El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones de empresarios CEOE y Cepyme para ampliar el plazo de los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) hasta el 28 de febrero, pero con algunas condiciones distintas a las prórrogas anteriores, según comunicaron desde todas las partes en la tarde de este lunes.

Primero, los sindicatos proclamaron que las partes habían llegado a un principio de acuerdo, pero que se trataba de algo aún provisional puesto que debían ratificarlo internamente UGT, CEOE y Cepyme. No obstante, a lo largo de la noche las tres informaron de los vistos buenos de sus respectivos comités ejecutivos, y, después, los ministerios anunciaron, finalmente, el acuerdo.

Así, todos los ERTE actuales se prorrogan un mes con las mismas condiciones que hasta ahora, pero la vigencia de este mecanismo se amplía hasta marzo. Además, han pactado llevar el contador a cero, es decir, la fórmula que permite que los empleados en ERTE no consuman días de paro aunque no estén trabajando, hasta el 31 de diciembre de 2022.

A la vez, el Gobierno ha propuesto mejorar las exoneraciones de los pagos de cuotas a la Seguridad Social, premiando a las empresas en ERTE que impartan formación a sus trabajadores, como buscaba el ministro José Luis Escrivá. Ni desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social ni el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han concretado cuáles son las exoneraciones que se han acordado, pero sí lo han hecho desde UGT.

De esa manera, en el caso de las empresas con más de 10 trabajadores, la exoneración será de un 80% en el caso de que la empresa imparta formación, y de un 40% en caso de que no lo haga, según ha trasladado el sindicato. En el caso de las empresas con hasta 10 trabajadores, de nuevo, según UGT, las exoneraciones serán del 50% para las que no lleven a cabo la formación, y del 80% para las que sí lo hagan. En cuanto a la financiación de estas actividades de formación, el Gobierno incrementará el crédito que se suele prestar a las empresas a través de la Ley 30/2015, aunque los sindicatos no han especificado aún cantidades.

Las empresas deberán solicitar la prórroga en octubre

Por otro lado, las empresas deberán solicitar las prórrogas durante todo el mes de octubre, al contrario que como había sucedido en anteriores ampliaciones de este mecanismo, cuando se renovaba automáticamente. Por eso, la vigencia de estos ERTE comenzará en noviembre de 2021, y las partes han acordado que el silencio administrativo, o la falta de respuesta por parte del Ministerio, se aplicará con carácter positivo.

El resto de condiciones que estaban vigentes en las anteriores prórrogas de esta medida, como la prohibición de despedir, el compromiso de mantenimiento del empleo o la prohibición de realización de horas extra, se mantienen.

Los agentes sociales han tomado esta decisión tras días desavenencias sobre en qué condiciones debían renovarse los ERTE, que han evitado el despido de cientos de miles de trabajadores desde que estalló la pandemia, ya que el Gobierno flexibilizó este mecanismo en marzo de 2020. El Ejecutivo aprobará la medida, previsiblemente, en el Consejo de Ministros de este martes, pero ninguno de los dos ministerios ha confirmado este extremo.

Medidas extraordinarias para Canarias

Asimismo, también se han regulado medidas extraordinarias para los trabajadores y empresas de las Islas Canarias que se hayan visto afectados por la erupción volcánica de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, con condiciones específicas en los ERTE.

"Los trabajadores y trabajadoras tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad", se han limitado a trasladas desde el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social.

A la vez, desde los sindicatos han trasladado que en la próxima reunión del Consejo de Ministros, que tendrá lugar este martes, se abordará el paquete de medidas correspondiente donde se afrontará la declaración de zona catastrófica en el archipiélago canario.