Tras varios meses de espera, el Gobierno ha puesto negro sobre blanco las cifras del primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) que financiará con cargo a los fondos europeos Next Generation. El plan que aprobará este martes Consejo de Ministros supondrá una inversión pública de 4.295 millones de euros, con un posible efecto multiplicador de 19.000 millones hasta 2023, según los cálculos del Ejecutivo.

La iniciativa, que tenía en vilo a todo el sector de la automoción, persigue que España se convierta en un escenario de primer orden en la transición hacia el vehículo eléctrico y conectado. Según ha defendido este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el proyecto estratégico buscará "desarrollar todo un ecosistema de fabricación del vehículo eléctrico en nuestro país".

Entre las inversiones públicas y privadas se sumarán unos 24.000 millones de euros en los próximos años, ha defendido Sánchez en un acto en el Palacio de La Moncloa junto a las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Industria, Reyes Maroto, así como representantes de diferentes patronales de la automoción y tecnológicas.

Asimismo, ha subrayado que la aportación podría hacer pasar la aportación de la automoción al Producto Interior Bruto (PIB) desde el 11,5% actual hasta el 15% en el año 2030. Asimismo, del montante total que dedicará el Gobierno, habrá 1.000 destinados al estímulo de la demanda y otros 1.000 irán encaminados al despliegue de puntos de recarga.

"Hay que acelerar el paso para no perder la competitividad internacional. El Gobierno impulsa el vehículo eléctrico y el coche conectado para convertir a España en un 'hub', contribuir a reforzar la colaboración público-privada y apoyar al segundo sector industrial español", había expuesto hace unos días Maroto.

Dentro de ese nuevo ecosistema para fabricar coches eléctricos y conectados en España, también se contempla la fabricación de baterías. Asimismo, se pondrán en marcha medidas para reforzar la cualificación profesional de los trabajadores del sector de la automoción y garantizar su adaptación a los nuevos perfiles.

En materia de empleo, Sánchez ha recordado que por cada nuevo puesto de trabajo que se cree en las factorías de vehículos, se crearán cuatro en fabricas de componentes y entre siete y ocho en el sector de los servicios. Además, ha defendido que el Perte permitirá acercar a España a los compromisos adquiridos para alcanzar en 2050 el propósito de la neutralidad climática.

Entre los aspirantes a participar en este primer proyecto estratégico puesto en marcha por el Gobierno está el proyecto liderado por la marca SEAT (del grupo Volkswagen), en el que participan otras compañías como Iberdrola o Telefónica. Entre otras cosas, contempla la puesta en marcha de una factoría de baterías en la localidad barcelonesa de Martorell.

Asimismo, otros actores de la cadena de valor del automóvil también han mostrado su interés por las posibilidades que ofrece el proyecto estratégico en un momento especialmente delicado para el sector. El frenazo en las ventas producido por la pandemia no termina de remontar, con el consecuente daño que se traslada a los productores de componentes o a los vendedores. Tampoco ayuda la actual crisis de los microchips, que está obligando a realizar paros en las fábricas por falta de este componente clave.

En cualquier caso, el presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, ha advertido de que "sería una oportunidad perdida si el PERTE se estancara a causa de una falta de liderazgo clara". "El PERTE es necesario, pero no suficiente. Debemos seguir manteniendo la competitividad de nuestras fábricas, por ello que seguir trabajando en mejoras laborales", ha rematado.

María Helena Antolín, de la patronal de componentes Sernauto, ha reclamado poner en marcha una gestión eficiente de los recursos para que lleguen en el "menor tiempo posible" a toda la cadena de valor del automóvil.