Las empresas deberán impartir formación a sus trabajadores para continuar beneficiándose de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo), en lo que será un primer paso para implantar de forma permanente una figura similar. Así lo han decidido los ministerios al frente de esta figura, es decir, el Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que lidera José Luis Escrivá.

Los ERTE, esa medida que ya existía pero que el Gobierno flexibilizó en marzo de 2020, cuando estalló la pandemia del Covid-19, y que busca proteger a los trabajadores del despido, hoy por hoy están prorrogados hasta el 30 de septiembre. Por eso, ambos ministerios, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme se encuentran negociando las condiciones de la siguiente etapa, que ya se da por hecha debido a la reiterada insistencia del Ejecutivo en que no dejarán atrás a los trabajadores.

Estos planes de formación, han explicado fuentes de Seguridad Social a El Independiente, deberán diseñarlos las compañías y se financiarán a través de un "pequeño copago" entre las empresas y el Gobierno, aunque el grueso lo asumirá este último, ya que se ha considerado como la forma "más eficaz" para dar continuidad a los ERTE.

Las mismas fuentes apuntan que se trata de la propuesta que llevarán conjuntamente ambos departamentos a la mesa de negociación, pero, a la vez, recalcan que está "bastante decidido" que este será el modelo a seguir a partir de octubre. "En cada fase de la pandemia hemos puesto el foco en un punto y ahora pensamos que es en la formación donde se tiene que hacer hincapié", han apuntado.

Con respecto al plan de formación, los ministerios aún tienen que concretar las condiciones específicas que se impondrán a las empresas, como quién deberá impartirlos, qué deberán incluir en su presentación a los ministerios o qué duración han de tener. Sobre todo, el objetivo es que esos empleados puedan seguir trabajando en esas u otras empresas.

Lo que sí está claro es que quedarán vinculadas las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social (una de las ventajas de las que se benefician las empresas en ERTE) a la formación de estos trabajadores, algo indispensable salvo en "situaciones muy concretas", como, por ejemplo, que pudiera producirse un gran rebrote en una zona concreta y que dificultase cumplir esta condición.

Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE)

De esta manera, los nuevos ERTE supondrán un "piloto" o un paso intermedio entre los expedientes conocidos hasta ahora y la figura permanente que el Gobierno tiene previsto crear. La iniciativa, que ha bautizado como Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo (MSE), se está negociando como una de las medidas que incluye la reforma laboral que Yolanda Díaz se ha comprometido a aprobar antes de que termine el año.

Este periódico ya explicó que el Ministerio de Trabajo propuso en julio a los agentes sociales la creación de un mecanismo de flexibilidad interna que permita rebajar las jornadas de los trabajadores y que sirva de alternativa a los despidos, de manera similar a como lo hacen los ERTE, ya que obligaría a que los empleados trabajasen un determinado mínimo de horas.

La herramienta deberá utilizarse en lugar de los despidos ante crisis estacionales y salvo en casos en que sea inviable. Cuando así sea, la empresa deberá justificarlo. Asimismo, la empresa se comprometería a mantener los puestos de trabajo de los afectados e incumplirlo tendría consecuencias que aún no se han especificado.

Por ahora, CEOE ha expresado su oposición a las propuestas de Trabajo en el marco de la reforma laboral, de forma general, apuntando a que las medidas no van encaminadas a la creación de empleo ni a que exista flexibilidad para las empresas, algo que ven necesario, mientras que los sindicatos se han mostrado favorables ante las propuestas del Gobierno que busquen derogar la reforma laboral de 2012.

Ahora mismo apenas quedan en ERTE unos 250.000 trabajadores, según los últimos datos que maneja el Ministerio y que hizo públicos la semana pasada, de los que 80.000 están trabajando a tiempo parcial. En Seguridad Social esperan que estas cifras no cambien demasiado a final de mes. Por eso, el ministro Escrivá ya apuntó que la prioridad no es la activación de los ERTE sino la formación de esos trabajadores: «El énfasis tiene que estar en que se formen bien para que su reincorporación al mercado de trabajo se produzca en las mejores condiciones».

A la vez, y según se comunicó a los sindicatos y empresarios en la reunión de este miércoles, está decidido que esta prórroga de los ERTE no se producirá de manera inmediata, sino que las empresas deberán solicitarla antes del 10 de octubre, incluida la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores. Pasado ese plazo, la Administración tendrá diez días para resolver la solicitud y en caso de no resolución se entenderá desestimada. La próxima reunión sobre los ERTE tendrá lugar este jueves.