Es el debate de las últimas semanas. Incluso de los últimos siete meses. Desde que la tormenta de viento y nieve Filomena congelara España, el precio de la luz ha alcanzado cotas nunca antes vistas. El mercado eléctrico mayorista se ha encarecido notablemente como consecuencia del encarecimiento del gas y del coste por emitir carbono a la atmósfera, dejando la factura eléctrica con subidas intermensuales de hasta el 44%, según los datos que maneja Facua en el último informe del presente mes.

Esta crisis energética ha derivado en otras, con políticos y empresas como protagonistas. Parte del Gobierno de coalición presiona para crear una empresa pública para intentar abaratar el precio de la luz, mientras que el propio sector energético se ha vuelto a dividir y las eléctricas culpan a las gasistas de esta situación. A su vez, las propias compañías califican de “demagogia” la idea que tienen varios ministros del Ejecutivo de crear una nueva sociedad con titularidad pública puesto que no tendría acceso a las centrales concesionadas hasta dentro de varias décadas. Un rompecabezas difícil de resolver, mientras que cada actor tira de un lado diferente de la manta. 

Podemos parece tener la pócima mágica. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, ha sido el último en explicar su teoría sobre cómo podría abaratarse el precio de la luz mediante la titularidad pública. A su juicio, la participación del Gobierno en el sector eléctrico pondría la energía “al servicio del interés general” y evitaría la especulación de los precios. La tercera medida, considerada por el economista como “lo más importante”, consistiría en “reformar el mercado mayorista para dejar de pagar todas las tecnologías al nivel marcado por la más cara”.

Además, sostiene que debe imponerse una retribución fija al megavatio hora nuclear y fijar un precio máximo al megavatio hora hidroeléctrico. Dos herramientas “están contempladas por la legislación europea y ya se utilizan en otros países de la Unión Europea”. 

Estas declaraciones han puesto en pie de guerra al sector eléctrico. Las diversas fuentes consultadas por este medio recalcan que “no se puede hacer demagogia con algo tan importante en una crisis tan importante como la actual” y recomiendan a la formación morada que “intenten explicar con pedagogía” todos los factores que influyen a la hora de crear una empresa eléctrica a través de la nacionalización de las hidroeléctricas, que tanto están dando que hablar en la última semana.

Fuentes del sector explican que “la generación de energía hidroeléctrica es muy limitada y su propósito es desplazar a las energías más caras como el ciclo combinado (gas)”. Las mismas voces, en conversación con El Independiente, subrayan que, a diferencia de lo que cree Podemos y otros ministros socialistas, esta tecnología se usa “en momentos muy puntuales, coincidiendo con la ausencia de otras como la solar o la eólica, que suele ser nula en episodios de altas temperaturas, tal y como ha sucedido en las últimas semanas en España. Por otra parte, aseguran que “España no puede depender de la generación de energía a través del agua” puesto que no tiene capacidad suficiente para “poder cubrir toda la demanda”. 

Precio marcado de las hidroeléctricas

Otra de las razones por las que el sector eléctrico acusa al Ejecutivo de acometer un nuevo acto de populismo es la del precio de las hidroeléctricas. En el sistema actual, el operador selecciona las ofertas de las centrales que pueden atender la demanda incurriendo al menor coste posible. Nuestro sistema paga el mismo precio a todas las centrales que generan electricidad y aquellas con costes variables más bajos son las que obtienen un margen de explotación positivo. Y viceversa, es decir, aquellas que pueden producir la electricidad a precios inferiores, tienen mayores gastos en inversiones o mantenimientos de la planta. “El coste de explotación es más alto para cubrir dichos gastos”, remarcan las fuentes del sector.

Las eléctricas también dan por hecho que el Ejecutivo no podría rebajar el precio de la luz a corto plazo por la titularidad de las hidroeléctricas. Será a partir de 2030 cuando las primeras centrales más o menos importantes y que generan electricidad a través del agua tendrán titularidad pública. No obstante, a las primeras que les vence el contrato de concesión tienen poco peso en la producción total por lo que, de acuerdo a los cálculos del sector, no será hasta dentro de más de treinta años cuando el Gobierno sí podría tener cierta autonomía para crear una compañía. 

Si bien en 2021 van a caducar los contratos con las siguientes centrales: Quintana Cuixa (Asturias) y Villar del Rey (Badajoz). En tres años cesará la concesión de una de las centrales que más produce, Villalcampo (Zamora), propiedad de Iberdrola, que se ha visto envuelta en una polémica por el vaciado de varios pantanos. En los próximos 10 años termina la de El Tranco de Beas (Jaén), que es de Endesa. Además, otras cuatro pertenecen a Naturgy, cinco a Iberdrola, tres a Acciona y dos a Enel.  No obstante, estas apenas tendrían el 2,5% del total necesario para poder controlar las plantas de generación hidroeléctrica.

En este sentido, las mismas fuentes del sector eléctrico recuerdan que “las inversiones de las centrales hidráulicas son muy costosas y que requieren de una permanente inversión” y dan por hecho que, directa o indirectamente, se repercutirá en el coste a los propios clientes.

De hecho, la propia ministra Ribera argumentó que el sistema de producción y venta de la energía se pensó para una generación con costes altos, pero que pueden ser más bajos, como se ha visto con las renovables, y eso requiere una adaptación “con distorsiones puntuales que hay que corregir”.

Problemas con la competencia

Pero aún hay más. Supongamos que el Gobierno terminase por crear una empresa de titularidad pública y que logra ser generadora y comercializadora de electricidad, ¿qué clientes podrían acabar en dicha compañía?

La Unión Europea, tal y como sucede en otros sectores claves como el de las telecomunicaciones, no permite que una sociedad tenga un mayor número de clientes que los establecidos puesto que incurriría en prácticas anti monopolísticas ya que privaría al resto de empresas del sector eléctrico a acceder al mercado.

Desde las eléctricas apuntan que, además, si el Estado creara una empresa de generación, se daría un conflicto en el mercado mayorista. Al tratarse de un sistema marginalista, “los generadores tienen incentivos para presentar ofertas que reflejan los costes variables porque serán retribuidos el precio marginal del mercado”. Si las reglas cambiaran, las empresas “estimarán la oferta más cara que será aceptada”, para ofertar a ese precio con el resultado de tener un “mayor coste para los consumidores”.

Con todo, desde el sector se incide en que “la participación del Estado no está relacionada con el precio de la energía” y que la subida de precios mayoristas “se está dando en todos los países bajo el modelo marginalista”.