La semana laboral de cuatro días o 32 horas que está buscando probar Más País a nivel nacional y Compromís en la Comunidad Valenciana no reduciría el paro que acumula el trabajador ni tampoco su pensión frente a otro que trabaje cinco días semanales, puesto que ambas prestaciones están directamente relacionadas con el sueldo y no con el número de días ni de horas trabajadas. Así lo han explicado a este medio desde Más País y lo han corroborado desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Hace unos días, este medio publicó que Telefónica se estaba planteando frenar su proyecto de semana laboral de cuatro días por el poco interés de su plantilla. La empresa había anunciado este verano que iniciaría el piloto para que sus empleados de diversas divisiones iniciaran una jornada laboral de 32 horas semanales, es decir, pudieran disfrutar un "fin de semana" con tres días libres.

Pero solo unas 150 personas de los más de 15.000 trabajadores que tenían derecho a acogerse a la semana de cuatro días se apuntaron a la iniciativa, en parte, por la rebaja del 15% del salario que figuraba entre las condiciones de la empresa, según explicaron desde la compañía a este medio.

Aunque no era la única razón: desde la teleco indicaban que su fuerte apuesta por el teletrabajo ha afectado, ya que supone una oportunidad para conciliar mejor sin que eso repercuta en los salarios. En el último convenio firmado entre empresa y trabajadores se estipuló que más de 10.000 empleados de Telefónica de España, Telefónica Móviles España y Telefónica Soluciones podrán teletrabajar dos días con carácter universal y voluntario.

Si el sueldo se mantiene igual, no se reduce el paro ni la pensión

Pero ni la propuesta de Más País, ni la de Compromís, ni la idea de reducir las horas trabajadas que incluyó Moncloa en su plan España 2050, bajo la dirección de su Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (hasta las 35 en el año 2050, progresivamente pasando por las 37 en 2030 y por las 36 en 2040) contemplan la posibilidad de reducir el sueldo por trabajar menos días a la semana, sino que siempre se mantiene igual, puesto que la idea es aumentar la productividad durante el tiempo trabajado gracias a ese día más de descanso.

Si se hace así, no se reduce la prestación por desempleo que el trabajador recibiría en caso de ser despedido ni tampoco la pensión a la que tendrá derecho a acceder al final de su vida laboral. "Las bases de cotización que se tienen en cuenta para el cálculo de la base reguladora de las pensiones es mensual, no diaria, por tanto no depone del número de días de la semana", indican en Seguridad Social.

Lo mismo se explica en la web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo: "La cuantía de la prestación contributiva [por desempleo] depende de las bases de cotización a la Seguridad Social por contingencias profesionales, durante los 180 últimos días cotizados, sin tener en cuenta las horas extraordinarias".

"La base reguladora de la prestación es la media de la base de cotización del periodo indicado. El importe diario que se percibe es el 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días de prestación  y el 50% a partir del día 181 hasta el final de la misma", continúa. Se puede consultar aquí. También cuenta con un programa de autocálculo del paro.

El Gobierno prevé incluir en los PGE 10 millones para financiar el piloto

La cotización es la cantidad que retiene la Seguridad Social y varía en función del salario. Es, por cierto, una aportación que tiene un máximo y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quería destopar antes de que estallase la pandemia, para así poder incrementar los ingresos públicos y poder destinar más dinero a gasto social. La idea cuenta con el rechazo de los empresarios, porque el destope de las cotizaciones máximas incrementaría lo que las empresas abonan a la Seguridad Social.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, tras ser consultado sobre este tema, se ha limitado a apuntar que lo que dicho departamento plantea son los usos del tiempo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Día, ha rechazado públicamente la iniciativa de la semana laboral de cuatro días sino que aboga por una ley de usos del tiempo de trabajo que empezará a negociar con los agentes sociales en 2022 y que busca ahondar en la regulación de la flexibilidad de la jornada laboral.

Sin embargo, el Gobierno ha previsto una partida de 10 millones de euros para financiar el piloto de semana laboral de cuatro días que impulsa el equipo de Errejón. Lo ha adelantado El Confidencial, que explica que esta es la cantidad que el Ministerio de Industria ha planteado al de Hacienda. Es menos que los 50 millones inicialmente prometidos y firmados en el acuerdo de Más País y el Gobierno del pasado enero, pero también reduce su duración de tres años a dos. Esta semana el partido de Íñigo Errejón está reuniéndose con Hacienda para abordar este tema e intentar renegociar la cantidad.