El acuerdo entre el Gobierno, patronales y sindicatos sobre la reforma de las pensiones, ahora sí, parece inminente y podría concretarse la próxima semana. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, apuntó este lunes en un evento en Santander que la mesa negociadora volverá a reunirse el próximo lunes, día 28 de junio (tras no hacerlo desde el 6 de mayo). Aunque es un extremo que no confirman ni el Ministerio de Seguridad Social ni los sindicatos, todos remarcan que el pacto está ya muy cerca.

En este marco, el ministro responsable de la reforma, José Luis Escrivá, está buscando restringir las jubilaciones forzosas hasta que no se cumplan los 68 años, lo que supondría, en la práctica, eliminar esta opción que tienen las empresas para terminar contratos de los trabajadores mayores. Es una medida más que pretende alargar la vida laboral media de los empleados, y que junto a la desincentivación de las jubilaciones anticipadas y los "premios" a los que se retiren más tarde, conseguirá acercar la edad efectiva de jubilación (a la que se retiran actualmente los españoles) a la ordinaria (a la que es legal jubilarse).

En uno de los borradores compartidos con los agentes sociales el Ministerio proponía la prohibición expresa de las cláusulas de los convenios colectivos que permiten la jubilación forzosa del trabajador que sea menor de 68 años. Así, se eliminarían estas cláusulas, salvo las que ya estén incluidas en convenios, que solo podrían mantenerse mientras estos estén vigentes, hasta su fin.

La jubilación forzosa es una figura que permite a la empresa prescindir de trabajadores cuando llegan a una edad concreta, normalmente, la edad de jubilación ordinaria (la legal), siempre y cuando esa posibilidad se haya incluido previamente en el convenio colectivo, como se recoge en el Real Decreto-ley 28/2018.

Pero según la negociación posterior y a raíz de la oposición de los empresarios a eliminar estas cláusulas, el Ministerio ha optado por vincular más directamente la jubilación forzosa y la estabilidad en el empleo en lugar de prohibirla. De esta manera, las compañías estarán obligadas a contratar como fijo y a tiempo completo a un trabajador por cada persona que jubilen forzosamente. Otra de las opciones que barajan los agentes sociales supone que esa contratación debería ser de una mujer.

En cualquier caso, una u otra medida afectaría a un millón de personas, calcula el Ministerio, que son las que hoy por hoy cuentan con cláusulas de este tipo en sus convenios colectivos. Estos trabajadores actualmente no pueden prolongar su vida laboral aunque así lo deseen, por lo que no pueden beneficiarse de los incentivos de la jubilación demorada o activa (que el Gobierno pretende ampliar con esta reforma).

El departamento de Escrivá también mantiene que España es una excepción en Europa al aplicar la jubilación obligatoria por parte de los empleadores a partir de la edad de jubilación, en lugar de forzar a que sea más tarde, por lo que la OCDE recomienda que el Gobierno desincentive o restrinja esta opción. Todo, de cara a un mismo objetivo: reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

En uno de los textos compartidos entre los agentes sociales, el Ministerio también valoraba la creación de un periodo transitorio de un año desde la finalización de los convenios colectivos con estas cláusulas, y en otro, más reciente, se habla de tres años, aspecto que se continúa negociando, según han señalado distintas partes a este periódico.

El marco actual

Actualmente la ley, aprobada en diciembre de 2018, recoge que los convenios colectivos pueden incluir la jubilación forzosa de un trabajador cuando llegue a la edad legal y siempre que tenga derecho al 100% de la pensión. Además, es necesario vincular esa extinción del contrato a políticas de empleo, como por ejemplo la transformación de contratos temporales en indefinidos o la contratación de nuevos trabajadores.

Por ejemplo, el convenio colectivo actual de Telefónica incluye una cláusula de jubilación forzosa. Según la misma, la empresa está obligada a contratar a dos personas por cada jubilado forzoso, y la mitad de estas contrataciones (como mínimo) tendrá que ser de jóvenes de menores de 35 años. El convenio de Telefónica está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que con la reforma de Escrivá, que entrará en vigor en enero, la empresa podría verse obligada a no renovar el convenio con esta cláusula o a mantenerla pero con requisitos más estrictos de contratación.

La reforma laboral del PP eliminó en 2021 estas cláusulas de jubilación forzosa, pero en 2018 el PSOE volvió a incluirlas. Los datos del Ministerio de Trabajo apuntan a que en 2019 se firmaron 130 convenios con esta condición, el 11,5% del total de los que se suscribieron ese año. Afectaban a 716.000 personas. En 2020 se firmaron 75 más de este tipo, repercutiendo en 406.000 trabajadores.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no cuenta con datos sobre cuántos trabajadores se han retirado cada año, ni a lo largo del último o los últimos años, a consecuencia de una cláusula de jubilación forzosa, como han apuntado desde dicho departamento a este medio.