Millones de españoles han vuelto a ver durante estos últimos días como su factura eléctrica a precios difíciles de asimilar. En concreto, el martes pasado, el precio por megavatio ascendió hasta los 106 euros de media. Durante algunas horas de esa jornada, el coste se elevó hasta los 110 euros. O lo que es lo mismo, encender el aire acondicionado en un hogar costó hasta tres euros por hora. 

El incremento en el recibo eléctrico volvió a dejar en evidencia las carencias del sistema energético español. El Gobierno, a pesar de que ha intentado poner freno al encarecimiento del precio de la luz con medidas como la rebaja del IVA o la eliminación del impuesto a la generación eléctrica, sigue sin encontrar un antídoto para frenar la tendencia alcista del coste por usar un horno o encender una bombilla. De acuerdo a las estimaciones de Facua, la factura se encarece hasta un 35% este julio.

El propio Ministerio de Transición Ecológica explicó que las dos medidas provocarán un recorte de 1.250 millones de euros en la recaudación por parte del Estado, si bien desde el sector se asegura que tendrá un impacto limitado en los bolsillos de los españoles. 

Tal y como ha venido contando este medio de comunicación, el subidón en la factura eléctrica se debe en gran medida a diferentes situaciones del mercado. La necesidad del gas extranjero en España, que su precio se sitúa en precios históricos, y el incremento de precio en las emisiones de dióxido de carbono, son algunas de las razones por las que poner una lavadora o enchufar el coche eléctrico es mucho más caro que hace un año. 

No obstante, tal y como explican diversas fuentes del sector, la implantación de energías verdes en nuestro sistema eléctrico también implica mayores costes. “Obviamente, hay que apostar por las renovables, pero esto implica unos costes extra que deben ser pagados”, zanjan. El grave problema de este asunto, remarcan, es que estos esfuerzos los “pagan los ciudadanos en sus facturas”. 

Por eso, desde el sector insisten en que estos costes deberían ser sufragados por los Presupuestos Generales del Estado, tal y como pide el PP. “Con los fondos a las renovables se les está cargando de costes extra a las empresas dedicadas al gas o al petróleo y se está penalizando las inversiones porque, obviamente, afecta a las cuentas de resultados”, comentan las mismas fuentes. Por su parte, las compañías recalcan que el mero hecho de cargar estos impuestos a las propias empresas provocará que no se acometan inversiones necesarias para abaratar las energías renovables.

Desde el sector arguyen a El Independiente que España fue una de las primeras potencias mundiales en investigar en materia de energía renovables, algo que también genera contraposiciones. “Cuando dedicas los primeros esfuerzos tus recursos siempre son más costosos, otros países se han beneficiado del camino ya abierto por las investigaciones españolas por lo que adaptar los avances en sus sistemas era mucho más barato”, justifican.

En conclusión, las políticas para depender de la energía verde y el contexto actual, de momento, no ayudan a abaratar el precio de la luz. Tan solo una regulación y “un pacto de Estado firme y con sentido”, como citan las diversas fuentes consultadas, podrían empujara una estabilización de la factura, que seguirá tensionada en los próximos meses.

A vueltas con el sistema marginalista

El sistema por el que se rigen los precios en España también influye en la escalada del precio del megavatio. Las compañías que generan electricidad ofrecen cada mañana el precio que consideran para cada una de las horas del día siguiente mientras que las comercializadoras y grandes consumidores hacen lo mismo con las ofertas de compra.

El gestor encargado en nuestro país de almacenar dichos datos (OMIE) ordena todo esto utilizando un algoritmo para calcular el punto de equilibrio en cada hora, pero como es marginalista el precio final será el más caro de todos los productores.

Generalmente, las energías renovables tienen las ofertas más bajas, pero en muchas ocasiones se filtran como las más caras. Esa diferencia entre lo que verdaderamente cuesta y lo que terminan ganando son los llamados beneficios caídos del cielo, algo que pretende erradicar el Ejecutivo, una vez aprobado el Anteproyecto de Ley.

Fuentes del sector aseguran que en ocasiones, las compañías que lideran la generación de energías renovables esperan hasta el último momento para lanzar la oferta más cara en el sistema, para conseguir más beneficios en la subasta.

Las energéticas piden una nueva metodología ya que entienden que “el actual sistema ha quedado completamente obsoleto” y abogan por realizar subastas trimestrales, como sucede en otros países como Alemania para no “perjudicar al cliente todos los días en caso de que se produzcan incrementos como los actuales”.

Mientras tanto, la ministra Teresa Ribera se justificó asegurando que el aumento del precio de la electricidad "no ocurre solo en España" y que es una cuestión que depende del mercado mayorista, "que se rige por las reglas de la Unión Europea". La ministra envió recientemente una carta a la Comisión Europea en la que le reclama a la UE un rediseño del mercado energético del Bloque.