Ya lo anunció Pedro Sánchez en la entrevista concedida a TVE este lunes: el Gobierno seguirá trabajando para que el incremento del precio en el mercado mayorista no se traslade a las facturas de los españoles. Y lo hará mediante dos vías. La primera de ellas es la de suprimir impuestos que aparecen en el recibo. La segunda, a través de regular el mercado del gas, que se ha convertido en el principal culpable de la crisis energética que vive España y toda Europa. 

Pero para poder acometer dichas reestructuraciones, las grandes eléctricas van a tener que reducir sus beneficios en unos 2.600 millones de euros. Lo avisó Sánchez: "Las eléctricas tienen beneficios extraordinarios que no pueden permitirse". El Gobierno va a obligar a las energéticas a devolver las ganancias de aquellas tecnologías que se beneficien del precio del gas sin que éste sea utilizado. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes ocho medidas de un plan de choque urgente para abaratar el precio de la luz con el objetivo de que “los consumidores paguen de media lo mismo que a finales de 2018". 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno no puede "fijar el precio del mercado mayorista en los boletines de cada estado miembro". Por ello, ha insistido en que las medidas aprobadas respetan el "marco comunitario", el "constitucional" y también el margen de beneficios de las eléctricas.

El Gobierno se centra en el gas

Como se señalaba anteriormente, el precio del gas se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para el Gobierno puesto que su revalorización ha provocado la subida del precio de la luz ya que muchas tecnologías dependen de la materia prima para generar electricidad. 

Por eso, se ha aprobado la minoración temporal del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan. Se aplica una fórmula similar a la empleada para minorar el dividendo de carbono de las centrales no emisoras, ahora en tramitación en el Congreso. 

Es decir, el Gobierno no quiere que las tecnologías que no dependen del gas no se paguen a la misma cantidad de las que sí lo hacen. El mercado español marginalista paga el precio más alto que entra en el sistema a todas las tecnologías por igual. Así, la electricidad que viene de la hidroeléctrica, de la renovable o de la nuclear se benefician del tensionamiento del mercado del gas ya que ofrecen por el mismo precio el megavatio generado sin haber utilizado dicha materia prima.

Con esta fórmula, la rebaja retributiva será proporcional al precio del Mercado Ibérico del Gas (MibGas). Con los niveles actuales se recuperarán unos 2.600 millones hasta el 31 de marzo de 2022, momento en que se espera se hayan superado las tensiones en el mercado global de gas. 

También para afrontar la coyuntura de los próximos meses, se limitará durante un semestre el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), de modo que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,6%, en lugar del 29%.

Pero, la rebaja de la tarifa de último recurso tiene un asterisco. Serán los españoles quienes tengan que pagar finalmente la reducción del precio del gas en la tarifa de último recurso ya que se creará un fondo para los meses con más tensionamiento para que, una vez que el precio baje los españoles paguen (tal y como sucede con las bombonas de butano) en las facturas siguientes. Es decir, las comercializadoras financiarán durante unos meses el precio del gas que deberá ser devuelto por lo clientes.

Subastas para beneficiar la competencia

El Ejecutivo de Pedro Sánchez también obligará a las grandes compañías eléctricas a subastar parte de su producción energética. Así, EDP, Iberdrola, Naturgy y Endesa estarán obligadas a ofrecer al mercado electricidad de forma proporcional a su cuota, y las comercializadoras independientes, así como los grandes consumidores, podrán adquirirla y suscribir con ellos contratos a plazo con un período de liquidación igual o superior a un año. 

La norma prevé también la reforma de la tarifa regulada –el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)– para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%. Según fuentes del Ministerio esta medida “de carácter permanente”, fomentará “la competencia y aliviará el precio” dado que “habrá más competencia para los usuarios”.

Rebaja de impuestos y suministro vital

Además, el nuevo Real Decreto incluirá la rebaja del Impuesto Especial de la Electricidad del 5% al 0,5% y suspender hasta final de año el Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía Eléctrica, que grava con un 7% a la generación hasta finales de 2021. Ésta última iba a estar vigente hasta finales de septiembre del presente año, pero se ha decidido realizar una nueva prórroga. 

“La proyección para los próximos meses dibuja una espiral sin precedentes que genera un efecto amplificador en el precio de la electricidad y que incide de manera sistémica en el bienestar de las familias y en el conjunto de la economía española” ha declarado Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De acuerdo a los cálculos que maneja el propio Ministerio, dichas rebajas fiscales supondrá que los españoles no paguen hasta el 96% de los impuestos que figuran en el recibo mensual. En este sentido, fuentes del ministerio de Transición Ecológica explican que las “comercializadoras deberán ser claras y concisas en las facturas y deberán reflejar la supresión de los impuestos que ya no aparecerán”.

Además, fuentes ministeriales aseguran que la supresión de los gravámenes en el recibo eléctrico no suponen un conflicto con Bruselas ya que “durante meses anteriores se ha recaudado una cantidad superior por el tensionamiento del mercado” por lo que dicha eliminación de impuestos “se compensará con la recaudación de los meses anteriores”.

El Ejecutivo ha aprobado un nuevo suministro mínimo vital que amplía la prohibición de corte del servicio eléctrico a los consumidores vulnerables durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes –diez en total–, tiempo en el que se garantizará un abastecimiento mínimo de confort.

Ley de aguas

Por otra parte, el Ejecutivo también ha modificado la Ley de Aguas para evitar súbitos desembalses, como los que sucedieron este verano y que Iberdrola fue acusada de vaciado para beneficiarse de la crisis energética. Así, al inicio de cada año hidrológico, las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 Hm3 , tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, así como un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes.

Por otro lado, ayudará a afrontar los efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua en España, superiores al 15% a medio plazo y entre el 35% y el 40% en un horizonte a largo plazo. A la vez, se procurará facilitar el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños.