Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) aprobaron este martes el plan de reformas e inversiones presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez para recibir hasta 140.000 millones de un total de 750.000 (entre ayudas directas y préstamos a devolver) que el Ejecutivo comunitario tiene previsto desembolsar a los países miembros para que el continente salga de la crisis provocada por la Covid-19. Era el último visto bueno que faltaba para acceder a dicho fondo.

En consecuencia, España recibirá los primeros 9.000 millones de ayudas directas este verano, que no están condicionados a la puesta en marcha de proyectos concretos. Pero más adelante se complicará la recepción de los siguientes paquetes de fondos, que sí están ligados al cumplimiento de hitos específicos. El más próximo es uno de 10.000 millones que el Gobierno espera recibir en la segunda parte de este año.

Se trata de un factor determinante para la recuperación española: de su recepción o no, así como del éxito de su implantación, dependerán directamente las cifras de crecimiento de PIB, de déficit, de deuda, y, en general, cómo avanzará el cuadro macroeconómico del país. En ese sentido, los economistas critican la falta de concreción del Gobierno a la hora de explicar cómo se van a repartir esos fondos, lo que genera una gran incertidumbre en sus cálculos.

"Nos preocupa la imprecisión e incertidumbre"

"No hay una evaluación precisa, exacta, de lo que se quiere hacer", ha lamentado este miércoles el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech. "Tampoco conocemos bien el calendario claro y detallado sobre cómo aprovechar este plan", ha incidido en un encuentro con la prensa.

"Lo que más nos preocupa es la imprecisión e incertidumbre con respecto a las necesarias reformas estructurales", ha subrayado Dómenech, recordando que "verdaderamente" podrían cambiar la economía española "en el medio y largo plazo".

BBVA Research lo refleja de la misma manera en la información presentada a los medios: "[El Plan de Recuperación] presenta algunas debilidades y omisiones: no hay una evaluación exante de lo que se quiere hacer, las metas de implementación parecen poco creíbles y no se dispone de un calendario claro, detallado y accesible que dé certidumbre sobre cómo aprovechar el Plan", indica.

Los casi 70.000 millones de euros (que recibirá España en concepto de subvenciones, es decir, que no tendrá que devolver ni pagar intereses por ellos) equivalen, aproximadamente, al 60% de la caída del PIB nominal entre 2019 y 2020, o al 80% si se tiene en cuenta la recuperación desde el tercer trimestre de 2020, apunta también en el mismo documento.

El servicio de análisis considera que el Plan contiene un diagnóstico adecuado de los principales problemas de la economía española y un reparto de recursos en línea con las metas de digitalización y sostenibilidad medioambiental del NextGenerationEU (NGEU), pero también remarca que es ambicioso en cuanto a los tiempos de implementación debido a que planea distribuir alrededor del 70% hacia finales del 2022 y el 30% en 2023.

De esta manera, insiste en que es necesario dar certidumbre sobre el avance de las reformas y ejecución de los fondos y recalca que la inquietud que genera la falta de concreción sobre los mismos: "Lo que más preocupa es la imprecisión e incertidumbre respecto a las reformas a acometer en los próximos años", sobre todo en el caso de "no abordar las medidas necesarias".

BBVA ha elevado este miércoles su previsión de crecimiento para España este 2021 casi un punto desde la que hizo en abril, y ahora cree que el PIB español crecerá un 6,5% en 2021, mientras que ha mantenido igual, en el 7%, el dato de 2022. Pero, de nuevo, recuerda que impera la incertidumbre por el control de la enfermedad, la recuperación del turismo extranjero y el levantamiento de las restricciones. Otros riesgos que podrían alterar esos cálculos son la inflación, la vacunación y la reforma de las pensiones.

"Fundamental" crear "una hoja de ruta"

Hace unas semanas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya lamentó la falta de una hoja de ruta de planificación fiscal, con objetivos y un calendario, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su presidenta, Cristina Herrero, insistió en que las reformas e inversiones contempladas en el plan deberían encajar con una planificación fiscal de manera que se conozca su impacto en las cuentas públicas.

"Ambos planes deberían haber ido de la mano y eso no se ha producido", afirmó, criticando que "la única referencia" contemplada en el plan es que tendrá un impacto de dos puntos en el PIB y un 0,4% sobre el crecimiento potencial, y una creación de puestos de trabajo estimada en 800.000 empleos, pero que "no hay referencia más concreta de efectos en el Plan de Recuperación".

Asimismo, pidió como algo "fundamental" que se exista "una hoja de ruta" que permita fijar "los grandes hitos para dotar de confianza y seguridad a los grandes agentes económicos" y "saber cuál es el marco en que se va a fijar su actividad en medio y largo plazo".

Este miércoles, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, defendió en una entrevista al ser preguntada por el destino de los fondos que ya se ha aprobado la transferencia de "aproximadamente 7.000 millones de euros" a las comunidades autónomas para, entre otros, los programas de subvenciones para la compra de vehículos eléctricos, el apoyo al sector audiovisual o para la rehabilitación de viviendas.

Con respecto a los 10.000 millones a recibir antes de que termine el año, la ministra se mostró calmada: "Estamos confiados en ese pago porque hemos cumplido muchos de esos hitos porque, en paralelo con la respuesta a la pandemia, no hemos parado de impulsar todo este proceso de reformas que nos que nos permite ahora afrontar este primer pago con relativa tranquilidad", apuntó.