Iberdrola atraviesa momentos complicados. Durante las últimas semanas ha recibido duros golpes del Gobierno y de la Justicia. En primer lugar, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto palos en las ruedas de la energética al poner en marcha diversas leyes que repercutirán negativamente en su cuenta de resultados.

Pero esta semana, los cimientos del despacho del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se han sacudido tras su imputación y la de otros tres directivos de la compañía, ya que entiende que estuvieron al tanto de la contratación de la empresa del comisario Villarejo en activo para hacer informes de inteligencia.

En concreto, el juez de la Audiencia Nacional pidió este miércoles la comparecencia de los directivos de Iberdrola, por los presuntos delitos de cohecho activo, falsedad en documento mercantil y delito contra la intimidad por los contratos entre la compañía energética y la empresa Cenyt del comisario José Manuel Villarejo.

Dicha imputación, además de las consecuencias personales, podría suponer la obligación de dimitir de sus funciones para el presidente de la energética, si finalmente el juez le condena por los delitos anteriormente citados. Y es que, el código ético de Iberdrola cita literalmente que los empleados deberán “evitar cualquier actuación o decisión que pueda vulnerar la ley o el sistema de gobernanza y sostenibilidad en sus actividades empresariales, profesionales o particulares”.

Además, de evitar dichas conductas, el código ético de Iberdrola también refleja que el equipo directivo debe tener la obligación de que sus empleados “cumplan y entiendan las obligaciones legales”. Cabe recordar en este sentido que Sánchez Galán conocía perfectamente las conversaciones entre el ex jefe de seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo y el propio Villarejo en las que se trataba, presuntamente, la recabación de información de otros empresarios como Florentino Pérez.

Los accionistas, pendientes

A su vez, los principales accionistas de la compañía aguardan movimientos y acontecimientos antes de tomar decisiones que puedan afectar a su participación en Iberdrola. 

De acuerdo a la información de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el fondo soberano de Qatar es el primer accionista de la eléctrica, con el 8,62% del capital y una participación valorada en más de 9.000 millones. Le sigue el fondo estadounidense Blackrock con el 5,10% del capital, y la noruega Norges Bank Investment Management es la tercera, con el 3,56%.

Dentro de los principales accionistas se sitúan The Vanguard Group, con el 3,17%, y Capital Research and Management Company, con el 2,17%. El primer accionista español que aparece en Iberdrola es el banco Kutxabank.

Precisamente, el propio banco es taxativo también en su código de conducta de proveedores e inversiones. Kutxabank sostiene que debe prevalecer la “tolerancia cero” hacia la corrupción en los negocios y se debe primar “sobre la eventual obtención de cualquier tipo de beneficio económico para las entidades o para sus profesionales”. Este periódico se ha puesto en contacto con la entidad y, de momento, prefieren ser cautos y no hacer ningún tipo de declaración.

Algo similar ocurre con el fondo norteamericano con BlackRock. Dentro de sus estatutos del buen comportamiento, la empresa estadounidense especifica que todas sus inversiones deberán ser responsables socialmente, lo que implica que se encuentren dentro “del marco legal” y no supongan conflictos con sus propios accionistas y clientes.

Por otra parte, tal y como avanzó El Confidencial, Glass Lewis, uno de los proxys más importantes del mundo, lanzó una advertencia a sus accionistas clientes asegurando “estar preocupados con el daño reputacional que las investigaciones han causado a la empresa”. 

“Teniendo en cuenta que las investigaciones siguen abiertas y las medidas sustanciales que tanto el consejo como las unidades de cumplimiento interno han tomado como respuesta, no creemos que esté en el interés de los accionistas escalar estas preocupaciones por ahora. No obstante, podríamos reevaluar nuestra posición en el caso de que hubiese nuevos desarrollos”, recoge dicho medio.

Fuentes financieras explican a este periódico que, a diferencia de otras ocasiones en las que Iberdrola estaba siendo investigada policialmente, en esta ocasión sí podría verse afectada empresarialmente por “el daño reputacional”. “Los inversores no quieren estar dentro de compañías que estén ligadas a corrupción y es probable que durante las siguientes jornadas bursátiles los títulos sigan descendiendo”, aseguran.

Tanto es así, que Iberdrola se dejó este miércoles a cierre de sesión un 3,26% siendo el segundo peor valor del Ibex 35. El año no está siendo un camino de rosas para la energética y en lo que va de 2021 se deja algo más de un 15%.

En el último mes los títulos de la empresa han perdido un 8% debido, principalmente, al cerco del Ejecutivo al sector eléctrico ya que ha aprobado una ley contra los beneficios caídos del cielo, que limitarán sus ingresos en los próximos trimestres.