Las compañías eléctricas calculan que si España utilizase sus reservas estratégicas de gas la factura de la luz se podría rebajar en más de 6.000 millones de euros durante los próximos siete meses. Así se desprende de un informe elaborado por las empresas que han revelado fuentes del sector a este medio. Se trata de una propuesta trasladada al Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, que ella misma habría rechazado.

La tesis de esta proposición radica en que el gas presente en esas reservas estratégicas se adquirió a un precio muy inferior al que presenta ahora mismo (de media, a 20 euros el megavatio hora frente a los 59,32 euros actuales). Usarlo para alimentar las centrales de ciclo combinado en esta coyuntura de alzas históricas en la factura conseguiría abaratar el precio de la luz. Este viernes, el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista ha batido un nuevo récord al alcanzar los 152,32 euros por megavatio hora (MWh), su mayor precio de la historia y un 7,5% superior al registrado el jueves (141,71 euros).

En España existen reservas de gas, que son las únicas capaces de garantizar el suministro de los incrementos súbitos de demanda, al ser rápidamente accesibles por el mercado, y que también previene de los posibles cortes de abastecimiento de países proveedores como Argelia.

Según los cálculos de las citadas empresas, España podría sobrevivir siete meses -el cuarto trimestre de este año y el primero del próximo- si solo utilizase dichas reservas estratégicas para alimentar sus centrales térmicas de ciclo combinado. Estas instalaciones repartidas por toda la geografía española son responsables del 14,4% de la producción total de energía en lo que va de 2021, según los registros de Red Eléctrica.

Sin embargo, la propuesta no implicaría que el país se quedase sin las reservas de gas que deben existir por ley, sino que contempla ir comprando de manera paulatina conforme se consuma las reservas de gas adquirido a precio más barato que el actual. De esta forma, las eléctricas podrían vender la electricidad en la subasta diaria a un precio menor, al tener menos costes de producción.

A pesar de ello, esta posibilidad planteada por el sector no implica solucionar otra de las principales causas de la tendencia alcista en el precio de la luz; el precio disparado al que también están los derechos de emisión de CO2. Se trata de un mecanismo instaurado a nivel europeo por el que las empresas contaminantes tienen que pagar un canon por cada tonelada de este gas nocivo que vierten a la atmósfera. Según un reciente informe del Banco de España, está detrás del 20% del incremento del precio del MWh. El otro 50% corresponde al precio del gas.

El Gobierno parece tener ya su propio plan, que presumiblemente aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes. Al menos, un primer paquete de medidas. Es el mismo Pedro Sánchez quien se ha comprometido a bajar los precios de manera que la factura que paguen los ciudadanos a finales de año sea "similar" al de 2018.

Así, entre las medidas que baraja está una reducción del impuesto especial sobre la electricidad, que actualmente grava el recibo un 5,11%, así como la posibilidad de obligar a las eléctricas a subastar la energía entre comercializadoras e industriales de manera que el precio termine siendo más bajo de forma "forzosa".

Lo que la parte socialista del Gobierno descarta de plano es la propuesta de Unidas Podemos de fijar precios porque, según sostiene, va contra el derecho comunitario. La formación morada rechaza esta postura e insiste en que en Francia se limita el precio a la energía nuclear.

Las medidas también incluirían continuar o mejorar con la protección a los consumidores más vulnerables o controlar las malas prácticas de las hidroeléctricas que vacían los embalses para maximizar sus beneficios, a las que Ribera acusó de no mostrar "empatía social".

La propuesta se ciñe al suministro del combustible para las centrales de ciclo combinado, pues España apenas cuenta con reservas de gas para cubrir 3,5 días de consumo global. De hecho, el Gobierno anunció en agosto la obligación de elevar las existencias almacenadas de gas a partir de enero para poder resistir 4,5 días. Lo hace ante la previsión de una situación de tensión en los precios del gas natural como la vivida a principios de este año en plena ola de frío por Filomena, y que llevó a disparar el precio de la electricidad.