La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acusado este viernes a la patronal CEOE de no negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI): "Siento mucha tristeza", ha asegurado, "hay una parte que se ha sentado en esa mesa sin negociar, que ha dicho 'quiero cero euros', es decir, congelar el salario mínimo, y que ha salido diciendo 'quiero cero euros'. Eso no es negociar", ha lamentado.

Díaz no ha hablado explícitamente de la organización de empresarios pero sí ha resaltado en esta entrevista en TVE que va a buscar un acuerdo "con el mayor número de interlocutores posibles". La única parte de la negociación que falta por dar su "sí" a este incremento propuesto por el Gobierno es la patronal. A la vez, la ministra ha asegurado que estos días, a pesar de que no están teniendo lugar reuniones formales, se está trabajando en este pacto para subir los salarios más bajos del país, y ha recordado que no está obligada a conseguir un acuerdo con los sindicatos y los empresarios.

"Obviamente en una crisis galopante como la que tenemos hay que ayudar a los que menos tienen. Es muy incomprensible que alguien diga que no toca", ha remarcado. "No hay mayor herramienta para luchar contra la pobreza laboral que subir el salario mínimo interprofesional", ha afirmado. Asimismo, ha asegurado que en octubre, noviembre y diciembre habrá un salario superior, sea cual sea la postura de la CEOE.

El SMI está ahora congelado en 950 euros al mes y la vicepresidenta y ministra Díaz lleva meses insistiendo en que no puede seguir así en un momento en que el Gobierno está subiendo las pensiones y los sueldos de los funcionarios, y en el que, además, la inflación está disparada. Por eso, la semana pasada Díaz proclamó en otra entrevista en Onda Cero que la decisión se tomaría este lunes (6 de septiembre), después de la reunión entre sindicatos, organizaciones empresariales y su Ministerio, pero se ha retrasado por el afán del Gobierno de buscar un punto de encuentro con la CEOE, que ahora se antoja imposible.

Desde la misma patronal aseguraron este miércoles a El Independiente que ese día celebraron una reunión de su comité ejecutivo en la que avalaron el «no» a la subida del salario mínimo. Como la misma organización lleva proclamando toda la semana, la postura de sus asociados es que no es el momento, porque multitud de empresas se encuentran en una situación crítica tras el golpe que la pandemia ha supuesto para sus cuentas y un alza de los sueldos las debilitaría aún más.

El Gobierno designó un comité de expertos para que evaluase cuánto debía subir el SMI, que en junio determinó que deberá aumentar como mínimo hasta los 1.011 euros al mes en 14 pagas (61 euros más que el actual) de aquí a 2023. A la vez, los expertos ofrecieron tres posibles escenarios: una subida de 19 euros en 2021, 40 euros en 2022 y 40 euros en 2023 (en total sería un aumento de 99 euros); una subida de 15 euros en 2021, 31 euros en 2022 y 31 euros en 2023 (77 euros en total) o un aumento de 12 euros en 2021, 24 euros en 2022 y 25 euros en 2023 (61 euros en total). 

Ahora, corresponde a Trabajo planificar de qué manera acomete ese subida. En la reunión celebrada la semana pasada, el Ministerio propuso incrementarlo 15 euros al mes este año, 31 en 2022 y 31 en 2023, es decir, 77 euros en total para llegar a un salario mínimo de 1.027 euros en ese horizonte.

ERTE

La ministra también ha anunciado que convocará para el próximo día 16 a los agentes sociales con el fin de empezar a discutir la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que finalizan el próximo 30 de septiembre. "A mí no me gusta nada que vayamos al límite, pero siempre vamos al límite", ha apuntado ante la escasa distancia que existe entre el inicio de las negociaciones y la fecha de expiración de los actuales ERTE.

Díaz ha pedido "tranquilidad" a empresas y trabajadores, porque aquellos sectores que lo necesiten seguirán teniendo el instrumento de los ERTE a su alcance. Preguntada por si se prorrogarán en las condiciones actualmente vigentes, la ministra ha afirmado que se analizarán los datos disponibles y, en este sentido, ha recordado que "apenas" quedan 260.000 trabajadores en ERTE, y solo una parte de ellos se encuentran suspendidos de empleo a tiempo completo.