Iberdrola se hunde en bolsa. Desde finales de mayo hasta el cierre de sesión de este lunes, la compañía energética no levanta cabeza sobre el parqué del Ibex 35. Las decisiones tomadas por el Ejecutivo, con mayores cargas fiscales para el sector, y los nuevos acontecimientos judiciales que atañen a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, en el Caso Villarejo ha provocado que la capitalización de la cotizada haya menguado en 6.500 millones de euros. 

La capitalización actual de Iberdrola ronda los 66.000 millones de euros frente a los 72.150 millones de euros que tenía la compañía el pasado 21 de mayo, momento en el que se conoció que el Ejecutivo planeaba un anteproyecto de ley para eliminar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas.

Dicha ley obligará a las compañías generadoras a repercutir en su coste de producción los derechos de emisión del dióxido de carbono para la creación de energía hidráulica o nuclear, por lo que el precio será descontado finalmente en el mercado mayorista.

JP Morgan ya dijo recientemente que será la compañía que más sufra por ser la empresa que más energía hidráulica genera. En concreto, prevén que haya un recorte de beneficios de unos 276 millones de euros.

Las dos primeras semanas para Iberdrola tras conocerse los planes del Ministerio de Transición Ecológica fueron complicadas en el parqué y las acciones de la cotizada se desinflaron un 8%, provocando una fuga de inversores en todo el sector ante las dudas que generan los planes de Pedro Sánchez en el sector eléctrico.

El pasado 9 de junio, Sánchez Galán habló en público para pedir mesura al Gobierno y rechazó cargas inesperadas" que quiere aplicar el Ejecutivo sobre instalaciones nucleares, hidráulicas y eólicas previas a 2005 basándose en el argumento "falso" de que reciben beneficios caídos del cielo y de ya están amortizadas. "En situaciones coyunturales no se pueden tomar decisiones estructurales", aseveró.

El Caso Villarejo provoca nuevas caídas

El hachazo fiscal que prepara el Ejecutivo a las empresas del sector eléctrico no ha sido el único detonante que ha propiciado el revés bursátil de la compañía. En concreto, el juez de la Audiencia Nacional pidió el pasado miércoles la comparecencia de los directivos de Iberdrola, por los presuntos delitos de cohecho activo, falsedad en documento mercantil y delito contra la intimidad por los contratos entre la compañía energética y la empresa Cenyt del comisario José Manuel Villarejo.

Durante la sesión del 23 de junio, hace apenas una semana, la energética sufrió la mayor caída desde la crisis del coronavirus. En concreto, los títulos perdieron un 3,56% de su valor y se situaron en los 10,42 euros. Al cierre de la jornada del lunes, el título tiene un valor de 10,28 euros.

La noticia ha hecho que los inversores hayan huido de una empresa, que ahora queda muy tocada. Desde ese día hasta este lunes la empresa se deja más de 3.000 millones de euros, con un retroceso del 4,5%.

Uno de los proxy más importantes del mundo, Glass Lewis, ya lanzó una advertencia a sus accionistas clientes asegurando “estar preocupados con el daño reputacional que las investigaciones han causado a la empresa”. “Teniendo en cuenta que las investigaciones siguen abiertas y las medidas sustanciales que tanto el consejo como las unidades de cumplimiento interno han tomado como respuesta, no creemos que esté en el interés de los accionistas escalar estas preocupaciones por ahora”, afirmaba la consultora.

No obstante, y a pesar de la controversia generada por la imputación de Sánchez Galán, el tercer máximo accionista de Iberdrola ha aumentado su posición hasta el 3%. Norges Bank, el fondo soberano noruego, ha alcanzado una participación del 3,025% en el capital de la energética, tras aumentar su apuesta por la compañía desde el 2,998% que poseía en su anterior notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).