La decisión acordada entre el Gobierno, sindicatos y empresarios de ligar las pensiones a las subidas del índice de precios al consumo (IPC) este año, el que va a terminar con la mayor inflación de la historia reciente, va a provocar que los jubilados acumulen un colchón de ahorro durante los próximos años si los precios de la vida caen.

Según el acuerdo al que llegaron los agentes sociales con el Ejecutivo en julio para reformar, en parte, la ley de pensiones (Real Decreto 8/2015), a partir del 1 de enero se garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados gracias a que las pensiones se revalorizarán anualmente con la inflación media anual registrada en el mes de noviembre del año anterior. El pacto también incluye que, si esta resultase negativa, ese año permanecerán inalteradas.

Eso llevará a que este año el Gobierno tendrá que pagar a los pensionistas casi 4.000 millones de euros más de lo que inicialmente preveía en los presupuestos generales del Estado (PGE) de 2021. Mientras que la cifra que se estimaba era de 163.000 millones de euros, dada la fuerte subida de los precios de la vida que se ha producido este año y que no se prevé que se corrija en lo que queda de ejercicio, el Estado deberá compensar a los retirados con esa cantidad.

Según la fuente que se consulte, el IPC para la media del conjunto del año podría ser del 3%, como apunta el Consejo General de Economistas, mientras que el Banco de España apunta por una subida más moderada del índice armonizado de precios al consumo (IPCA), del 2,1% (el BdE no da previsión de IPC).

La estimación de consenso (la media entre las previsiones de las diferentes instituciones y servicios de análisis) del centro de análisis Funcas apunta que la inflación media de 2021 será del 2,4%. El think tank ha llevado a cabo su última revisión de estas cifras este mismo mes de septiembre, y es el dato que este medio ha utilizado para calcular cuánto más tendrá que pagar el Gobierno en concepto de pensiones. En agosto, el IPC subió hasta el 3,3%, su dato más alto en 9 años, sobre todo por los incrementos en la gasolina y la fruta.

Así, si la inflación decayese y retrocediese el camino recorrido este año, y en 2022 volviese a caer lo mismo que se prevé que suba este, un 2,4% en el conjunto del año, los pensionistas habrían ingresado casi 4.000 millones de euros más (3.912 millones, exactamente) de lo que iban a recibir inicialmente, y sobre esa cantidad seguirían sumando cuando volviese a subir el IPC.

En cambio, si este año la inflación se hubiese limitado a subir un 0,9%, como Funcas apuntaba en diciembre que sucedería, el Estado solo habría tenido que gastar 1.467 millones más en pensiones, y no 4.000 millones, como deberá hacer. Y solo los avances de los precios dirán si estas prestaciones continúan ligadas a ellos o si no.

En el acuerdo de pensiones, que aún debe tramitarse en el Congreso de los Diputados antes de ver la luz el 1 de enero de 2022, como muy tarde, está previsto que cada 5 años los integrantes del acuerdo deberán evaluar los efectos de esta medida, y que propondrán cómo actuar si fuese necesario corregir alguna desviación para mantener el poder adquisitivo de las pensiones.

Por otro lado, si en lugar de caer el IPC el próximo año, como se ha aventurado en anteriores párrafos, crece tal y como está previsto (en consenso de Funcas apunta a una subida del 1,6%), la subida de las pensiones se limitaría a compensar el alza de los precios de la vida tanto este 2021 como en 2022, aunque igualmente todos los incrementos pasarían a formar parte de un colchón de ahorro cuando los precios caigan.