El Ministerio de Trabajo y Economía Social lleva meses negociando una reforma laboral con sindicatos y organizaciones empresariales. Formalmente, las reuniones comenzaron en enero de 2020, pero se suspendieron por la pandemia y retomaron en marzo de este año. Desde entonces y con alguna interrupción, Gobierno y agentes sociales han debatido sobre la tan polémica contrarreforma que busca cumplir con lo que exige Bruselas para la entrega de los fondos europeos.

Aunque este (también) es un punto de desencuentro, puesto que los empresarios tildan la propuesta de la ministra Yolanda Díaz de marxista y alejada de lo que exige la Comisión. En cualquier caso, la última reunión antes de las vacaciones de verano se ha producido este miércoles, hasta septiembre.

Durante los últimos encuentros ha imperado la discreción dentro del diálogo social, con menos filtraciones (y menos detalladas) sobre las propuestas que se están compartiendo, en comparación con otras ocasiones. Tampoco se están valorando los borradores intercambiados, aunque la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), hace unas semanas, explotó, tachando de "inaceptable" la propuesta de Trabajo.

Pero la reforma laboral deberá aprobarse y deberá hacerlo este año, tal y como se ha comprometido la ministra, e independientemente de lo que opinen los empresarios, como también ha recordado en varias ocasiones el Gobierno, así que la negociación se prevé intensa durante los próximos meses.

Más allá de la discreción dentro de las reuniones, el Ejecutivo ha ido desgranando sus intenciones durante los últimos meses y también las ha detallado en el componente 23 del Plan de Recuperación enviado a Bruselas (Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo).

A continuación, algunos de los puntos que están más claros de las intenciones de la ministra, pero que, puesto que el Ministerio tienen la intención de llegar a un acuerdo con los sindicatos y organizaciones de empresarios, podrán verse modificados conforme las partes acerquen posturas.

Limitar los contratos temporales

Los contratos temporales en España representan la inmensa mayoría, y es algo que no gusta al Gobierno, pero sobre todo no gusta a Bruselas, que considera imprescindible cambiar esta realidad. De cumplir con esta exigencia depende, también, la llegada de los fondos europeos.

Por eso, Trabajo propone reducir los tipos de contrato: de los 33 que ahora están en vigor en España, a tres, uno indefinido o «estable», otro el temporal y uno más, de formación. Uno de los cambios de mayor calado que esta propuesta lleva consigo sería el fin del contrato de obra y servicio y del fijo de obra, de manera que estos trabajadores pasarían a ser indefinidos (con contratos fijos-discontinuos). 

Por otro lado, tampoco podrán utilizarse contratos temporales para trabajos de naturaleza estacional o vinculados a campañas (para los que, de nuevo, deberá usarse el fijo-discontinuo), sino que solo se dejarán para razones de carácter productivo y organizativo. El borrador reza, en concreto, que solo podrán usarse cuando se produzca un "incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido por la plantilla habitual de la empresa", pero "en ningún caso", establece, "podrá utilizarse para atender trabajos vinculados a la actividad normal y permanente de la empresa".

A la vez, Díaz busca castigar a las empresas que abusen de la temporalidad, por ejemplo estableciendo que serán nulos los despidos ligados a la temporalidad.

Recuperar los convenios sectoriales frente a los de empresa

Trabajo quiere volver a que los convenios sectoriales prevalezcan sobre el de la empresa, ya que ahora mismo sucede al revés. Con esta medida busca evitar el empeoramiento de las condiciones laborales que se pueden dar con los convenios de empresa, así como que sea más sencillo proteger a los trabajadores, ya que negociar para un sector completo blindará a muchos más trabajadores que si cada empresa negocia con sus empleados. El cambio beneficiará a los empleados, sobre todo, en materia de condiciones salariales y duración de jornadas.

En cuanto a la ultraactividad de los convenios que fijó la reforma de 2012, el Gobierno plantea que los convenios no decaigan cuando termine su vigencia, sino que continúen un año más, mientras se renuevan. Si no se ha acordado uno nuevo al terminar ese plazo, se abre un proceso de mediación, durante el cual se sigue manteniendo el convenio.

Coto a la subcontratación

El Gobierno no va a prohibir la subcontratación, ha asegurado esta semana la ministra en respuesta unas declaraciones del presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva. "Quiero aprovechar para desmentir afirmaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Es imposible trabajar en el siglo XXI sin la colaboración de la subcontratación", aseguró Díaz.

Lo que aparece en el borrador presentado por Trabajo a los agentes sociales es que la empresa principal deberá asumir las deudas y los impagos de la contrata o subcontrata, es decir, que existirá una responsabilidad subsidiaria. Por tanto, la empresa deberá asumir las obligaciones contraídas con la Seguridad Social mientras dure el contrato (o, incluso, durante los tres años siguientes, dependiendo de lo que se acuerde), así como el pago de los salarios de los trabajadores (durante el contrato y el año siguiente), algo que los empresarios creen que perjudicará enormemente a las compañías.

Se trata de la parte que está más en el aire de la negociación por la fuerte oposición de las organizaciones empresariales. Además, a los trabajadores de las contratas o subcontratas se les deberá aplicar el convenio colectivo de su propia actividad, no el de la empresa contratista, para luchar contra los bajos salarios que imperan en las que externalizan servicios.

"ERTE" permanentes para evitar despidos

Es otro de los aspectos que considera urgente la Comisión Europea: la ministra gallega persigue crear unos ERTE permanentes que quiere llamar Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), es decir, un mecanismo de flexibilidad interna que permita rebajar las jornadas de los trabajadores y que sirva de alternativa a los despidos. El nuevo sistema evitaría los despidos de una manera similar a como lo consiguen los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), pero obligando a que la plantilla continuase trabajando un mínimo de horas.

Por tanto, la empresa deberá utilizarlos en lugar de los despidos ante crisis estacionales y salvo en casos en que sea inviable, momento en que deberá justificarse debidamente.

A la vez, se trata de una herramienta que debería, obligatoriamente, negociarse caso a caso con los representantes de los trabajadores en cada empresa. A continuación, los sindicatos UGT y CCOO y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme deberán debatirlo en la mesa de negociación. Pero, de nuevo, es una idea que aún está muy en el aire, ya que el Ministerio la presentó por primera vez por escrito el 3o de junio, como contó este medio.