Si el Congreso de Estados Unidos no aprueba un nuevo techo de deuda el país no podrá hacer frente a sus pagos el próximo 18 de octubre. Este asunto ha encendido todas las alarmas en la economía estadounidense y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha advertido que cualquier retraso “que ponga en duda la capacidad del gobierno federal para cumplir con sus obligaciones causaría un daño irreparable a la economía estadounidense y a los mercados financieros globales”.
Los congresistas deben aprobar una suspensión del techo de deuda, de lo contrario, la administración Biden podría suspender los pagos a pensionistas, a los funcionarios o a los beneficiarios de programas estatales, como los veteranos del ejército. Yellen ha alertado por carta de la urgencia de tomar medidas, de lo contrario, la confianza de los consumidores y las empresas se puede ver lastrada.
Aunque los cierres parciales del gobierno estadounidense -conocidos como shutdown- son más habituales, estos tienen lugar cuando el Congreso no logra el acuerdo para el presupuesto. En esta ocasión, el motivo es el límite de deuda, es decir, la cantidad de bonos y letras del Tesoro que Estados Unidos puede emitir por norma.
¿Qué es el techo de deuda?
Desde 1917, el Congreso fija el límite de deuda en que puede incurrir el Tesoro de Estados Unidos para hacer frente a los pagos de sus obligaciones. Cuando el Tesoro tiene que ampliar este límite los congresistas tienen que votar su aprobación. En 2019, demócratas y republicanos acordaron suspender el techo de deuda hasta finales de julio de este año. Hasta la fecha, el límite de deuda estaba fijado en 22 billones de dólares.
Una vez superada la suspensión, la deuda del país ha superado los 28,5 billones de dólares, por lo que se ha excedido el límite de deuda y el Tesoro ha tenido que activar medidas extraordinarias, como por ejemplo, congelar las contribuciones a planes de pensiones de miembros del Gobierno.
¿Qué pueden hacer los congresistas?
Con el aviso de Yellen sobre la mesa, la opción pasa porque el Congreso apruebe un nuevo techo de deuda. El problema, además de económico, es político, porque los republicanos bloquearon esta opción el lunes, cuando acusaron al gobierno de Joe Biden de gastar demasiado. Los demócratas, por su parte, defienden que parte de la deuda acumulada tiene que ver con el gasto público aprobado para hacer frente a la crisis del coronavirus, que se aprobó con el apoyo de ambos partidos, pero bajo el gobierno de Donald Trump.
Los republicanos instan a la administración de Biden a que amplíe el límite de deuda a través de su propuesta de presupuestos para 2022, la cual solo necesita una mayoría simple en el Senado para llegar a una votación final. Sin embargo, esto supondría unanimidad entre los demócratas, que no tienen la mayoría en la cámara alta.
¿Ha pasado alguna vez?
Las consecuencias de que Estados Unidos incumpla sus obligaciones pueden ser catastróficas. Si han visto la serie The Newsroom, Sloane Sabbith ya intentó explicar la debacle que podía suponer para los mercados a MacKenzie McHale.
En 2011, con Barack Obama en la Casa Blanca, la entonces mayoría republicana de la Cámara de Representantes se negó a aprobar una ley para aumentar el techo de deuda, lo que desató el caos en los mercados financieros y llevó a que Standard & Poor's rebajara la nota de solvencia del país. Finalmente, se logró el acuerdo entre republicanos y demócratas.
Dos años después, en 2013, Obama volvió a enfrentarse al techo de deuda y cuando faltaban apenas unas horas para que se cumpliese el plazo que había dado el Tesoro logró la aprobación del Congreso para ampliarlo. En aquella ocasión y según recogió la agencia EFE, más de 800.000 empleados federales se quedaron sin trabajo y sueldo durante más de dos semanas, mientras numerosos servicios y organismos dependientes del gobierno federal debieron cesar sus actividades ante la falta de fondos.
Desde que se instaurase el techo de deuda, Estados Unidos no ha incurrido nunca en suspensión de pagos. Aunque ha estado cerca, siempre se ha llegado a un acuerdo antes de la fecha límite. El Servicio de Investigación del Congreso cifra en 98 las veces que ha tenido que elevarse.
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