El Congreso de los Diputados tendrá que dirimir  este jueves una de las decisiones más importantes a las que se ha enfrentado Aena en los últimos tiempos. Una vez que la economía y las empresas parecen recuperadas del durísimo revés que se llevaron por la paralización de la actividad, ahora es el turno de resolver conflictos derivados de aquellos meses. Y la gestora aeroportuaria conocerá si deberá hacer frente a un agujero de 200 millones de euros si la Cámara Baja da la razón a las empresas con locales en sus aeropuertos, según cifras que maneja la compañía. 

Los inquilinos de los establecimientos lograron llevar a las instituciones políticas, a través de una disposición adicional en la ley Ordenación de los Transportes Terrestres (16/1987), un cambio en el apartado que trata de las rentas que deben pagar los poseedores de arrendamientos con Aena. Los comerciantes, la gran mayoría grandes corporaciones y multinacionales, piden que se les devuelva íntegramente los alquileres pertenecientes a los meses que duró el primer estado de alarma. 

En la reforma legislativa que la Cámara Baja tramitó en junio se incluyeron diferentes iniciativas del Gobierno que contemplaban medidas contra la morosidad en el sector del transporte y cambios en la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC).

Ahora, y tras el cambio introducido por el Senado, el Pleno del Congreso podría volver a hacer confluir los votos de PP, Vox, ERC, EH Bildu y el PDeCAT para armar una mayoría simple junto a otros partidos minoritarios que sería suficiente para salvar la iniciativa pese al rechazo de los socialistas. No en vano, el Estado tiene el control del 51% del gestor aeroportuario que preside el socialista catalán Maurici Lucena.

Además, la Comisión de Hacienda del Congreso aprobó también en el mes de junio por unanimidad una proposición no de ley de Esquerra Republicana (ERC) para exigir "acuerdos equilibrados" con los negocios de los aeropuertos. Es precisamente a esa iniciativa a la que se acogió el grupo canario para introducir la enmienda en el Senado, criticando que el gestor aeroportuario no haya atendido el mandato que la Cámara Baja le dio en junio. 

Por su parte, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras también han pedido soluciones que garanticen la viabilidad de las empresas afectadas. Las dos centrales se muestran favorables al ajuste de los alquileres al tráfico real que registran los aeródromos como propone la enmienda aprobada por la Cámara Alta. El objetivo es adecuar las rentas al tráfico aéreo y eximir de una parte de la misma durante el primer estado de alarma (del 14 de marzo al 20 de junio de 2020).

Según los últimos datos facilitados por el gestor aeroportuario, el tráfico aún se encuentra por debajo de las cifras anteriores a la pandemia. Los aeropuertos de la red de Aena recuperaron en agosto más del 60% del tráfico del mismo mes en 2019. Sin embargo, en el acumulado anual, la recuperación es de sólo el 32,2% del tráfico previo a la crisis sanitaria.

En caso de que la Cámara Baja dé luz verde definitiva este jueves al cambio normativo, la compañía semipública podría llevar el asunto hasta el Tribunal Constitucional y alargar así durante años el conflicto. De momento, diversas asociaciones de comerciantes y restauradores han hecho presión esta semana a los grupos parlamentarios para salvar la modificación del Senado. Tampoco se descarta que el asunto pueda acabar en instancias europeas.  

Los arrendatarios, que se han asociado para que su petición llegue a las instituciones políticas, recalcan que las “exigencias de Aena provocaría la insolvencia y el cierre de buena parte de las empresas que se encuentran dentro de las paredes de los principales aeropuertos españoles”. Además, insisten en que la crisis del coronavirus ha dibujado un nuevo panorama alejado a la “realidad” que propone la encargada de gestionar los principales aeropuertos españoles. 

Fuentes de Aena, por su parte, inciden en que la gran mayoría de inquilinos son “grandes corporaciones” entre las que “sus accionistas son importantes fondos de inversión” y, por tanto, “siguen obteniendo beneficios durante esos trimestres”. Por eso, defiende que “esta medida carece de sentido puesto que solo hará que se beneficien de la situación” mientras que la gestora se vio “drásticamente perjudicada” por el cierre del espacio aéreo por culpa de los confinamientos en Europa, América o Asia.

Guerra abierta

Aena y la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (AEOCA) llevan meses de guerra. Su representante, Manuel Zea, asegura que los grandes inversores de Aena "han promovido y convencido al Consejo de Administración a seguir la línea 'dura', en contra de las dos primeras propuestas del Departamento Comercial de la gestora".

Por su parte, fuentes de Aena indican a este periódico que los argumentos del empresario “carecen de sentido” ya que, recuerdan, que “de sus cuatro contratos que tenía firmado con la compañía, dos han vencido (Madrid y Palma)”. Además, piden que no “juegue” con los “supuestos puestos de trabajo que se perderían” ya que dichos acuerdos “no están renovados”. 

Dicha guerra se ha judicializado en diferentes tribunales y Aena ha conseguido tener fallos a su favor. El Juzgado de Arrecife se posicionó a favor de la gestora aeroportuaria ya que sostiene que Zea Retail (sociedad del empresario más beligerante) “tenía capacidad económica y financiera suficiente para hacer frente al abono de las rentas controvertidas (pertenecientes al primer estado de alarma”.

En este sentido, cabe recordar que Aena ya propuso a todos sus inquilinos una fórmula para abaratar el precio de los locales. La primera rebaja se produjo durante el primer estado de alarma, con exoneraciones del 100%, aunque luego los comerciantes debían aceptar dos cláusulas. La primera de ellas es que, una vez cayera dicho estado de alarma (21 de junio de 2020) se produciría una nueva rebaja del 50% hasta el pasado 9 de septiembre y una vez que se llegara a esa fecha, los precios volverían a regresar los precios anteriores a la crisis del coronavirus.