Los ayuntamientos españoles deben 979 millones de euros a sus proveedores desde hace 70 días, a pesar de que la ley establece un plazo máximo de 30 para este tipo de deudas. Son datos publicados por el Ministerio de Hacienda, que aplaude que las comunidades autónomas han logrado alcanzar su periodo mínimo histórico de pago a proveedores, de 24 días, pero pasa por alto la escalada en los retrasos de las corporaciones locales a la hora de pagar a las empresas.

"El Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de las comunidades autónomas ha registrado en el mes de mayo de 2021 [últimos datos publicados] una cifra inferior a los 30 días, con 24,45 días, de forma que vuelve a presentar un nuevo mínimo histórico desde el inicio de la publicación de la
serie, en abril de 2018", apunta el Ministerio.

"Además, se mantiene la tendencia de meses anteriores de forma que es
la primera vez que el PMP se sitúa por debajo de los 30 días (plazo máximo
establecido en la normativa) durante seis meses consecutivos", recalca. Por su lado, la administración central está tardando 29 días, de media, en saldar sus deudas.

Pero Hacienda no valora otro dato: que los ayuntamientos estén tardando 70 días en pagar a las empresas y autónomos que les proporcionan todo tipo de suministros, lo que excede la normativa en 40 días. El plazo es algo menor que el registrado en abril, 9 días por encima del de mayo, pero sigue implicando un retraso que imposibilita a los proveedores facturar y recuperar el dinero que se les adeuda, muchas veces necesarios para hacer frente al pago de nóminas, impuestos o seguros.

Además, estas entidades locales llevan sin cumplir con ese plazo máximo legal de 30 días desde que existen datos, es decir, desde 2018. El periodo máximo incluido en el registro de Hacienda de pago a proveedores por parte de las corporaciones locales se alcanzó en el pico de la pandemia, en junio de 2020, con 99 días, de media, mientras que el mínimo registrado es de 50 días, en diciembre de 2019, lo que supone 20 días de retraso frente al plazo legal.

Los datos reflejan las cuentas de las 151 entidades que han presentado información al Ministerio. Hacienda destaca que el 73% de estas pagan en un periodo igual o inferior a 30 días, y que de no ser por estos 40 que lo sobrepasan, el periodo medio de pago sería de 23 días. De las grandes ciudades españolas, Las Palmas de Gran Canaria es la que más excede el límite legal, situándose en los 147 días, mientras que otras como Sevilla y Zaragoza lo hacen por dos días (están en 32 días).

Las entidades locales que exceden en mayor medida el plazo legal de pago a proveedores, según los datos de Hacienda, son las siguientes:

  • Jaén (Jaén), con 606 días
  • Parla (Madrid), con 376 días
  • Jerez de la Frontera (Cádiz), con 330 días
  • Badalona (Cataluña), con 189 días
  • Telde (Las Palmas), con 238 días
  • Puerto de Santa María (Cádiz), con 220 días
  • Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), con 146 días
  • Granada (Granada), con 119 días
  • Vélez-Málaga (Málaga), con 100 días
  • Valdemoro (Madrid), con 100 días

El Gobierno luchará contra la morosidad... de las empresas

Estos datos se conocen la misma semana que el Gobierno ha dado por comenzada la audiencia pública sobre la Ley Crea y Crece, de Creación y Crecimiento Empresarial, que además de permitir crear empresas con un euro (en lugar de los 3.000 que se exigen ahora) buscará luchar contra la morosidad comercial, buscando que las empresas españolas cambien su cultura hacia el "pronto pago".

Para ello, establecerá que las empresas que sobrepasen los plazos de pago no podrán beneficiarse de subvenciones públicas, algo que resultará especialmente doloroso para las pymes en un momento en que los fondos europeos (hasta 140.000 millones) están a punto de empezar a llegar a España.

Asimismo, a la hora de adjudicar un contrato público se tendrá en cuenta si la empresa paga en plazo y la posibilidad de resolver un contrato si no cumple el periodo fijado. El Gobierno también creará un "observatorio de la morosidad" para analizar estas acciones.

La CEOE critica la medida

Ante estas medidas para luchar contra la morosidad empresarial, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha criticado que no se implementen acciones para combatir la de las administraciones públicas y que se centren en el sector privado en un momento delicado por la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, ha lamentado en declaraciones a Economía Digital que el Estado no tenga el mismo interés para abordar los casos flagrantes de morosidad de ayuntamientos y otras corporaciones locales, muchos de los cuales más que triplican el periodo máximo de pago, de 30 días. La propuesta de CEOE y Cepyme es que, por ejemplo, las empresas puedan compensar sus deudas tributarias y cotizaciones a la Seguridad Social con las facturas adeudadas por las administraciones públicas.