El Ministerio de Trabajo ha decidido aplazar la decisión sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a la espera de la patronal CEOE mueva ficha. La ministra Yolanda Díaz lo tenía claro la semana pasada: el incremento del SMI para este año y los dos próximos sería decidido este lunes, de forma "inminente" después de la segunda y última reunión sobre este tema entre su departamento, sindicatos y organizaciones de empresarios, con o sin la aprobación de estos últimos.

Pero las cosas parecen haber cambiado. Transcurrió todo el día y al cierre de la edición de este periódico el paso no se había dado, algo que fuentes cercanas a la negociación atribuyen a un intento de acercarse a la patronal por parte del Ministerio, sobre todo para facilitar el resto de acuerdos que es preciso alcanzar antes de que termine el año. Desde esa cartera del Gobierno se han limitado a apuntar que la intención es seguir negociando, aunque no hay ninguna otra reunión convocada para este tema.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que preside Antonio Garamendi se ha mostrado desde el primer momento contraria a cualquier subida del SMI, justificándose en que multitud de pequeñas empresas continúan en una situación muy delicada un año y medio después del estallido de la pandemia, e insistiendo en que la medida "contraerá el empleo". En esa línea, la directora de Relaciones Laborales de la CEOE, Rosa Santos, presente en las reuniones, comunicó el pasado miércoles (fecha de la primera reunión) el rechazo frontal de la patronal a la propuesta del Gobierno para este 2021, aunque aseguró que están "abiertos a hacer un análisis" para los años 2022 y 2023.

Por su parte, el Ministerio responsable de la medida ha repetido a lo largo de las últimas semanas que no necesita el visto bueno de la CEOE para incrementar el salario mínimo. La misma ministra Díaz, este lunes lo subrayó: "A lo que estamos obligados es a una simple consulta. Pero yo he querido que no fuera una consulta sino una mesa de diálogo social de las ordinarias", declaró desde su visita a Asturias.

Así, Trabajo ha remarcado en multitud de ocasiones que subirá el SMI con o sin los empresarios, porque no precisa de su aprobación. Pero, de acuerdo con las mismas fuentes, al Ministerio le interesa contar con el beneplácito de la patronal. Por un lado, porque supondría el undécimo acuerdo alcanzado en el seno del diálogo social del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que serviría como bandera que enarbolar, y por otro, porque no le conviene tensar la relación con la patronal con una ristra de otras negociaciones encima de la mesa.

En lo que queda de año (y en ningún caso más tarde, ya que a eso se ha comprometido), el Gobierno tiene pendiente pactar con los mismos sindicatos (CCOO y UGT) y patronales (CEOE y Cepyme) un mecanismo de equidad intergeneracional que garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones, la reforma laboral y la ampliación de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ahora mismo prorrogados hasta el 30 de septiembre. Asimismo, deberán acordar cómo equiparar las condiciones de acceso a las pensiones de viudedad del colectivo de las parejas de hecho al de las parejas constituidas en matrimonio.

Son negociaciones en las que el Ejecutivo necesita sí o sí llegar a pactos con los empresarios y los sindicatos y no solo porque así lo ha prometido sino porque lo exige la Comisión Europea específicamente para conceder los tan sonados fondos europeos para la recuperación de la crisis del Covid-19, de los que España puede recibir 140.000 millones (69.500 millones, en forma de subvenciones, y el resto, como préstamos a devolver que aún no ha solicitado).

«El sistema de pensiones será reformado siguiendo un proceso de diálogo social, con el objetivo añadido de apoyar unas cuentas públicas sostenibles a medio y largo plazo», estableció el Ejecutivo europeo cuando anunció que daba el visto bueno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español y que España recibiría la primera parte de estos fondos, 9.000 millones, en julio. De la misma manera vinculaba la reforma laboral al diálogo social: «El diseño final de las varias reformas del mercado laboral estará sujeto al resultado de un proceso de diálogo social».

Fuentes de la Comisión Europea concretaron entonces a este medio que esta exigencia tiene como fin garantizar que ambas reformas sobrevivan a un posible cambio de Gobierno, de manera que si el Partido Popular llega al poder y, como ha prometido, deroga la reforma laboral de Yolanda Díaz, deberá hacerlo con la oposición de los sindicatos y las organizaciones empresariales, con quienes estos cambios ya se hayan consensuado, lo que dificultará un cambio de rumbo.

La CEOE ha suavizado su posición

Igualmente, el cambio de postura del Ministerio de Trabajo habría tenido que ver con que la CEOE habría suavizado su oposición ante la subida del SMI, como se ha visto reflejado en la reunión mantenida este lunes. Mientras que tanto CEOE como Cepyme mostraron la semana pasada su frontal oposición (en palabras de la directora del departamento Socio-Laboral de Cepyme, Teresa Díaz de Terán: "Este no es un momento de subida del SMI. Es un momento muy delicado para las pymes, está en peligro su viabilidad"), este lunes ninguna de las dos organizaciones hizo declaraciones al respecto.

De su lado, los sindicatos han apreciado una mejor disposición de los empresarios que podrían llevar a concretar una propuesta a lo largo de los próximos días. Asimismo, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, comunicó en la reunión que la intención del Gobierno es subir el SMI desde el pasado 1 de septiembre, parte decidida y que no formaría parte de la negociación. Esta decisión se conoció solo unas horas después de que la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dijese en la radio que se había decidido subir a partir de octubre, lo que mostró una nueva discrepancia (o, quizá, falta de coordinación) entre ambos departamentos del Gobierno.

La propuesta de Trabajo anunciada la semana pasada comprende subir el SMI 15 euros al mes este año (lo que queda de él), 31 euros al mes en 2022 y 31 euros al mes en 2023, para que así suponga el 60% del salario medio en España, como exige la Carta Social Europea. Ahora mismo, el salario mínimo está congelado en los 950 euros al mes desde el mes de enero. La subida de 15 euros propuesta no compensaría el alza del precio de la luz de este año, pero tampoco la subida general de los precios. Este agosto, los precios han subido por encima del 3% frente al año anterior.