Las cuentas españolas deberán estar perfectamente revisadas para que el país pueda acceder a los hasta 140.000 millones de euros que la Comisión Europea tiene previsto concederle (70.000 en concepto de subvenciones, es decir, que no tendrá que devolver ni pagar intereses por ellos), en el marco de su particular Plan Marshall para sacar al continente de la pandemia del coronavirus.

Entre otros, por ejemplo, deberá optimizarse el gasto público analizando los beneficios fiscales que existen en España y reformarlos, si se considera pertinente. Y de ello se encargará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que pasa a tener un mayor peso en el control de las cuentas públicas, según han confirmado diferentes fuentes a este medio.

La AIReF recibió en 2017 el encargo puntual de analizar el gasto de las administraciones públicas, buscando detectar posibles ineficiencias y solapamientos entre administraciones, en línea con otros procesos de revisión implementados por los Estados miembros. Al proyecto que se llamó Spending Review, tenía una duración de tres años, hasta 2020, y un carácter anual.

El presupuesto inicial fue de 1,56 millones de euros, financiados por el Ministerio de Hacienda, y los resultados de su primera fase se publicaron en junio de 2019; los de la segunda, al final del verano de 2020, y los de la tercera están pendientes de conocerse. Tendrían que haberse terminado como muy tarde en octubre de 2020, pero se han retrasado a causa de la pandemia (se encargó en junio de este año).

Ahora, el Gobierno ha decidido que este control de los pagos del Estado se realice de forma permanente en lugar de "por encargo", creando una división dentro de la AIReF dedicada a la evaluación, como Bruselas le ha exigido. Así aparece en el componente número 29 (Medidas de la eficacia del gasto público) del Plan de Recuperación, Restauración y Resiliencia que el equipo de Pedro Sánchez ha enviado a la UE, donde detalla todas las medidas que va a tomar para cumplir con lo que el Gobierno comunitario exige para recibir los fondos.

También lo menciona en el componente número 28 (Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI), donde argumenta que una parte importante del gasto se realiza a través de los beneficios fiscales (aproximadamente, llega a los 60.000 millones de euros). En el mismo texto, concreta que el análisis de la AIReF en el marco del Spending Review ha resultado "muy interesante y útil" y recoge que es conveniente "incorporar la realización de este tipo de análisis de forma continuada en el tiempo para optimizar el gasto público", aunque desde Hacienda concretan que no se ha encargado un Spending Review concreto para el análisis de los beneficios fiscales.

Asimismo, el componente 29 recoge la creación de un grupo de trabajo dentro del Ministerio de Hacienda durante el segundo trimestre de 2021 para evaluar los beneficios fiscales y una "estructura permanente", un equipo o unidad técnica, para el seguimiento de los resultados de los Spending Reviews.

Una nueva división dentro de la AIReF

De esta manera, la AIReF tendrá una nueva función permanente, la de la evaluación del gasto, que se materializará en forma de una cuarta división dentro de la institución. Actualmente cuenta con tres: la división de análisis presupuestario (que estudia los Presupuestos Generales del Estado, así como los de la comunidades autónomas y corporaciones locales), la de análisis económico (que avala, o no, el cuadro macroeconómico del Gobierno) y la división jurídico institucional (relativa a la institución en sí).

En base a lo que esta división de la AIReF determine, Hacienda elaborará un informe de seguimiento de sus recomendaciones que será público y que enviará al Consejo de Ministros antes del 31 de marzo de cada año, donde incluirá tanto qué medidas se adoptan de las apuntadas por la AIReF como las razones por las que no abraza otras. Según el Gobierno, esta medida lleva por bandera la independencia.

"El objetivo último es que estos ejercicios de revisión y evaluación del gasto público contribuyan a reafirmar el compromiso del Gobierno con la calidad del gasto público, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas de las Administraciones públicas", recoge el componente 29.

"Esta apuesta decidida del Gobierno español por este proceso de revisión del gasto se refleja, entre otros, en la independencia del órgano seleccionado para realizar las evaluaciones (...). En otros países de nuestro entorno, este tipo de evaluaciones, cuando existen, suelen ser elaboradas por los propios ministerios sectoriales o por el Ministerio de Hacienda (Alemania, Portugal), por un Comisionado ad hoc (Italia) o por una comisión parlamentaria (Reino Unido)".

Por ahora, el Gobierno tiene previsto encargar este proceso de revisión del gasto público durante el periodo 2022-2026, en cinco fases de un año, pero no ha concretado el coste que tendrá. Tampoco lo ha aprobado aún el Consejo de Ministros, algo que el Ministerio de Hacienda no ha concretado ante las preguntas de este medio. Tampoco ha contestado a cuándo se realizará, a qué importe tiene, ni a si está ya creado el equipo técnico que recoge el Plan europeo.