El incremento del precio del gas en los últimos meses es uno de los grandes culpables de la escalada en el precio de la factura eléctrica. El auge de la demanda asiática y algunas variables geopolíticas lo han llevado a cifras récord. Pero hay un elemento más desconocido para el gran público que también presiona al alza. Se trata de un sistema que obliga a los productores de energías contaminantes a pagar por los derechos para emitir CO2 a la atmósfera.

La Unión Europea puso en marcha en 2005 el denominado ETS (por sus siglas en inglés), un mercado mediante el que se otorgan autorizaciones a las industrias y actividades que emiten este gas de efecto invernadero. Unos se reparten gratuitamente -para la gran industria- y otros se subastan. A cambio de ello, las fábricas y centrales que usan combustibles fósiles deben pagar un canon por cada tonelada emitida.

Pero tras más de una década de precios bajos, en 2018 se introdujo una nueva regulación mediante el que entraron fondos y bancos de inversión. Y ahora, ese mercado también está disparado por encima de los 60 euros por tonelada.

"La escalada de los precios ha sido de una magnitud tan elevada (un 71% entre diciembre de 2020 y junio de 2021) que, según algunos analistas, no puede descartarse que exista un componente especulativo significativo", advierte un reciente informe del Banco de España. De hecho, existe un mercado secundario en el que las empresas pueden poner en venta su excedente de derechos, que también pueden guardar para futuros ejercicios.

En el caso de la producción de energía eléctrica, son las centrales de ciclo combinado (gas) las que tienen que comprar esos derechos de emisión de CO2 para desarrollar su actividad. Sin embargo, lo acaban repercutiendo en el precio al que venden su energía en la subasta del mercado mayorista y esto acaba siendo trasladado al consumidor final acogido a la tarifa regulada (unos 11 millones de hogares).

Según los cálculos de los expertos y del propio Banco de España, esto acaba suponiendo aproximadamente un 20% de lo que cuesta producir un megavatio hora en ciclo combinado. Después, su traslación a la factura es algo inferior. Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, Diego Rodríguez Rodríguez, supondría actualmente alrededor de 25 euros de los 150 a los que se vende actualmente el MWh en el mercado mayorista.

¿Dónde va la recaudación?

¿Pero a dónde va a parar ese dinero que abonan las eléctricas por los derechos de emisión? Pues al Tesoro Público. En total, este año el Gobierno ingresará cerca de 2.600 millones. En el caso de nuestro país, una parte de ese montante se transfiere después a la CNMC para que lo inyecte en el sistema eléctrico y se puedan cubrir los costes; fundamentalmente, de las renovables. "Esto ya supone pagar menos costes del sistema en la factura, porque una parte se están pagando desde 2012 con la subasta de derechos de emisión", recuerda Rodríguez, también investigador de Fedea y exconsejero de la CNMC.

Sin embargo, podrían introducirse cambios en este sistema que grava no sólo a las centrales, sino también a las siderúrgicas, la minería o las refinerías. El pasado mes de junio, la CNMC publicó el informe sobre el "anteproyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico", remitido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El organismo que dirige Cani Fernández proponía que, en lugar de considerar los ingresos obtenidos como ingresos liquidables del sistema, estos sirvan para reducir el coste de la energía del consumidor eléctrico, que es quien realmente soporta el sobrecoste que supone para las eléctricas abonar los derechos de emisión del CO2.

El anteproyecto de Ley propuesto por el Gobierno prevé que lo recaudado se destine en un 90% a financiar los costes regulados relativos a las energías renovables, reduciendo los cargos que pagan los consumidores. Además, el 10% restante se dedicará a poner en marcha políticas de lucha contra la pobreza energética con transferencias a las administraciones públicas para atender el suministro de los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión.

¿Hay margen para frenar la escalada?

Los analistas no descartan que esos derechos acaben superando la barrera de los 100 euros por tonelada de aquí a unos años, a medida que Bruselas vaya retirando los derechos en circulación. Así que la pregunta es: ¿Hay margen de maniobra para contener el boom?

"Nadie duda del papel importante que juega la regulación del precio del CO2 para generar incentivos a la descarbonización, aunque en los últimos meses se han superado significativamente los niveles que estaban previstos", dice Antonio Hernández, Socio de Sectores Regulados y Análisis Económico de EY. 

Los analistas no descartan que esos derechos superen la barrera de los 100 euros por tonelada de aquí a unos años

"Ante esta coyuntura y mientras no entren en vigor los mecanismos de ajuste en frontera, sería muy positivo que la Unión Europea valorase la posibilidad transitoria de tomar medidas para suavizar el impacto que está teniendo en el precio de la electricidad en los consumidores y en la competitividad de las empresas europeas, para evitar la fuga de carbono", añade.

La clave estaría en poner más derechos en circulación en el mercado para conseguir rebajar el precio y aliviar la presión sobre la factura de los consumidores. "La señal de precio de CO2 debe ser un instrumento para facilitar la innovación, no puede ser una guillotina para los consumidores domésticos ni industriales. Este es un asunto pertinente en el debate europeo", reconocía la propia ministra Teresa Ribera hace unos meses ante el Congreso.

Sin embargo, esto implicaría aceptar que se emita más CO2 e ir en contra de la senda de descarbonización fijada por el Ejecutivo comunitario para 2030. A la propia UE le interesa que el precio no sea bajo para que actúe de verdad como un mecanismo que desincentive las tecnologías 'sucias' y potencie las renovables. "Emitiendo más derechos se reduciría el precio. Pero la Comisión no lo hace y no creo que lo vaya a hacer porque quiere dar una señal de ambición. Técnicamente no es un problema, pero tiene un objetivo político de avanzar rápido en la descarbonización", concluye Rodríguez.