El Gobierno ha decidido rebajar a la mitad la previsión de crecimiento del sector de la construcción para este año. Aunque mantiene casi intactas el resto de previsiones realizadas en julio, en la revisión del cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales de 2022, el Ejecutivo ha reducido su estimación del 6,2 al 3%.

Aunque no ha explicado a qué se debe dicha moderación, fuentes de la vicepresidencia Económica que dirige Nadia Calviño lo atribuyen a que los datos del primer semestre del año en el sector de la construcción "no han sido tan boyantes como estaba previsto" y a que se prevé una mejor inversión en bienes de equipo.

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), la formación bruta de capital en 'Viviendas y otros edificios y construcciones' cayó un 3,2% en el primer trimestre y otro 2,0% en el segundo. Desde las patronales de la construcción evitan de momento valorar este cambio en la previsión del Ejecutivo.

Lo cierto es que el sector encara una serie de factores que pueden ralentizar una actividad clave para el empleo. Por un lado, está sufriendo los efectos del precio desatado de las materias primas, cuya tendencia al alza encarece los proyectos y puede llegar a poner en peligro algunas obras en curso. Desde la patronal han pedido al Gobierno la derogación de la Ley de Desindexación para garantizar la viabilidad de los proyectos y la estabilidad de los contratos.

Por otro lado, desde el sector también acusan la falta de mano de obra cualificada, lo que está generando algunos retrasos y obligando a extender los plazos de ejecución de las obras, con el consecuente aumento de los costes. En concreto, creen que son necesarios cerca de 700.000 trabajadores para ejecutar antes de 2026 los proyectos financiados con los fondos 'Next Generation' procedentes de Bruselas.

Precisamente, "el factor clave de todo esto está en que los fondos europeos no terminan de llegar y no se materializan en proyectos", resume una fuente del sector. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) reclamaba este mismo martes "agilidad y eficiencia" en el reparto del dinero comunitario para cumplir con los objetivos y plazos fijados la Unión Europea.

No en vano, el Componente 2 del Plan de Recuperación y Resiliencia diseñado por el Gobierno se destina a la inversión en construcción y rehabilitación de viviendas, y supone uno de los paquetes más grandes en cuanto a movilización de fondos se refiere. Según la patronal, alrededor del 10% de las inversiones se destinarán a rehabilitación y un 9,4% a actuaciones de movilidad sostenible, en las que las infraestructuras están llamadas a ocupar un papel clave.

Sin embargo, desde la patronal se quejan de que el crecimiento del sector para este año podría haber sido mayor si la Administración se hubiese mostrado más ágil. En este sentido, ponen como ejemplo que el Real Decreto que regula los 50 millones para rehabilitación en municipios de menos de 5.000 habitantes no se publicó hasta el 4 de agosto y que las Comunidades Autónomas no han avanzado en sus convocatorias, al igual que con los 150 millones destinados a impulsar las energías limpias.

Por contra, fuentes de la vicepresidencia Económica niegan la mayor y aseguran que la reducción de la previsión de crecimiento del sector "no tiene que ver con que se esté produciendo un retraso en la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia". Para 2022, eso sí, el Gobierno eleva la previsión de crecimiento del sector de la construcción hasta el 10,4%.

Mayores previsiones

Sin embargo, las cifras facilitadas hace escasamente veinte días por la CNC contrastan con las de la revisión del Gobierno. Según las proyecciones de la Federación Europea de la Industria de la Construcción recogidas por la patronal se preveía un crecimiento del sector de un 7% durante este año. Por segmentos, calculaban que la producción en la rama de edificación se incrementará un 7,6% respecto a 2020 mientras que la ingeniería civil lo hará un 4,5%. Para el avance del primer segmento sería clave el impulso de la rehabilitación, que avanzará un 10,4%.

De momento, la licitación pública ejecutada por todos los organismos públicos del país creció un 69% hasta junio, con 10.567 millones de euros, según datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). Sin embargo, "la inversión en obra pública es limitada y la obra privada no puede cubrir toda la demanda, aunque su oferta se mantiene y esta en crecimiento", concluye otra fuente del sector.