El Gobierno reducirá la pensión un 21% a los que adelanten su jubilación dos años

· Los nacidos entre 1950 y 1970 verán recortada su pensión

El Gobierno planea reducir la pensión un 21% a quienes decidan adelantar su jubilación dos años y cuenten con menos de 38 años y 6 meses cotizados, según figura en un borrador de la nueva ley de pensiones compartido entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los sindicatos y la patronal al que ha tenido acceso este medio. Actualmente, la penalización si esos trabajadores se jubilan con dos años de antelación es del 16%, por lo que sube 5 puntos porcentuales.

Es decir, que su pensión sería objeto de reducción mediante la aplicación del mencionado coeficiente, o menos, dependiendo cuánto antes de la edad legal de jubilación decida el trabajador salir del mercado laboral. El resto de porcentajes de reducción, dependiendo de cuántos años haya cotizado el empleado y de cuántos meses decida adelantar su jubilación, pueden consultarse en la tabla incluida en este artículo.

En el caso de los trabajadores que deseen retirarse con dos años de antelación y cuenten con menos de 41 años y 6 meses cotizados, pero más de 38 años y 6 meses, la penalización será del 19%, frente al 15% actual. Quienes tengan cotizados menos de 44 años y 6 meses pero más de 41 años y 6 meses, y, de nuevo, busquen jubilarse dos años antes, la reducción de la pensión será del 17%, frente al 14% actual; mientras que los que tengan cotizados 44 años y 6 meses o más se les rebajará un 13%, tal y como se recoge en la ley actualmente.

Es preciso apuntar que esas cifras podrían cambiar de aquí hasta que se rubrique el acuerdo final y se publique la ley. La primera parte de la reforma de la ley de pensiones (Real Decreto 8/2015) verá la luz, previsiblemente, la semana que viene, cuando se espera que los agentes sociales y el departamento que dirige José Luis Escrivá alcancen un acuerdo en el que llevan trabajando meses (y que había encallado por el factor de sostenibilidad). La próxima reunión formal entre las partes está prevista para el próximo lunes, 28 de junio.

Otros aspectos que incluirá la reforma de las pensiones que se está cocinando (además de mayores penalizaciones si algunos trabajadores adelantan su jubilación dos años antes de llegar a la edad legal o uno, dos o tres meses antes), son su revalorización con el IPC, para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo con la subida de los precios, y "premiar" a quienes alarguen su vida laboral, entre otros aspectos más técnicos que buscan que la hucha de la Seguridad Social deje de asumir tantos gastos.

El segundo bloque, según ha planeado el ministro, se negociará y aprobará durante la segunda mitad de este año, y, entre otros, concretará los nuevos tramos de cotización para los autónomos. Ambas partes conformarán una ley que entrará en vigor el 1 de enero de 2022.

Cuánto sube la penalización con la nueva reforma

En la siguiente tabla puede consultarse el porcentaje de reducción de la pensión por periodos cotizados y meses que se adelanta la jubilación, como figura en un borrador de la nueva ley al que ha accedido El Independiente. El desincentivo es más alto para todos aquellos a los que les queden uno, dos o tres meses para llegar a la edad legal de jubilación y también para los que pretendan retirarse dos años antes (24 meses) o dos años menos un mes antes (23 meses) de llegar a esa edad.

Sin embargo, con la nueva ley jubilarse anticipadamente saldrá más "barato" que en la actualidad, puesto que los coeficientes para los que decidan retirarse entre 22 y 7 meses antes de llegar a su edad de jubilación son más bajos que los que recoge la ley ahora vigente (independientemente de los años cotizados). Ahora, la penalización es la siguiente: de un 2% por trimestre para los que tengan menos de 38 años y 6 meses cotizados; de un 1,875% por trimestre para los que tengan menos de 41 años y 6 meses; de un 1,75% por trimestre para los que tengan menos de 44 años y 6 meses, y de un 1,625% por trimestre para los que tengan 44 años y 6 meses o más.

El Gobierno está negociando con los agentes sociales la reforma de las pensiones y también la laboral buscando que los cambios perduren en el tiempo, inclusive si llega un nuevo partido al poder, pero también porque así lo exige la Comisión Europea para que el país reciba los fondos europeos que concederá para la reconstrucción del continente tras la crisis del Covid (hasta 140.000 millones, de los cuales casi 70.000 llegarán en forma de subvenciones, es decir, que no habrá que devolverlos).

España recibirá la primera parte de estos fondos, 9.000 millones, en julio, y después deberá garantizar que cumple con una serie de hitos y objetivos para conseguir "desbloquear" el resto del dinero por fases. Entre estos hitos y objetivos se incluye la reforma de las pensiones y la laboral, parte que, como la Comisión especificó en documentos que hizo públicos la semana pasada, se ha "dejado abierta deliberadamente buscando dejar el suficiente espacio para el acuerdo y el respaldo de los agentes sociales".

Reforma laboral

Sin embargo, mientras que el acuerdo de la primera parte de la reforma de las pensiones está prácticamente cerrado, a falta de algunos flecos, la laboral está encontrando mayor oposición por parte de la CEOE, que cree que la limitación de los contratos temporales lastraría el empleo y dificultaría su labora a las empresas.

"No podemos aceptar no modernizar el mercado laboral, sino constreñirlo. Hay mucha ideología en los papeles que nos llegan. No compartimos en absoluto el proyecto que se nos ha presentado", ha sido rotundo este mismo miércoles el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en la asamblea general de la patronal. "Por supuesto nos vamos a sentar en la mesa, pero tal como se plantean, no lo vemos", ha añadido.

Trabajo busca limitar los tipos de contratos a tres y que los temporales tengan una duración máxima de 6 meses, prorrogables a un año, y solo en caso muy concretos, buscando así acabar con este mal endémico del mercado de trabajo español. En caso de que no se trate de incrementos imprevisibles de la actividad, las empresas deberán usar el contrato fijo-discontinuo, un tipo de contrato indefinido.