Un juzgado madrileño ha suspendido el rescate a la aerolínea Plus Ultra, a la que ha dado un plazo de cinco días para que acredite la necesidad de recibir los 34 millones de euros pendientes del préstamo de 53 acordado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha ordenado suspender la entrega de 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar el 28 de julio, para que la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a proveedores.

La juez, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, señala que "el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros, como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento" judicial.

La instructora entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a "una entrega no justificada" supondría "un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior".

"La teoría general de las medidas cautelares en el ámbito de delitos contra el patrimonio en un sentido amplio de peligro o urgencia de su necesidad, peligro en la mora y el 'fumus bonis iuris' son aquí de aplicación, teniendo siempre un carácter provisional", ha dicho.

El pasado 9 de marzo, el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia del Covid-19 ha puesto en una situación difícil. 

El TC admitió la denuncia de Cs por el rescate

El Tribunal de Cuentas admitió a trámite la denuncia de Ciudadanos e investigará el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros por parte del fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para decidir si hubo un "presunto menoscabo de fondos públicos".

Así lo ha comunicado el órgano fiscalizador a la formación 'naranja', tras la denuncia presentada por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, su portavoz adjunto en el Congreso Edmundo Bal y su eurodiputado Luis Garicano el pasado 7 de junio, según han informado desde esta formación.

Ciudadanos había reclamado al órgano fiscalizador investigar la responsabilidad de todas las autoridades por esta operación para dirimir si existan infracciones contables, depurar cuánto dinero se ha desviado y asegurar el retorno del dinero a las arcas públicas.

Con la admisión a trámite, el Tribunal de Cuentas inicia la investigación sobre el escándalo, con la apertura de la "correspondiente pieza de Acción Pública" y designará a un instructor en su Sección de Enjuiciamiento, según han confirmado a Europa Press fuentes de la institución

Desde la formación 'naranja' han celebrado que la denuncia "siga adelante" y esperan que el Tribunal determine la presunta existencia de infracciones contables, así como a los responsables, para esclarecer qué cuantía de dinero se ha desviado con este escándalo y quienes son los responsables, así como que ese dinero sea devuelto a las arcas públicas.