El Caso Villarejo ha vuelto a sacudir al mundo empresarial. La semana pasada el juez decidió imputar a CaixaBank y Repsol por contratar los servicios del ex comisario de la Policía Nacional.

En concreto, Manuel García-Castellón citará a las dos empresas por la presunta contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para llevar a cabo una investigación sobre el presidente de Sacyr Luis del Rivero y su entorno. El instructor del caso Tándem atribuye a las empresas indiciariamente los delitos de cohecho y revelación de secretos.

Más allá de la repercusión judicial que pueda tener para las empresas y para los directivos a los que se investiga, el daño reputacional ocasionado por las imputaciones podría desgastar a las empresas en bolsa. 

De hecho, Iberdrola ya ha sentido la huida de los inversores y el día que se conoció que su presidente Sánchez-Galán también estaba imputado en una de las tramas de Villarejo llegó a ceder más de un 3% en bolsa. En concreto, durante las siguientes jornadas, la eléctrica perdió algo más de 3.000 millones de euros de la capitalización.

Con todo, los accionistas minoritarios del Ibex 35 han movido ficha y piden prudencia ante las imputaciones de dos de las compañías más representativas del selectivo español. Aemec (Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas) asegura que “velará por los intereses de los accionistas representados” por las causas judiciales abiertas por el Caso Villarejo.

Así, dicha agrupación sale en defensa de Repsol y CaixaBank ya que entienden que ambas cotizadas tienen una “alta calidad de las normas y procedimientos de gobierno corporativo”. No obstante, la Aemec incide y anima a la Justicia a esclarecer la imputación de las empresas “con la mayor celeridad” al objeto de “esclarecer y depurar las responsabilidades que pudieran existir”.

“Es de vital importancia en situaciones como la aquí presente, en las que existen legítimos intereses de terceros afectados como los accionistas, que se extreme la diligencia judicial y se alcance con prontitud una resolución en relación a los hechos investigados”, explica la asociación.

Los minoritarios de las empresas cotizadas piden que se preserve la presunción de inocencia para aquellas empresas y directivos que han sido imputados en el Caso Villarejo, “por lo que debe estar especialmente atento a cualquier intento espurio de terceros para aprovechar la situación como una oportunidad de obtención de ventajas competitivas”, o sin más, de causación de un daño reputacional a la compañía, con las oportunas consecuencias negativas para sus accionistas.

Defensa de Repsol

Por todas estas razones, los minoritarios de empresas cotizadas expresan “la confianza” en los procedimientos y políticas corporativas de Repsol, Iberdrola o CaixaBank, esperando que en el plazo “más breve posible concluyan las distintas piezas abiertas, se dicten las oportunas resoluciones judiciales que pongan fin a los procedimientos, y podamos volver a un funcionamiento ordinario de nuestros mercados de capitales, para bien de sus accionistas y de la sociedad en su conjunto”.

Cabe destacar que Repsol remitió, una vez que se conoció la imputación, un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) indicando que en defensa de su reputación corporativa, del interés social entendido como el que afecta a la propia compañía, a sus accionistas, a sus empleados y colaboradores, clientes y proveedores, la empresa “adoptará cuantas actuaciones sean necesarias en el ámbito del procedimiento en el que se la investiga, colaborando sin restricción con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos”.

Con todo, la compañía podría iniciar un proceso judicial contra el Ministerio del Interior así como a Luis del Rivero, ex presidente de Sacyr por utilizar el procedimiento penal en la persecución de «su beneficio particular».