Yolanda Díaz fue la cara visible de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) anunciada el 22 de enero de 2020. Su antecesora al frente del Ministerio de Trabajo, Magdalena Valerio, era quien había conseguido pactar con sindicatos y organizaciones de empresarios un alza de 50 euros, hasta los 950 euros mensuales en 14 pagas y frente a los 900 que un año antes había aprobado el mismo Gobierno, el de Pedro Sánchez.

Pero los cambios en la estructura del Ejecutivo ese mismo mes llevaron a que Díaz, solo unos días después de estrenarse como ministra, saliera en la foto, augurando ya entonces cómo iba a ser su mandato: "Este Ministerio va a hacer grande el diálogo social", aseguró, "hoy es un día grande para la democracia y para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de este país". La CEOE advirtió del daño que la medida podía causar en el empleo, pero firmó la propuesta.

Un año (y una pandemia después), la ministra gallega, militante de Esquerda Unida y del PCE, volvía a la carga, insistiendo en el compromiso que alcanzó el PSOE con Unidas Podemos para la formación del Gobierno de coalición y que consistía en alcanzar al final de la legislatura un SMI que represente un 60% del salario medio en España.

"Hay que defender a los más débiles y yo no puedo comprender por qué subimos en un 0,9% los salarios de los empleados y empleadas públicas que, aunque tienen una deficiente posición, tienen una mejor posición que las personas a las que va a afectar el salario mínimo; o por qué vamos a actualizar los salarios a los colectivos de trabajadores que están acogidos a convenios colectivos, que son prácticamente todos, y los vamos a revalorizar entre el 1,5% y el 1,8%; y por qué dejamos fuera a quien más lo necesita, a ese millón y medio de trabajadores que son los precarios, que sobre todo son las precarias, y que son los jóvenes. ¿Por qué dejamos fuera a los débiles? Yo no soy capaz de responder a esta pregunta", lanzaba ante los micrófonos de la cadena SER en diciembre de 2020.

Así, a finales de 2020 y a lo largo de 2021 Díaz ha venido insistiendo en que la intención del Gobierno no era congelar el SMI, sino subirlo. Y este jueves, finalmente, anunció la medida: tras un intenso proceso de negociación con los agentes sociales, el Ejecutivo decidió incrementar el salario mínimo 15 euros desde el pasado 1 de septiembre (hasta los 965 euros mensuales) y para lo que queda de año, y se comprometió a revisar ese alza en 2022 y 2023, para que llegue al 60% del salario medio español al final de ese periodo.

"La principal herramienta para combatir la pobreza laboral se llama salario mínimo interprofesional", proclamaba este viernes. "Y va a llegar a nuestros barrios, a las peluquerías a los pequeños bares a las tiendas", insistía el viernes en un acto en Galicia acompañada del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Lo que no resulta tan evidente en estos días de triunfalismo es la oposición a la que ha tenido que hacer frente Díaz, incluso dentro del mismo Gobierno. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, mantuvo esta primavera que el Gobierno no había "ha tratado ni discutido" la subida del SMI al mismo tiempo que desde Trabajo insistían en la idea de incrementarlo este año.

Más adelante, Calviño fue suavizando su postura, matizando que ese incremento debía esperar a que la recuperación económica se consolidase, tras un contexto de crisis, hasta que, al fin, dejó de enfriar la posible subida para afirmar que esta constituiría una de las "herramientas más potentes para la recuperación".

Aun así, finalmente, Díaz ha conseguido imponer su criterio dentro del Gobierno. Como la miembro de Unidas Podemos con un cargo más alto dentro del Ejecutivo, tras la salida de Pablo Iglesias (aunque por ahora descarta presentarse a secretaria general del partido), la nueva vicepresidenta segunda (solo tiene por delante a Calviño, como vicepresidenta primera, y al propio presidente Pedro Sánchez) ha ganado esta batalla, pero tiene muchas otras pendientes, donde la más importante es la reforma laboral.

Calviño buscará imponer su criterio en la reforma laboral

En esta otra negociación, Yolanda Díaz también ha mostrado en repetidas ocasiones lo que busca conseguir hasta llegar a comprometerse personalmente a que rendirá cuentas si la reforma laboral no está aprobada antes de que termine el año. Es otra ocasión en la que tendrá que ejercer de dique de contención de la parte del Gobierno que prefiere tomar medidas más moderadas, que piensa que acabar con las medidas que tomó Mariano Rajoy en 2012 a nivel laboral no será bueno para la economía o el mercado de trabajo.

En mayo, se hizo viral el vídeo de Díaz contestando a una pregunta en el Congreso con Calviño sentada detrás. Mientras la ministra de Trabajo aseguraba "sí, vamos a derogar la reforma [laboral] del Partido Popular", la titular de Economía ponía los ojos en blanco y suspiraba. En otras múltiples ocasiones ambas han diferido con respecto a si lo que el Gobierno planea hacer es derogar la reforma laboral de Rajoy o si simplemente se trata de reforma de la reforma.

Hasta ahora, las intenciones que tiene la ministra con respecto a la modernización del mercado laboral son ambiciosas. Los sindicatos no han pedido más que una cosa más que lo que el Gobierno ha propuesto, recuperar los 45 días de indemnización por despido, pero están muy conformes con el resto del planteamiento.

Entre los principales objetivos, está recuperar la prevalencia de los convenios sectoriales por encima de los de empresa y la ultraactividad de los convenios colectivos; establecer unos ERTE permanentes, entre comillas, que eviten despidos; y limitar los tipos de contratos (ahora mismo hay más de 33) a tres, uno indefinido, otro temporal y un último de formación.

Lo que consiga, o no, Díaz marcará en gran medida la carrera política de la ministra. Por ahora, ella confía en el diálogo con sindicatos y organizaciones de empresarios para tomar decisiones políticas (porque es así como en casa le han enseñado a trabajar, dialogando, ha remarcado en multitud de entrevistas). Por otro lado, no le queda más remedio, puesto que la misma Comisión Europea ha establecido como requisito imprescindible que la reforma laboral y la de pensiones se negocien con los agentes sociales para desembolsar los fondos para la recuperación de la crisis del Covid.

Y las conversaciones se tornan cada vez más complicadas: para la subida del salario mínimo, que supondrá a las empresas gastar 15 euros más por trabajador y mes lo que queda de año, no ha conseguido el apoyo de la patronal de empresarios, la cantidad se ha quedado muy por debajo de lo que exigían los sindicatos (unos 25 euros como mínimo), es también inferior a la subida de los precios generales (IPC) de este año y tampoco compensa el incremento del precio de la luz. Además, solo afectará a los últimos 4 meses del año y no ha fijado cuánto subirá el SMI en 2022 y 2023, como buscaba. Asimismo, para los ERTE, el último pacto se alcanzó in extremis, y la reforma laboral supone un conjunto de medidas que tendrán un recorrido y un impacto mucho mayor que estas otras dos decisiones.

"A veces, no negociando se pierde. La ministra de Trabajo estuvo dispuesta a pactar una cuantía inferior que la que hoy se tiene", sentenció Díaz este viernes, refiriéndose a sí misma, en un acto en el que afirmó que no cree que no haber alcanzado un acuerdo con los empresarios en materia de salario mínimo vaya a perjudicar el resto de negociaciones que hay encima de la mesa. El tiempo dirá, antes de que termine el año, si así ha sido.