La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 61,3 millones de euros a 12 grandes constructoras por una infracción constitutiva de cártel consistente en la alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento entre 2014 y 2018. Entre las firmas sancionadas se encuentran filiales de Acciona, ACS, OHL, Ferrovial, FCC, Elecnor y Sacyr.

El organismo que dirige Cani Fernández resalta que se trata de una infracción muy grave prohibida por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y el 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además, les ha impuesto la prohibición de contratar con las administraciones públicas.

Las empresas participantes consiguieron adjudicarse 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento. El importe total superó los 530 millones de euros, lo cual supone el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado. Esto "da idea del impacto y alcance de este cártel", subraya el regulador.

Según detalla la propia CNMC, las empresas multadas por formar parte del citado cártel son Acciona Mantenimiento y solidariamente su matriz Acciona; Aceinsa; Alvac; API y solidariamente su matriz ACS; Audeca y solidariamente su matriz Elecnor; Copasa; Elsamex; Elsan y solidariamente su matriz OHL; Ferroser y solidariamente su matriz Ferrovial; Innovia y solidariamente su matriz Copcisa; Matinsa y solidariamente su matriz FCC, y Sacyr Conservación y solidariamente su matriz Sacyr.

En concreto, API (ACS), ha sido multada con 11,78 millones de euros. La filial de FCC, Matinsa, ha recibido una sanción de 8,5 millones. Por su parte, Ferroser (Ferrovial) deberá pagar 5,7 millones de euros. Para la filial de Sacyr también se imponen 5,17 millones, mientras que Elsan (OHL) ha recibido una sanción de 3 millones de euros. Por su parte, Acciona Mantenimiento deberá abonar 2,33 millones mientras que Audeca (Elecnor) ha sido sancionada con 2,6 millones.

Las empresas implicadas se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado. Según ha podido acreditar el organismo regulador, el cártel operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, aunque ha detectado conversaciones desde 2009.

Reuniones "para tomar café"

Según detalla el organismo regulador, el funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones "para tomar café" donde las empresas que formaban parte del mismo establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

Después, participaban "de forma sistemática en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado por el cártel que podían presentar".

Además, "el cártel asignaba una 'bolsa' de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación. Cuando mayores fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas, más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos", añade la CNMC.

Con esta práctica -dice Competencia- se conseguía limitar el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, pues el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo.

El sistema incentivaba a cada empresa a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones"

El sistema incentivaba a cada empresa "a concentrar sus posibilidades de adjudicación en un número limitado de licitaciones, presentando en las restantes ofertas con escasas o nulas posibilidades de adjudicación, convirtiéndose así en ofertas de cobertura", prosigue el regulador.

Las empresas acordaban también el umbral de descuentos para esas ofertas de cobertura y se comprometían a presentar ofertas en todas las licitaciones de cada grupo. De este modo se conseguía alterar el umbral de anormalidad (calculado sobre la base de las ofertas presentadas en cada licitación) y podían conseguir que ofertas de empresas ajenas al cartel realmente competitivas fueran excluidas del proceso de contratación.
 
Según asegura el regulador, "el sistema diseñado por las empresas se fue adaptando a los sucesivos cambios en los pliegos de contratación introducidos por la administración". "La mecánica empleada por el cártel resultaba particularmente compleja, facilitando la monitorización de su cumplimiento a la vez que se dificultaba enormemente su detección", remata.

Información anónima en 2017

La empresa Aceinsa se ha acogido al Programa de Clemencia de la CNMC, por lo que se ha beneficiado de una reducción del 50% sobre el total de la multa impuesta al haber aportado elementos de prueba y que han permitido a la CNMC detectar y acreditar la existencia del cártel.

En octubre de 2017, el organismo recibió una información anónima alertando de la posible existencia de un cártel que afectaba al mercado de prestación de servicios de conservación y explotación de carreteras. Tras inspeccionar las sedes de varias de las empresas implicadas, en julio de 2019 se incoó un expediente sancionador contra 13 de ellas y en diciembre de 2020 se incluyó a Ferrovial Servicios en el mismo expediente sancionador que finalmente no ha sido sancionada en concepto de autora, sino como responsable solidaria por al conducta de su filial (Ferroser).

Respecto a la prohibición de contratar con las administraciones públicas, las conductas anticompetitivas sancionadas se han prolongado más allá de la fecha de entrada en vigor de la prohibición de contratar (22 de octubre de 2015) por lo que se aplica la prohibición de contratar a las empresas participantes en el cártel. En este sentido, la CNMC ha decidido remitir a la Junta de Contratación del Estado la notificación de esta resolución a fin de que se inicie el procedimiento de determinación de la duración y alcance a las empresas sancionadas, en la medida que puedan seguir siendo licitantes en procedimientos de contratación pública.
 
La CNMC insta a la Dirección de Competencia para que vigile el cumplimiento íntegro de esta resolución y analice la posible responsabilidad de los directivos implicados en la infracción declarada en la resolución. Asimismo, se recuerda que contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.