La inflación este año está disparada. Existen ciertas razones para pensar que será algo temporal, o eso apuntan los expertos, pero lo cierto es que a día de hoy los españoles están comprando sus bienes y servicios habituales a un precio superior al que lo hacían el año pasado, mientras que sus ingresos siguen siendo los mismos. 

Es este desajuste el que ha llevado al Gobierno a querer subir 15 euros al mes el salario mínimo interprofesional (SMI), que está congelado en los 950 euros al mes desde enero, y a acordar el incremento anual de las pensiones conforme al alza, precisamente, de los precios generales (IPC).

De igual manera, el Ejecutivo también quiere compensar a los funcionarios por esta subida generalizada de los precios al consumo, y por eso, de cara a los Presupuestos de 2021, aprobó un aumento de los salarios de los empleados públicos del 0,9% con respecto a lo que habían recibido en 2020. 

No contentos con eso, Sánchez ha prometido e incluido en el Programa de Estabilidad 2021-2024 enviado a Bruselas que subsanará la diferencia entre el alza de los precios y la de los salarios de los trabajadores del Estado anualmente. En el caso de 2021, la inflación apunta a que terminará el año con un subida de alrededor del 3%, de media, como lo reflejan las estimaciones de los economistas. Eso es un 2,1% más que el 0,9% que ya les han compensado.

Siguiendo ese razonamiento y según los cálculos de este medio, el Gobierno habría de desembolsar al menos 76 millones de euros para cumplir su promesa y que los salarios de los trabajadores públicos sigan siendo los mismos aun con el incremento de los precios. 

Esa cifra se obtiene partiendo de la masa salarial (o retribuciones) que recibieron estos empleados y descontando todos los ingresos de los funcionarios que el Estado no aumenta cuando hace este tipo de equiparaciones (como complementos por productividad o de residencia en el extranjero), todo según los últimos datos disponibles, de 2017.

En total, son 3.581.217.634 euros los que el Estado gastó en retribuciones de sus funcionarios en 2017, como aparece en la estadística Masa salarial del personal al servicio del sector público administrativo, de la Secretaría del Estado de Presupuestos y Gastos, dependiente del Ministerio de Hacienda. El Gobierno ha dejado de publicar anualmente estos datos, como solía. Al pedir este medio las cifras actualizadas, Hacienda no los ha facilitado.

Después, se ha obtenido el diferencial entre la cantidad que supondría una subida del 0,9%, ya acometida, y lo que supondría otro alza del 2,1%. Se trata tan solo de una aproximación a la cifra real puesto que es esperable que las retribuciones de los funcionarios no sean las mismas que las de ese año, por bajas por jubilaciones, entre otros, pero es útil para conocer aproximadamente cuánto tendrá que desembolsar el Ejecutivo en este concepto.

Una promesa que no gustó al BdE ni al FMI

El Gobierno se ha comprometido ante la Comisión Europea a subir todos los años de 2021 a 202 el sueldo de los funcionarios con arreglo a la evolución del IPC, una novedad importante para este colectivo, que supera los 3,5 millones de trabajadores entre todas las administraciones públicas.

“La estrategia fiscal recoge un escenario inercial que parte de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 (...) incorpora, entre otros (...) la actualización de pensiones y cotizaciones y una subida retributiva de los salarios públicos constante todos los años, sin incluir el impacto de todas las medidas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas junto a este Programa de Estabilidad”, reza el Ejecutivo en el Programa de Estabilidad 2021-2024.

“Para el resto de ejercicios, y ante la ausencia de un nuevo acuerdo marco retributivo, conforme al escenario inercial, se ha previsto un crecimiento en línea con la evolución de precios”, añade. Se trata de un mecanismo distinto al que utilizaba el anterior Gobierno, que ligaba estas alzas al PIB.

Es una estrategia que no gustó al Banco de España, que ya protestó el año pasado por la subida de sueldo de los funcionarios, al advertir que cuando el Estado estima más inflación de la que luego se da genera un incremento del gasto público "cuestionable" y un deterioro "muy acusado" de las cuentas públicas. También el FMI apuntó que deberían evitarse este tipo de compromisos de subir el sueldo de los funcionarios para atajar el déficit.