La suspensión cautelar del rescate concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra ha vuelto a poner en alerta a las decenas de compañías que esperan recibir la ayuda del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas puesto en marcha por el Gobierno hace exactamente un año.

El mecanismo dotado con 10.000 millones de euros y gestionado por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) apenas ha aprobado en todo este tiempo cinco rescates, mientras las empresas más golpeadas por la crisis sanitaria ven cómo pasa el tiempo sin que sus expedientes se resuelvan.

Entre las que esperan el 'salvavidas' del Gobierno hay al menos nueve cadenas hoteleras, cuyas peticiones suman en conjunto más de 600 millones de euros. Ante una recuperación de la actividad turística muy incierta por el efecto de la quinta ola y el mantenimiento de restricciones a los viajes internacionales, las compañías esperan como agua de mayo la inyección de dinero público para sanear su posición financiera.

La última petición de rescate trascendía hace pocos días, con la solicitud de 30,9 millones de euros por parte de la cadena Abba Hoteles. Asimismo, han llamado a la puerta del holding otras ocho cadenas. Algunas llevan más de medio año esperando respuesta por parte de la compañía pública que depende en último término del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.

La petición del rescate por parte de Hotelatelier, la operadora de los hoteles Petit Palace, era la primera en trascender el pasado mes de enero. A ella se sumó poco después la solicitud de 35 millones de euros por parte del Grupo Serhs, considerado el mayor grupo turístico de Cataluña.

También se conocía en febrero la petición de 50 millones de euros por parte de Selenta y la solicitud del Grupo Hotusa, compañía hotelera con sede en Barcelona, de uno de los montantes más amplios de los que han trascendido. La petición inicial de 190 millones se habría elevado posteriormente hasta los 320 millones.

Asimismo, en el mes de marzo era Hesperia quien decidía acudir al fondo puesto en marcha por el Gobierno. En total, el grupo presidido por José Antonio Castro pide 55 millones de euros que destinaría a reforzar su liquidez en la coyuntura actual de pandemia. Por su parte, Hoteles Playa Senator también habría solicitado otros 50 millones de euros a la institución pública.

Imagen de la sede de SEPI.
Imagen de la sede de SEPI.

Además, la cadena hotelera de Kike Sarasola, Room Mate, dice necesitar 52 millones de euros para hacer frente a las consecuencias que ha dejado la pandemia en su modelo de negocio. Y ante el retraso del organismo público, ha tenido que buscar dinero por otras vías. Un importe ligeramente inferior reclamó, por su parte, la cadena malagueña Soho Hotels (30 millones). Al margen de todos estos, el grupo andaluz de restauración y hoteles Abades habría solicitado otros 40 millones.

Malestar empresarial

Ante la tardanza en aprobar los expedientes, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, llegó a acusar al organismo público hace escasas semanas de estar bloqueando la entrega de las ayudas por "razones externas al sector empresarial". El consejo gestor del Fondo tiene seis meses para contestar a la petición cursada por las compañías. Y la mayoría de ellas se encuentran todavía dentro del plazo estipulado por el reglamento del mismo.

Según trasladan fuentes consultadas por El Independiente, hay casos en los que la ayuda pública es vital para que las empresas no caigan en desgracia. Y señalan que tras la polémica generada a raíz de la inyección de fondos a la aerolínea Plus Ultra, el procedimiento se ha vuelto más estricto.

Las citadas fuentes conocedoras del procedimiento explican que se ha vuelto muy garantista. En este sentido, dicen que se está pidiendo numerosa información a las compañías para asegurar que las ayudas se conceden sin ninguna duda legal y no se generan controversias como la que ha llevado a los juzgados el rescate de la pequeña aerolínea.

En el proceso de aprobación de los expedientes participan obligatoriamente asesores externos de carácter jurídico y financiero

En el proceso de aprobación de los expedientes participan obligatoriamente asesores externos tanto en el plano jurídico como financiero, que se reparten entre multitud de despachos de abogados y consultoras. Según informó Vozpópuli, la SEPI ha empezado a exigir a esos asesores que en sus informes sean más explícitos a la hora de recomendar que se concedan o se denieguen los rescates. A partir de esos informes, el consejo gestor toma la decisión que debe recibir el visto bueno final del Consejo de Ministros.

Aunque la tramitación de las solicitudes de ayuda parecía haber cogido impulso tras la llegada a la cúpula de la entidad de la expresidenta de Navantia, Belén Gualda, el Gobierno sólo se ha dado luz verde a cinco rescates: el de Air Europa (475 millones), el de Duro Felguera (120 millones), el polémico de Plus Ultra (53 millones), el Ávoris-Halcón Viajes (320 millones). Y hace escasos días, el Consejo de Ministros aprobaba el de Tubos Reunidos (113 millones). En total, hasta ahora se ha empleado poco más de un 11% de la dotación total del fondo.

Diversas fuentes de las hoteleras que han acudido al mecanismo del Estado aseguran no tener noticias del avance de sus solicitudes, aunque tampoco creen que se vayan a resolver en los próximos días o incluso semanas. Desde una de ellas se limitan a señalar que están dentro de plazo y que no han recibido novedades por parte del holding público. Sin embargo, la intención de la SEPI pasaba por acelerar lo máximo posible la aprobación de los expedientes antes de que empezase agosto.

Otras empresas turísticas

Al margen de estas, también hay otras compañías del sector turístico que esperan poder contar con el 'salvavidas' público para sanear sus cuentas o evitar directamente irse a pique. Entre otras, han pedido respaldo público el Grupo Juliá (37 millones); Naviera Armas (120 millones); Wamos (75 millones); o Air Nostrum (103).

En total, los expedientes pendientes de estudio y aprobación superan la treintena. Entre otras, durante los últimos meses han solicitado ayuda compañías como Celsa (700 millones), la tecnológica Artificial (30 millones), la constructora Grupo Villar Mir (240 millones), o la cadena de gimnasios Holmes Place (26,4 millones).

Sin embargo, ahora toda la atención vuelve a girar de nuevo en torno al caso de Plus Ultra. La juez ha dado de plazo hasta el lunes a la compañía aérea para que le remita la documentación que justifique la necesidad de recibir los 38 millones del préstamo participativo aprobado en marzo.

A partir de ahí, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, tomará una decisión y podría autorizar o denegar la liberación de los fondos. Actualmente, ya se han entregado 19 millones, que según la Abogacía del Estado, podrían estar en peligro si no se completa el rescate por importe total de 53 millones.