La subida del precio de la luz enfrentó este lunes a los diferentes partidos políticos, pero no solo: también a los dos partidos integrantes del propio Gobierno. Mientras que la ministra (socialista) de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, mantuvo que Europa prohíbe fijar precios, establecer precios máximos o mínimos o discriminar tecnologías, Podemos, desde fuera de la Cámara, apuntaba que mentía.

"Teresa Ribera dice que las propuestas de Unidas Podemos para bajar la factura de la luz son contrarias al derecho comunitario, cuando no lo son y se aplican en países como Francia. Quizá lo que ocurre es que el PSOE no quiere contrariar al oligopolio eléctrico", señaló a través de Twitter el portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

Asimismo, el secretario general del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha asegurado en su intervención en la misma Comisión que las normas comunitarias "no impiden regular el precio de la nuclear". "Precisamente dice que siendo un monopolio natural, sí es posible regular. Francia va por ese camino", ha dicho el diputado.

A la vez, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado que Ribera proponga lo mismo que hace unos días proponía el oligopolio eléctrico, a lo que ha añadido: "Si lo propone el oligopolio eléctrico, es difícil de creer que pueda servir para bajar la factura". "Nunca dicen 'bajar', dicen 'estabilizar'. Por supuesto, se puede estabilizar en precios altos", ha apostillado.

"De hecho, una de las formas que tienen las eléctricas para forrarse, además de manipular el mercado, es ofrecer unas facturas estables del mercado libre en las que ellas siempre salen ganando y tú siempre sales perdiendo", ha zanjado.

En concreto, Ribera ha descartado una intervención pública para fijar precios máximos o mínimos en el mercado mayorista insistiendo en que existe una "prohibición expresa" en el derecho comunitario para fijar precios en los mercados mayoristas, establecer precios máximos o mínimos y también la obligación de aplicar precios marginales.

"Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario", ha zanjado, remarcando que "eso es lo peor que se puede hacer", mientras que ha asegurado que el Ejecutivo luchará en Bruselas para conseguir rebajar la factura de la electricidad a los españoles, aunque sin anunciar medidas concretas.

Tras las críticas de Podemos, la ministra ha insistido en que en Francia se limita el precio a la energía nuclear, y ha asegurado que la de sus socios de Gobierno es una propuesta "atractiva conceptualmente", pero cree el caso francés "no es comparable", porque se trata de una medida "de competencia".

Por otro lado sí ha hablado de cambios en la tarifa regulada PVPC buscando estabilizar la factura de la luz, como por ejemplo, introducir indicadores más estables de manera que se encuentren precios más estables y menos volátiles. Al mismo tiempo, Ribera ha insistido en que esta tarifa es un 20% más barata que las de mercado libre, a pesar de las subidas de precio de este año.

Los datos que ha compartido la ministra de Transición Ecológica apuntan a que un consumidor con esa tarifa pagó de media 598 euros por la luz en 2018; 562 euros en 2019 y 512 en 2020, mientras que para este año se prevé que pague una media de 644 euros, un 25% más que el año pasado, aunque es necesario tener en cuenta que el año pasado los precios fueron especialmente bajos. Mientras, ha apuntado, el precio del mercado mayorista se ha triplicado respecto a 2020.

Sobre las hidroeléctricas: "No se ha mostrado ninguna empatía social"

La ministra también ha criticado que las empresas eléctricas, gestoras de las centrales hidroeléctricas, no hayan mostrado ninguna "empatía social", provocando así que su gestión haya llevado al precio más alto de la electricidad este agosto. "No se ha mostrado ninguna empatía social", ha lamentado, a la vez que ha apuntado en que es "muy probable" que las prácticas de las eléctricas sean legales, lo que no impide que lo vea injusto: "Esto no es razonable de ninguna de las maneras".

La tecnología hidroeléctrica no se ve afectada por los dos principales factores que han encarecido el precio de la luz estos últimos meses, es decir, la subida de los derechos del CO2 y del precio del gas. Aun así, se ha tratado de la energía más cara, por encima de las centrales de ciclo combinado, que recurren al gas natural.

En este sentido, ha hablado del vaciado de embalsas, y ha recordado que se ha producido una "escandalosa" reducción del caudal que "no es descartable que sea compatible" con las condiciones de explotación de esas centrales, con lo cual también tendría cobertura legal, pero, para la ministra, no es empático. "Aunque suena a broma, la empatía cotiza en Bolsa", ha afirmado. Como solución, ha avanzado que el Gobierno "está trabajando ya" en la aplicación del artículo 55 de la Ley de Aguas para "tener orden" en este tipo de concesiones.