El precio de la luz en España lleva semanas acumulando subidas y las posibilidades para controlar esa escalada han abierto una nueva brecha entre los socios del Gobierno. Conscientes del daño electoral que acarrea el alza de la factura de la electricidad para los hogares, Pedro Sánchez se comprometió este fin de semana a que las familias acaben el 2021 pagando en el conjunto del año aproximadamente lo mismo que en 2018, tras descontar el IPC.

Precisamente, el jefe del Ejecutivo ha decidido tomar como referencia el año en que el precio medio anual del megavatio hora marcó los niveles más altos de la última década. Según los datos del operador del mercado eléctrico en España y Portugal (OMIE), el precio anual en el mercado mayorista alcanzó su máximo desde 2008 hace tres años, con 57,29 euros por MWh.

El líder socialista se mostró antes de su llegada a Moncloa muy crítico con el gobierno de Mariano Rajoy, al que reprochaba no tomar medidas para controlar el alza de los precios. "En la última década no se había registrado un precio tan alto de la electricidad en España. El recibo ha pasado de 46 euros a 88, casi el doble. ¿Qué tiene que decir el Gobierno?", reprochaba al Ejecutivo del PP en enero de 2018.

Por contra, en 2020 se había quedado en sólo 33,96 euros y, en 2019, marcó los 47,68 euros. En este 2021, se sitúa de forma provisional en 68,49 euros. "Creo que la referencia a 2018 es porque es cuando llegamos al Gobierno", se ha limitado a señalar este lunes la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuyo departamento está trabajando en un plan de medidas para intentar frenar el alza de la factura.

El precio ha dado este martes un pequeño alivio (127,36 euros por MWh), con la cifra más baja desde hace una semana. Sin embargo, supone multiplicar por tres al que registró el segundo martes de septiembre del año pasado (41,54 euros).

De momento, existen varias posibilidades sobre la mesa, aunque está descartada la puesta en marcha de una empresa pública de energía como pide Unidas Podemos o intervenir el precio de la hidráulica o la nuclear, algo que prohíbe la Unión Europea. En materia impositiva, el Gobierno ya ha bajado el IVA del 21 al 10% hasta final de año, aunque puede reducirlo hasta el 4%, además de ejecutar más cambios en la parte fija de la factura.

En cualquier caso, la forma en que el récord de precios del mercado mayorista se trasladan al consumidor varía en función de la tarifa que se emplee. Según expuso Ribera en una reciente comparecencia ente el Congreso, el precio medio de la factura con la tarifa regulada en 2018 fue de 598 euros, mientras que en 2021 está previsto que llegue a los 644 euros. Por tanto, tendría que bajar 46 euros de aquí a final de año para que se pueda cumplir la promesa de Sánchez para los 10,5 millones de hogares que tiene esta modalidad.

Según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), además de tener el precio más alto del KWh, en 2018 se registró el precio medio anual más alto en la factura de la luz, con 67,21 euros. Un dato que contrasta con los 56,28 euros de 2020; los 62,33 euros de 2019, o los 63,85 euros de 2014 por poner algunos ejemplos. De momento, el dato provisional para este año es 68,46 euros. Desde esta asociación consideran además que para que la promesa de Sánchez llegue a buen término, es indispensable eliminar el impuesto especial de la electricidad, que eleva el precio de la factura en un 5,11%.

Por su parte, la organización Facua-Consumidores en Acción calcula que el usuario medio acabó pagando en 2018 un total de 926,16 euros por la factura eléctrica (77,18 euros mensuales de media). Según sus cálculos, se trata del segundo año más caro de la historia, tras los 958,41 euros que alcanzó en 2012 (79,87 euros mensuales). Actualmente, aseguran que la factura del usuario medio ha representado una media de 79,61 euros, un 6% más cara que la de los ocho primeros meses de 2018.

En el acuerdo de coalición entre socialistas y morados figuraba expresamente la promesa de ejecutar una "reforma del mercado eléctrico y bajada de la factura". Entre otras cosas, se comprometieron a implantar "cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión". De momento, la medida sigue en trámite.

Al margen de eso, el plan de choque que prepara el departamento de Ribera podría obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales.

Asimismo, el Ejecutivo ha puesto en marcha medidas para la protección de los consumidores más vulnerables con la prohibición de que se corte la luz a los que no puedan pagar o con el bono energético. En 2018, aprobó aprobó el bono social térmico y suspendió el impuesto de generación.