Los sindicatos UGT y CCOO buscarán recuperar las indemnizaciones por despido injustificado tal y como figuraban en la legislación española antes de la reforma laboral de 2012, es decir, que presionarán para volver a los 45 días de indemnización por año trabajado (en lugar de los 33 actuales) y rescatar los salarios de tramitación, una cantidad que las empresas abonaban al trabajador en el caso de los despidos improcedentes.

Este será uno de los puntos que ambas organizaciones sindicales pondrán encima de la mesa en la reunión de la reforma laboral de este miércoles, la primera después de las vacaciones de verano, según han adelantado fuentes de este colectivo a El Independiente. En ella también se tratará la prevalencia de los convenios sectoriales por encima de los de empresa y la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otros puntos calientes.

Al Gobierno le urge acordar con los sindicatos y las organizaciones de empresarios una nueva reforma laboral porque ha prometido a la Comisión Europea que así lo hará, y que la aprobará antes de que termine el año. Es también una de las condiciones impuestas por Bruselas para enviar a España parte de los fondos europeos que está liberando para ayudar a los países miembros a hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19.

"La reforma de 2012 rebajó las indemnizaciones por despido injustificado a la mitad", ha explicado a este medio el secretario confederal de UGT, Fernando Luján. "Los datos que tenemos apuntan a que la indemnización media del año 2012, en el momento en que se produce la reforma laboral, frente a la del año 2021, ha bajado a la mitad, porque la reforma laboral ha introducido dos elementos que suponen una rebaja a la mitad de las indemnizaciones: redujo de 45 días a 33 la indemnización y desaparecieron los salarios de tramitación", ha indicado.

Los salarios de tramitación quedaron derogados con la reforma de 2012, pero hasta entonces protegían a los trabajadores cuando la empresa despedía sabiendo que no tenía razón (despido improcedente) y que iba a ser sancionada por los jueces, por lo que tenía que pagar este salario.

"Nos gustaría revisar eso porque nos ampara el artículo 30 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el artículo 24 de la Carta Social Europea, que señala que ante un despido injustificado los trabajadores tienen derecho a recibir una indemnización suficiente, no solo porque debería guardar armonía con el ordenamiento jurídico, sino porque además nuestros socios europeos, la legislación europea, la normativa europea, llevan aconsejando que se debe revisar al alza las indemnizaciones por despido injustificado", mantiene Luján.

Los sindicatos no confían en conseguir convencer a las organizaciones de empresarios para que acepten esta propuesta, pero insisten en que aunque sea complicado, va a ser "una reivindicación" presente en la mesa de negociación de la reforma laboral, que este miércoles volverá a debatir las peticiones de cada parte.

Si no se acaba con los cambios de la reforma de 2012, no es una derogación

Otro de los aspectos que los sindicatos reivindican es que si la reforma laboral de este 2021 no acaba con los artículos que introdujo la de 2012, promovida y aprobada por el entonces presidente Mariano Rajoy, no puede hablarse de una derogación de aquella reforma laboral, como tantas veces ha proclamado la ministra Yolanda Díaz.

Es un recordatorio que no se cansan de repetir, insistiendo en sus peticiones siguen vigentes y que "en algún momento" deberá llevarse a cabo esa derogación más allá de los objetivos que ya ha anunciado Trabajo como recuperar la ultraactividad y la prevalencia de los convenios sectoriales. "Esta propuesta tiene elementos positivos, interesantes, pero de cara a la derogación le falta bastante", reafirma el sindicalista de UGT, "aunque tiene aspectos muy positivos", reconoce.

El reto ahora para Yolanda Díaz será convencer a los empresarios de las bondades de su plan. No parece fácil: ahora mismo, las negociaciones para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) están encalladas por el no de la patronal, y también está pendiente la ampliación de la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) (ahora mismo vigente hasta el 30 de septiembre), que empezará a debatirse entre las tres partes este jueves.