El Gobierno de Pedro Sánchez ha presumido este jueves de ser el Ejecutivo que ha aprobado la mayor oferta de empleo público de la historia de España, con 110.000 puestos entre 2018 y 2021. Así lo ha remarcado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en una rueda de prensa tras anunciar que el Ejecutivo ha aprobado el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.

"En tres años del Gobierno del presidente Sánchez la oferta de empleo público ha sido un 73% superior a la de seis ejercicios de Mariano Rajoy", ha asegurado Montero. La ministra, que desde la reorganización del equipo de Sánchez que tuvo lugar este verano también se encarga de la cartera de Función Pública, que antes ostentaba Miquel Iceta, ha comparado las 63.394 plazas del periodo de Rajoy (2012-2017) con las 109.718 de Sánchez (2018-2021).

"Creo que [esta tendencia] pone de manifiesto que el alma del motor del servicio público son nuestros empleados que son los que le confieren calidad y excelencia al trabajo de las distintas administraciones", ha recalcado. Montero también ha hecho referencia al problema de la temporalidad del sector, que el Gobierno está en proceso de resolver, y ha confirmado asimismo que el sueldo de los funcionarios subirá un 2% este 2022, como se ha incluido en los PGE.

2021, el año con una mayor oferta de empleo público

La titular también ha destacado que, más allá del récord que supone comparar un mandato con otro, los datos anuales de este 2021 también suponen un récord, puesto que en el presente ejercicio se ha ofertado el mayor número de empleos de la historia del país.

Por años, en 2021 los empleos aprobados fueron 30.445, algo que Montero ha calificado de "la mayor oferta pública de la historia". Mientras, en 2020 las plazas aprobadas fueron 28.055; en 2019, 28.156; en 2018, 23.062; en 2017, 20.911; en 2016, 19,121; en 2015, 12.212. En 2014, se ofertaron 4.788 plazas públicas; en 2013, 3.440; en 2012, 2.992 y en 2011, 5.399, todo según los datos que ha compartido la ministra en la rueda de prensa.

En cuanto al presupuesto de 2022, los gastos de personal suben un 3,4%, hasta situarse en total en los 19.229 millones de euros, y frente a los 18.593 millones de euros de 2021. En estas cifras se incluye el 2% que el Gobierno ha decidido subir el sueldo de los funcionarios por la elevada inflación de este año.

La subida de sueldo no compensará la inflación

Pero la cifra no compensará la inflación que se ha registrado este 2021. En septiembre, el índice de precios al consumo (IPC), que refleja cuánto han subido los precios en España, escaló un 4% frente a los precios del mismo mes del año pasado. En agosto se situó en el 3,3%.

Según la fuente que se consulte, el IPC para la media del conjunto del año podría ser del 3%, como apunta el Consejo General de Economistas, mientras que el Banco de España apunta por una subida más moderada del índice armonizado de precios al consumo (IPCA), del 2,1% (el BdE no da previsión de IPC). Y, por ahora, las presiones inflacionistas no parece que puedan relajarse hasta mediados de 2022.

Para compensar la subida de los precios que se esperaba este 2021, en los presupuestos de este año el Ejecutivo incluyó una subida de los sueldos de los funcionarios un 0,9%, que después de ha probado insuficiente por lo que se han disparado los precios de la energía, entre otros. Si el Gobierno se propusiera compensar la subida del IPC, debería pagar unos 76 millones más a los empleados públicos, como ya explicó este medio.

En cuanto al problema de la temporalidad, más presente en el sector público que en el privado, el Gobierno se ha comprometido a reducirla por debajo del 8% de aquí a 2025. Las estadísticas muestran que los contratos temporales en el sector público no han bajado del 19% desde que existen registros, y que actualmente representan el 30% del total, frente al 23% del privado.

Montero ha calificado esta situación de "uno de los problemas endémicos" que tiene este sector pero ha insistido en que ya se está trabajando en ello a través de la reforma legislativa. En números absolutos, España cuenta con 2.710.405 empleados públicos, repartidos entre la administración general del Estado, las comunidades autónomas, la administración local y las universidades. De ese total, 1.033.700 de esos funcionarios son temporales (703.000 mujeres y 329.000 hombres).