Han pasado tres meses desde que la denominada 'ley rider' apareció en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un tiempo en el que las empresas de reparto de comida a domicilio debían adaptar sus condiciones laborales a la nueva normativa elaborada tras meses de tensas negociaciones entre el Ministerio de Trabajo, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC.OO y UGT para que los repartidores tengan reconocida su relación laboral con las distintas plataformas.

Sin embargo, si su redacción estuvo rodeada de polémica y división, también lo estará su aplicación tras su entrada en vigor este jueves 12 de agosto. De momento, cada compañía ha tomado un camino distinto para adaptarse a la nueva ley, aunque la más beligerante sigue siendo Glovo. La plataforma de origen catalán recela de las condiciones que impone la nueva regulación para un modelo de negocio con un estrecho margen de rentabilidad.

La compañía presente en 21 países se queja de haber contado "con un periodo de transición muy corto para un cambio de tal magnitud". En la primera etapa del plan de transición que dice haber diseñado solo contempla contratar como asalariados antes de que acabe este año a cerca de 2.000 repartidores con horarios y retribuciones fijas y rutas concretas. Un extremo que supone mantener a casi el 80% de sus colaboradores con la condición de autónomos.

"Se trata de una primera fase de transición que, en los meses siguientes, seguiremos completando y ampliando", apuntan desde la empresa. Asimismo, defienden el lanzamiento de "un nuevo modelo inédito en España, que sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", con "nuevas características" y que "permitirá simultanear otras aplicaciones y actividades con total flexibilidad, autonomía e independencia".

Sin embargo, los sindicatos se muestran muy críticos con la vía adoptada por la compañía. La sección catalana de Comisiones Obreras (CCOO) presentaba este lunes dos denuncias ante la Inspección de Trabajo por el uso de lo que califican como falsos autónomos y por cesión ilegal de trabajadores en su división de reparto a través de las denominadas tiendas 'fantasma'.

"Glovo sigue empeñado en un modelo que ha sido sentenciado y en el nuevo sistema que plantea se obliga a una competencia a la baja entre los repartidores, que les obliga a competir ciegamente entre ellos", apunta Rubén Ranz, del sindicato UGT. "Las plataformas han desaprovechado el tiempo que se les dio para regularizar la situación. Creemos que el Ministerio tiene que actuar contra ellos porque es continuar una situación anterior. Es un pulso que se está echando al Gobierno y al estado de derecho", añade.

Por su parte, el proceso de adaptación de Uber Eats a la nueva normativa pasa por subcontratar las flotas de repartidores. Este mismo lunes, la empresa informaba a sus 'riders' a través de un mensaje interno de que no podrán seguir trabajando para la aplicación como autónomos a partir del próximo jueves, una vez que haya entrado en vigor la ley. "Si ya estás trabajando con algunos de nuestros socios en 'delivery', nada cambiará y puedes seguir operando como hasta la fecha", reza el comunicado.

En este sentido, los sindicatos advierten de que vigilarán muy de cerca que ese modelo de subcontrataciones no contravenga la legislación laboral. "Pueden incurrir en una cesión ilegal de trabajadores porque establecen una empresa entre la aplicación y el trabajador, pero la organización del trabajo va a seguir dependiendo de Uber", abunda Ranz. Si finalmente ocurre esto, la central sindical asegura que acudirá a la Inspección de Trabajo para denunciar la situación.

Pueden incurrir en una cesión ilegal de trabajadores porque establecen una empresa entre la aplicación y el trabajador"

Rubén Ranz (ugt)

"El Estado tiene que garantizar que se cumple la legislación laboral y que es capaz de construir un marco de competencia en igualdad de oportunidades entre las empresas. No vale competir a la baja y sin cumplir con la normativa, como hacen algunas con respecto a otras que sí van a cumplir con la legislación", añade el secretario confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, Carlos Gutiérrez.

Camino distinto es el que ha tomado Just Eat para adaptarse a una ley que también ha sido recibida con críticas por varios colectivos de repartidores. La compañía ha optado por la completa 'laboralización' de los 'riders' y actualmente negocia con los sindicatos CC.OO y UGT el primer convenio colectivo del sector en España, frente a la aplicación del convenio de mensajería que utilizan ahora muchas empresas de reparto en la actualidad. Tras una primera fase técnica, las conversaciones se retomarán en septiembre con la incorporación de repartidores a la negociación para cerrar los términos del convenio.

Trabajo: "Esta Ley se cumplirá"

Desde el Ministerio de Trabajo evitan hacer valoraciones sobre los procesos de adaptación de los distintos operadores, aunque garantizan que la nueva normativa se cumplirá. Preguntado por el caso específico de Glovo, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, advertía hace una semana en una entrevista en La Vanguardia que "las leyes se hacen para ser cumplidas y esta ley se cumplirá".

Al margen de los tres operadores antes citados queda la aplicación Deliveroo, que ha anunciado su intención de abandonar el mercado español por una cuestión de competencia y desvinculándolo de la entrada en vigor de la nueva normativa. La compañía prevé ahora dar de alta a sus repartidores antes de iniciar el proceso de negociación del despido colectivo a partir de septiembre.