal, Juantxo López de Uralde, señalando que así la medida podría entrar en vigor de inmediato.