Los municipios rurales españoles con menor presión fiscal tienen un peor acceso a servicios locales. Es una de las conclusiones del último informe del Banco de España, titulado El acceso a servicios en la España rural, y que busca entender por qué la población se concentra en una parte muy concreta del país, así como las diferencias en cuanto a accesibilidad de servicios entre las zonas rurales y las urbanas y sus razones.

Los resultados apuntan a que en España las áreas rurales presentan una peor accesibilidad a servicios que sus homólogas europeas, cosa que no sucede en las áreas urbanas. Pero, además, a partir del análisis de la presión fiscal de cada municipio, así como los impuestos de cada localidad y su propensión al endeudamiento y cumplimiento de las reglas presupuestarias, revela que los ayuntamientos con mayor capacidad recaudatoria tienen mayor margen para proveer de servicios locales.

El documento llega en pleno debate fiscal a raíz de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidiera eliminar todos los impuestos propios de la región, es decir, el tributo sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados y el impuesto sobre depósito de residuos. Con ellos apenas recaudaba el 0,02% del total, lo que por habitante suponía 0,7 euros, pero ha bastado para devolver a la palestra la discusión sobre si es preferible o no eliminar impuestos.

Es la línea que defiende el PP, o, al menos, parte de él. La vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, aseguraba esta semana en una entrevista que el plan fiscal de su partido suprime los impuestos de patrimonio y sucesiones y que rebaja IRPF y sociedades, lo que calificaba de “plan de choque fiscal”. “Nosotros defendemos una bajada de impuestos amplia. Nuestra hoja de ruta pasa por mejorar la competitividad de las empresas, bajar los impuestos y ofrecer soluciones reales a los problemas reales”, declaraba.

Del lado contrario, el PSOE, en el Gobierno, ha designado un comité de expertos para que analice qué impuestos pueden subirse, buscando reducir las diferencias de recaudación entre España y la Unión Europea, y presumiblemente algunos de esos incrementos entrarán en vigor en 2022, sobre todo, el de sociedades y los de sucesiones, patrimonio y donaciones. Podemos también ha insistido en que presionará para que en el próximo trimestre se haga realidad el establecimiento de un tipo mínimo en el impuesto de sociedades en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

El Banco de España no ahonda en las causas, es decir, en si los pueblos cuentan con menos impuestos buscando atraer a población o si se debe a otros motivos, pero sí especifica que los resultados de su informe indican una clara relación entre menos impuestos y peores servicios: “los municipios que presentan una menor presión fiscal y un menor nivel de endeudamiento por cada euro ingresado se caracterizan por una mayor distancia media al servicio local más cercano”. “De este modo, una vez que controlamos por estos aspectos fiscales, el diferencial rural-urbano en la distancia media a servicios locales se reduce de forma muy acusada (...) y ya no es significativo estadísticamente”, establece.

La menor presión fiscal, es decir, los menores impuestos debido a que las entidades locales fijan tipos impositivos más bajos en aquellos en los que tienen competencias, se une a que por cada uno de ellos en las áreas rurales suele recaudarse menos (por ejemplo, por el menor valor de los inmuebles, entre otros), lo que da lugar a una menor recaudación total. Por eso, los ayuntamientos dependen más que otras entidades de las transferencias del Estado, y el informe considera probado que a mayor dependencia (o menos autonomía financiera), menos y peores servicios públicos locales, y no mejores.

A eso hay que sumarle que los municipios rurales tienden a estar más aislados, geográficamente, lo que supone una mayor dificultad y un mayor coste en la provisión de determinados servicios, de manera general. A ese respecto, el Banco de España recuerda que son muchas las razones que llevan a los ciudadanos a concentrarse en una parte del territorio, como la mayor proximidad entre empresas y trabajadores, que facilita las interacciones entre ambos, pero a la vez estas dinámicas dan lugar a otros inconvenientes que generan descontento social, como por ejemplo, por el despoblamiento de las zonas rurales.

En esa línea, el informe apunta a que en España el ciudadano medio debe recorrer 3,5 kilómetros para acceder al servicio local más cercano (por ejemplo, una biblioteca, una escuela infantil o un centro de asistencia sanitaria primaria), frente a los 4 kilómetros de la UE. La diferencia mayor se encuentra al diferenciar entre zonas rurales y urbanas: el ciudadano medio de las provincias rurales españolas debe recorrer 12,4 kilómetros hasta ese servicio local más cercano, frente a los 4,8 kilómetros que debe desplazarse en Alemania o los 7,6 kilómetros en Francia. En el caso de las zonas urbanas no existe esa diferencia.