El Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el proyecto de ley para reformar parte del actual sistema de pensiones (de 2013), que busca ligar su revalorización a la inflación para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo aunque suban los precios, entre otras medidas.

Los ministros ya aprobaron en julio el anteproyecto de ley de ese primer bloque de medidas de reforma de las pensiones, pero en esta ocasión comenzará así su tramitación en el Congreso de los Diputados, que se prevé intensa, a pesar de que el Ministerio de Seguridad Social, responsable de la reforma, mantiene que al elaborar el texto simplemente ha cumplido con las recomendaciones de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, donde están presentes los grupos políticos de la oposición.

En base a estas indicaciones de la comisión, mantiene, se han negociado con los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme los aspectos a reformar de la ley actual de pensiones y se ha llegado a un acuerdo. Sin embargo, aún así el Gobierno deberá enfrentarse a las críticas del resto de partidos, como ya adelantaron estos durante la última comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto, el pasado 7 de julio (disponible en Youtube), donde incluso sus socios de Unidas Podemos, presentes en el mismo Gobierno, le advirtieron de que no aceptarían "recortes ni fórmulas raras".

Es importante que el Ejecutivo saque adelante los cambios en la ley que ha acordado con los agentes sociales puesto que así se lo ha exigido la Comisión Europea para la concesión de los fondos europeos que impulsarán la recuperación del país tras la pandemia del coronavirus. En concreto, Bruselas establece que el sistema de pensiones "será reformado siguiendo un proceso de diálogo social, con el objetivo añadido de apoyar unas cuentas públicas sostenibles a medio y largo plazo" y buscando también que el nuevo sistema sobreviva a un posible cambio de Gobierno.

"No hay consenso político"

Pero vistas las críticas que los partidos lanzaron en la última comisión al ministro de Seguridad Social, responsable de la reforma, no parece fácil. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, insistió en la oposición del resto de partidos: "No hay consenso político para aprobar la reforma. La mayoría de los grupos parlamentarios lo que hemos manifestado es el desacuerdo con lo que usted está trayendo aquí, lo cual dificulta bastante la hoja de ruta que usted ha marcado", expresó.

Específicamente, Gamarra recalcó sobre aprobar la ley que "el Partido Popular no lo hará" y criticó que el Gobierno genere "incertidumbre y pesimismo" a la vez que consideró las medidas pactadas un aumento del gasto, cuando "hay que ahorrar" tras la situación provocada por la pandemia. Asimismo consideró que solo se trata del "aperitivo de una reforma global" puesto que esta primera parte de la reforma solo incluye algunas medidas, mientras que el resto se negociarán de cara a 2022. El PP es el grupo político mayoritario de la oposición, con 89 diputados, frente a los 155 del Gobierno (120 del PSOE y 35 de Unidas Podemos).

Vox (52 diputados) y Ciudadanos (10) se mostraron preocupados por la sostenibilidad del sistema a largo plazo, al igual que el resto de grupos, que han considerado que el José Luis Escrivá debería haber presentado su proyecto ante la comisión encargada de las pensiones antes de firmarlo con los agentes sociales y no al revés. Aun así, no está claro en qué sentido votará cada partido de la oposición, puesto que también dependerá de los cambios que introduzca cada formación política, salvo Unidas Podemos, que sí ha anunciado su apoyo con los mencionados condicionantes.

Asimismo, algunos aspectos, como la sustitución del factor de sostenibilidad (es decir, la herramienta creada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy que vinculaba las pensiones con la esperanza de vida) por un mecanismo de equidad intergeneracional, una fórmula que garantice la sostenibilidad del sistema, deberá decidirse entre el Gobierno, sindicatos y empresarios de aquí al 15 de noviembre.

De su lado, el equipo de Pedro Sánchez cree que la vinculación de las pensiones con la inflación aumentará el gasto en estas prestaciones (llegando a los 2,5 puntos de PIB en 2050), pero a la vez cree que se compensará con las otras medidas, como las dirigidas a retrasar la jubilación de forma voluntaria y las que revisan el modelo de jubilaciones anticipadas para retrasar algo más la edad media de jubilación, acercándola a la edad legal (hasta los 1,3 puntos de PIB en 2050), como ya ha explicado El Independiente en ocasiones anteriores.

Para más adelante queda un segundo bloque de medidas, entre las que se encuentran acordar la subida de las bases máximas de cotización, el nuevo sistema de cotización de autónomos y lo relacionado con el periodo de cómputo de las pensiones, que se negociará con los agentes sociales buscando aprobarlas a lo largo del próximo año.

Del lado de los sindicatos, el secretario de Políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo, ha valorado positivamente el acuerdo pero a la vez ha recordado lo que queda por negociar, y de la misma manera se ha expresado la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, incidiendo en que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional será lo que "sostenga un sistema público de pensiones justo, igualitario y sostenible". Bravo ha advertido de que es importante que "tenga una definición adecuada y no restrictiva" como, ha asegurado, creen "que es posible".