El Gobierno se ha comprometido a reducir la temporalidad del sector público por debajo del 8% de aquí a 2025. El exceso de contratos temporales frente a los indefinidos es un problema endémico del mercado laboral español, fuente de precariedad. Por eso, Bruselas ha pedido a España que tome medidas no solo en el sector privado -donde el 23% del total de contratos son temporales- y a través de la reforma laboral que se está negociando, sino también en el público -donde representan el 30%-, así que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha decidido atajar ya el problema.

Pero la meta que se ha impuesto es ambiciosa. Los datos que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los contratos en la Administración pública apuntan a que, desde que existen registros, los contratos temporales nunca han representado menos del 19% del total en lo público. Fue en 2013, en el primer trimestre. Desde entonces, los contratos temporales han crecido en relación a los indefinidos hasta llegar a un máximo del 30,4% del total en el primer trimestre de 2021.

En números absolutos, España cuenta con 2.710.405 empleados públicos, repartidos entre la administración general del Estado, las comunidades autónomas, la administración local y las universidades. De ese total, 1.033.700 de esos funcionarios son temporales (703.000 mujeres y 329.000 hombres).

Mirando la misma tabla a la inversa, en 2013 los contratos indefinidos en lo público alcanzaron su máximo, suponiendo el 81% del total, frente a este primer trimestre de 2021, cuando se han desplomado hasta su mínimo histórico, 69,6%. En números absolutos, los contratos indefinidos en la Administración hoy son más de 2,3 millones, frente a un millón de temporales.

Los contratos temporales para cubrir ausencias son los más frecuentes (11% del total en la actualidad), seguidos de los temporales de obra o servicio (7%), de los temporales de "otro tipo" (4,4%) y de los eventuales por circunstancias de la producción (4,2%). Los siguientes más frecuentes son los de aprendizaje, formación o práctica (1,7%).

En cuanto a la duración del contrato, la mayor parte de los contratos duran entre uno y dos años (140.000 personas cuentan con esta modalidad en la actualidad), seguidos de los que duran entre 4 y 6 meses (113.000), entre 7 y 11 meses (88.000) y 3 años o más (82.000). En el mismo periodo, 1.700 personas tuvieron contratos de un día en el sector público.

Son tendencias que prácticamente se han mantenido desde 2004 y que ahora el departamento dirigido por Miquel Iceta busca revertir en un tiempo récord, tres años y medio. La medida fue aprobada este martes en el Consejo de Ministros y el Real Decreto fue publicado el miércoles, e insiste en que la fecha límite es "improrrogable".

La dificultad a la hora de abordarlo radica, sobre todo, en la alta temporalidad de algunas ramas del Estado. Según los últimos datos publicados en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (BEPSAP), aproximadamente el 8% de los trabajadores de la Administración General del Estado son temporales, pero también lo son el 40% del personal de las comunidades autónomas, el 40% del de las universidades y el 20% de los organismos locales. Esas cifras evidencian hasta qué punto algunas estructuras deberán convertir en fijos a una parte muy importante del personal en solo tres años y medio.

Por ámbitos, la sanidad y la educación son los que cuentan con más personal temporal. La educación causa miles de bajas al final de cada curso y de altas al principio de los nuevos, en septiembre, y en la sanidad abundan los contratos cortos, muy rotatorios, y no solo a consecuencia de la crisis sanitaria, que también ha disparado este tipo de contratación.

Con el nuevo Real Decreto-ley para reducir la temporalidad no solo afectará a los que se incorporen en los próximos años a la Administración, sino, más fundamentalmente, busca compensar a los interinos (tras varias sentencias judiciales al respecto) a través de unas oposiciones en las que se valorará especialmente la experiencia, por primera vez, con un 40% del peso total. A quienes no las aprueben, se les compensará económicamente con 20 días por año trabajado hasta 12 mensualidades como máximo, siempre que se hayan presentado al examen.

Según el Ministerio, el proceso afectará a más de 300.000 plazas estructurales (es decir, actualmente ocupadas por interinos cuando no se trata de contratos estrictamente temporales), pero los cálculos de este periódico apuntan a que para verdaderamente cumplir con lo prometido a Europa, es decir, reducir la temporalidad de todo el sector público por debajo del 8%, como mínimo deberían contratarse a 560.000. A este respecto, los sindicatos avisan de que revisarán las cuentas del departamento de Iceta a la búsqueda de plazas que puedan no estar teniéndose en cuenta, y que reclamarán el cambio a fijas de todas las que sea preciso.