En España hay 2,16 millones de parados que no cuentan con formación profesional (FP) ni universitaria, según refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, que estudiaron, como mucho, la educación secundaria obligatoria (ESO). Representan el 60% del total de desempleados españoles y ahí radica su dificultad a la hora de encontrar empleo, en la ausencia de algún tipo de estudios superiores que les permitan acceder a puestos que la requieren, y que hoy día son la mayoría.

A raíz de esa falta de cualificación es como se generan miles de vacantes que no consiguen cubrirse pese a las altas tasas de desempleo que el país registra, azotado por la pandemia. Según la misma EPA, en el primer trimestre España registró una tasa de paro del 15,98%. Los datos más recientes del Ministerio de Trabajo (que no facilitan una tasa) apuntan que a finales de agosto los desempleados en España eran 3.333.915. 

Es difícil concretar cuántas vacantes no consiguen cubrirse en el país, puesto que no existe una estadística oficial. Pero esta ha sido la denuncia recurrente del verano de hosteleros y hoteleros, que han protestado por la falta de empleados cualificados para sus negocios, asegurando que este déficit afecta al conjunto del sector. Los empresarios apuntan a que este año se ha notado más que en ocasiones anteriores, algo que los expertos atribuyen al trasvase de estos trabajadores a otros sectores más estables, hartos de las restricciones, por la pandemia, que condicionaban sus puestos, y por tanto, sus nóminas.

En esa línea, el director de Randstad Research, Valentín Bote, no duda en atribuir directamente la imposibilidad de los parados a acceder a esas vacantes a la falta de formación de estos españoles. «La mayor parte del paro en España y del paro de larga duración viene asociado a esa falta de cualificación», zanja. «Hace tiempo pensábamos que había actividades donde no requerían ninguna cualificación, el ‘no tengo estudios, me voy a poner ladrillos o a trabajar de camarero’. Pero ya no es tan sencillo», contaba a El Independiente.

Como ejemplo de uno de los perfiles más demandados y con escasez de personal es el de los electromecánicos en los sectores industriales (puesto para el que se necesita FP), sobre todo importante en las provincias con industria de automoción de España. «Tienes muchos jóvenes que terminan la ESO y ya no siguen estudiando, así que sus oportunidades laborales son muy reduciditas. Pero si hubieran dado ese paso para estudiar FP les resultaría facilísimo encontrar empleo», zanja el experto.

Los datos de la EPA revelan, además, que esa falta de formación no es solo de formación profesional o universitaria, sino que en muchos casos los inscritos en las oficinas de empleo no tienen la ESO. En concreto, 20.600 de esos parados son analfabetos, 57.200 solo tienen estudios primarios incompletos, 257.000 tienen solo la primaria, 1,27 millones tiene únicamente la primera parte de la ESO, y 559.000 terminaron la secundaria.

Asimismo, la mayor parte de estos parados sin formación tiene entre 30 y 44 años (1,13 millones), mientras que el segundo y el tercer grupo más numeroso los conforman los parados de entre 45 y 54 años y los de 55 años o más, lo que apunta a que muchos de estos se encuentran en una situación de paro estructural y necesitarán de un periodo de formación o reciclaje específico que les permita conseguir un empleo.

En estos datos no se incluyen a los afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), mecanismo que se flexibilizó con la pandemia y que continúa prorrogado, por ahora, hasta el 30 de septiembre. Ahora mismo quedan 227.190 personas en ERTE.

Una ley de FP para impulsar el empleo

En esta línea, el Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, una gran apuesta del Gobierno para cubrir las necesidades de la economía española, en previsión de que serán necesarios más trabajadores con cualificación baja e intermedia, es decir, técnicos de FP.

La propuesta busca hacer más atractiva esta etapa, por ejemplo, fomentando las prácticas con una FP dual (general e intensiva), posibilitando la realización de cursos de menos duración y con una oferta modular y más flexible dirigida tanto a estudiantes como a trabajadores con cinco nuevos grados.

Según el Gobierno, solo el 12% de los jóvenes españoles están matriculados en Formación Profesional, frente al 25% en la OCDE y el 29% en la Unión Europea, y solo el 25% de la población activa española dispone de cualificación intermedia y un 35% tiene cualificación baja. A la vez, el Ejecutivo estima que en 2025 el 50% de los trabajos requerirán un nivel de cualificación media (técnicos y técnicos superiores de Formación Profesional) y solo el 16% un nivel bajo, según datos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.