Los ministerios de Trabajo y Economía Social e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones llevan ya gastados al menos 2,1 millones de euros en la contratación de servicios profesionales externos para tratar de dar solución al ciberataque sufrido hace tres meses pero aún se registran multitud de incidencias en algunos servicios que entorpecen seriamente el trabajo diario y mantiene en la desesperación a muchos funcionarios.

Entre el 13 de julio y el 31 de agosto pasados, el Consejo de Ministros ha tomado razón de siete actuaciones de emergencia tramitadas por los departamentos que dirigen Yolanda Díaz y José Luis Escrivá a fin de solventar los problemas causados por el ataque informático mediante ransomware (secuestro de datos) sufrido el pasado 9 de junio y restablecer el funcionamiento. El sabotaje afectó fundamentalmente a Trabajo y Economía Social, si bien alcanzó también algunas secciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que estaban unidas informáticamente.

Justo dos días después de la agresión cibernética, la Subdirección General de Administración Financiera y de la Oficina Presupuestaria de Trabajo y Economía Social firmó la resolución por la que se contrataba un servicio de respuesta a Fujitsu Technology Solutions SA por "contar con los expertos en ciberseguridad requeridos" y atesorar una "gran experiencia en este ámbito. Con un importe de 145.893,33 euros, la adjudicación se realizaba a toda prisa debido a la "situación de grave peligro para la seguridad nacional y para la disponibilidad y confidencialidad de los datos, información y documentos que obran en poder de la Administración pública", según reconocía la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la memoria justificativa.

Fujitsu, uno de los proveedores a los que ha recurrido el Ministerio de Trabajo para solucionar los problemas derivados del ciberataque

A ese encargo siguieron tres más en días posteriores, según la documentación obtenida a través de una solicitud de acceso tramitada a través del portal de la transparencia. Así, a Sidertia se le contrató para que realizara una auditoría de la infraestructura hardware, software y de comunicaciones según las directrices del Centro Criptológico Nacional (CCN) por 290.400 euros; a Sermicro se le encomendó una asistencia técnica microinformática (67.480,47 euros) y Fujitsu volvió a ser contratada para que prestara apoyo a las infraestructuras para la recuperación (486.450,25 euros).

Yolanda Díaz dio cuenta de estas primeras cuatro contrataciones al Consejo de Ministros en la sesión del pasado 13 de julio, un trámite que la Ley de contratos del sector público exige en su artículo 120.1.b) cuando se recurre a la tramitación de emergencias. A la reunión del 31 de agosto volvió a llevar dos más: una por importe de 243.188,10 euros relativa a la contratación del servicio de protección 'Endpoint' para los equipos del ministerio (a Centro Regional de Servicios Avanzados SA) y otra por 65.986,49 euros para adquirir la aplicación o sistema de doble factor de autenticación para los accesos remotos a las redes y sistemas (Fujitsu). 

Entre una y otra, concretamente el 27 de julio, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones elevó otra toma de razón relativa a la contratación de los servicios necesarios para dar respuesta a la situación generada en su departamento por el ataque sufrido por Trabajo. Esa encomienda ascendió a 863.148,18 euros, lo que hace que la factura sume ya 2.162.546,82 euros.

Una de las adjudicaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo tras el ciberataque sufrido el pasado 9 de junio.

Pese al dinero destinado, el Ministerio de Trabajo y Economía no ha logrado tres meses después que todos sus servicios se presten con total normalidad, según se desprende de los testimonios recabados por este diario entre sus funcionarios. Es el caso de los inspectores y subinspectores de Trabajo, que alertan de la posible caducidad o prescripción de actuaciones ya realizadas por las incidencias técnicas que siguen sufriendo a diario.

Riesgo de caducidad de actuaciones

"Nuestro trabajo tiene periodos de caducidad de cinco o nueve meses y, si no resuelves los expedientes en ese margen, tienes que retomar la actuación. Estamos trabajando a ciegas. Mientras no se restaure el sistema no sabremos con seguridad a cuáles de nuestras actuaciones les han dado trámite y siguen en marcha y cuáles están afectadas por esa prescripción", describe un subinspector de Trabajo.

Este funcionario asegura que el programa en el que vuelcan las actas, los informes y dan de alta a las empresas que visitan e investigan -llamado 'Integra'- sigue ofreciendo "muchísimos problemas de conexión", a pesar de que se les había informado de que a principios de septiembre estarían ya solventados los fallos provocados por el ataque informático. "Hay días completos en los que no te puedes conectar, otros en los que a la media hora se cae el sistema, vas metiendo documentos y no se te cargan... Si vieras el grupo de Whatsaap de la plantilla a la que yo pertenezco podría leer 70 incidencias diarias y emoticonos de caritas con lágrimas porque esto no hay quien lo aguante. Un auténtico caos", resume.

Un ordenador sin conexión al programa 'Integra'.

Este subinspector asegura que hay funcionarios que sin saberlo han rubricado en el portafirmas digital actas e informes como si fueran suyos por disfunciones del sistema, lo que puede conllevar ahora la anulación de dichas actuaciones.

En un comunicado difundido el pasado miércoles, el Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess) niega que se haya restablecido el normal funcionamiento de los equipos y aplicaciones, en contra de lo que se les ha comunicado. "Lo cierto es que, a día de hoy, todo el personal que conforma el Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sigue sufriendo los perjuicios del citado ataque informático", denuncia.

"Lentitud" y "continuos errores" del programa 'Integra', la inoperatividad de las aplicaciones Silcoiweb, Axesor y Adexttra, la petición a veces por parte del sistema de la obtención de un certificado oficial de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) son algunas de las incidencias enumeradas por este sindicato. "A todo ello hay que añadir el hecho de que, en algunas inspecciones provinciales, se haya tenido que solicitar por parte de la jefatura voluntarios entre los actuantes para poder instalar 'Integra' virtual en los distintos equipos, no habiéndose dispuesto por parte de este Ministerio de personal informático suficiente para ello", añade.

El temor de los subinspectores es que los "fallos constantes" del sistema derivados del ataque informático les impida alcanzar la productividad individual, lo que tendría reflejo negativo en su remuneración pese a haber realizado el trabajo. Esa productividad se contabiliza trimestralmente, debiendo tener presentado el trabajo el día 15 del último mes del periodo. La duda es si el sistema permitirá grabar las actuaciones llevadas a cabo, que las jefaturas puedan revisarlo y se tramiten por el personal administrativo.

Para evitar esa situación, el Seslaess ha pedido a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que emita una resolución "difiriendo el cómputo de los plazos de demora de las órdenes de servicio hasta el 31 de diciembre", al objeto de que los funcionarios no sufran perjuicio alguno ante la dificultad de acabarlas en tiempo por los errores informáticos. "Por parte de este Organismo no se puede hacer total responsable al personal actuante de la consecución de unos objetivos tanto individuales como colectivos como si no pasara nada, habiéndose aquél lavado las manos en esto con la emisión de la resolución el 3 de septiembre de 2021", reclama.

Marcha del director de la Inspección

A la falta de solución a los problemas informáticos que se registran en la operativa de la Inspección de Trabajo se suma la marcha del hasta ahora director de este organismo estatal, Héctor Illueca (Unidas Podemos), que este viernes ha asumido el cargo de vicepresidente segundo del Gobierno valenciano en sustitución de Rubén Martínez Dalmau. Éste ha abandonado las responsabilidades en el Ejecutivo para regresar a la universidad.

"El personal inspector necesita mejores soluciones para resolver un problema del que no somos responsables y, a pesar de hacernos cargo de la dificultad técnica que ello supone, el colectivo al que representamos se verá obligado a desistir de seguir intentando realizar nuestro trabajo con los medios precarios que se nos ofrece ante la imposibilidad material de realizar nuestro trabajo hasta que exista una solución real a este problema", apostillan los subinspectores laborales.