Las empresas eléctricas no han tardado ni cinco horas en movilizarse para hacer frente al Gobierno, dejando patente el distanciamiento existente entre el sector energético y Pedro Sánchez.
Foro Nuclear, una de las patronales que aglutina Naturgy, EDP, Endesa e Iberdrola, ha amenazado con dejar de producir energía nuclear si siguen adelante los planes del Ejecutivo. El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas que se basa en detraer 2.600 millones de euros de las cuentas de las eléctricas para reducir los beneficios que les ha producido el incremento del coste de la materia prima en diferentes tecnologías como las renovables que van a mercado, la hidráulica o la nuclear.
Con todo, la patronal ha insistido en que se producirá un “cese de actividad del parque nuclear si el proyecto de Ley del CO2 sale adelante en los términos planteados”.
Las compañías productoras de energía que no utilizan el gas natural para generar electricidad verían por segunda vez en menos de un trimestre, si sale adelante lo aprobado en Consejo de Ministros, como el Gobierno reduce los beneficios resultantes del sistema marginalista que rige España.
Primero, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó la eliminación de los beneficios caídos del cielo que provienen del mercado de CO2, y ahora el Ministerio de Transición Ecológica propone una medida similar para quitar los beneficios que se obtienen a través de las tecnologías que no requieren de gas para generar electricidad.
"Las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente. Las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el Ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha", explica la patronal.
"Por tanto, en el momento de la solicitud, y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias, se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO2 del mercado internacional. Con este proyecto de Ley en vigor, no se hubieran solicitado las renovaciones de las autorizaciones, varias de ellas muy recientes", aseguran.
A los tribunales
Ignacio Araluce, presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, explica que “el cese anticipado de la tecnología de generación que más electricidad produce en España y que más emisiones de gases de efecto invernadero evita conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear, a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial, a una mayor dependencia energética del exterior y a un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista".
Por otra parte, fuentes del sector energético confirman a este periódico que los departamentos jurídicos de las diferentes compañías ya están analizando los pormenores de la nueva legislación que entrará en vigor en las próximas semanas.
Fuentes ministeriales también dan por hecho que las grandes empresas acudirán a los tribunales para tumbar las medidas del Gobierno, que pretende dar un hachazo de hasta 2.600 millones de euros. No obstante, entienden su postura y alegan que "tienen todo el derecho a judicializar los procesos".
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