En apenas dos años, la aportación deducible a los planes de pensiones individuales se ha reducido en más de un 80%. De los 8.000 en 2020 se pasó a los 2.000 el pasado año. Ahora, los presupuestos generales del Estado (PGE) que presentará este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el Congreso, incluyen un nuevo recorte. El Gobierno ha rebajado a 1.500 euros anuales la aportación deducible de los planes de pensiones privados.

Los 500 euros que se ha reducido la desgravación se han trasladado a los planes de empresa, cuyo máximo deducible ascenderá en los próximos PGE a 8.000 euros. Forma parte de una estrategia del Gobierno para impulsar los planes de empresa. Una forma de ahorro instaurada en algunas grandes compañías pero poco habitual en pymes, precisamente el tipo de empresa más numerosa en España. Los planes de empresa son habituales en otros países, como Reino Unido o Países Bajos.

Impulsar este tipo de previsión social es uno de los objetivos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsable del sistema público de pensiones. Y de hecho, es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo. "La Comisión subraya la necesidad de impulsar, de forma preferente, los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva, de empleo, que integran el denominado segundo pilar del modelo de pensiones, y que prioritariamente habrán de ser sin ánimo de lucro", reza el documento de la Comisión del Pacto de Toledo. No obstante, en ningún momento se indica que se deban priorizar los de empleo frente a los de ahorro individual.

Preguntados sobre el nuevo recorte a la desgravación fiscal de los planes privados, desde Seguridad Social remiten al departamento que dirige Montero. Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública explican a este medio que la decisión se ha tomado siguiendo las recomendaciones de la Airef, que en su informe Evaluación del gasto público 2019 consideraba estas deducciones un elemento "regresivo" y que "distorsiona el sistema".

En dicho informe, en efecto, la Airef apuntaba que el beneficio fiscal de estos planes suponía un coste de 1.643 millones de euros y que tenía "un carácter regresivo desde el punto de vista de la desigualdad al focalizarse en rentas altas".

"La evaluación concluye que el beneficio fiscal no alcanza el objetivo e incluso
puede resultar negativo para un conjunto amplio de ahorradores una vez que se tiene en cuenta la fiscalidad en el momento de jubilación de ese ahorro, las comisiones del plan de pensiones y la tasa de preferencia intertemporal", rezaba.

Así, los beneficios fiscales de los planes privados se consideran "regresivos" y beneficiosos solo para las rentas altas. Sin embargo, la figura que se premia -la de los planes de empresa- es residual en España. Según cálculos del Gobierno, solo dos millones de españoles cuentan con uno. La voluntad del ministro José Luis Escrivá es que estos alcancen al 80% de la población activa en 2030, es decir, unos 11 millones de trabajadores.

Medida "inaceptable"

Preguntado al respecto, el doctor en economía, experto en pensiones y socio fundador de LoRIS, José Antonio Herce, ha ahondado en que la medida es "inaceptable" puesto que los incentivos fiscales son la única ayuda que impulsa en este país de alguna manera los planes de pensiones privados, un vehículo necesario para muchos pensionistas. "Millones de pensionistas necesitarán un complemento de unos 200 o 300 euros al mes. La Seguridad Social no les va a dar más. ¿De dónde lo sacan, entonces", se pregunta.

Asimismo, ha apuntado que los autónomos la única vía de previsión social complementaria que pueden permitirse son los planes privados, puesto que no pueden acceder a los planes de empresa, y ha recalcado que muchos de ellos aportan más de 1.500 euros al año, por lo que la medida limita las deducciones a las que pueden acceder.

"Quedan doblemente desprotegidos", ha incidido, por un lado, porque cotizan por bases bajas, y por otro las nuevas características de estos vehículos provisionales, "así que sus pensiones van a ser todavía más bajas".

El responsable de análisis económico de BBVA, Rafael Doménech, tampoco ve con buenos ojos la medida impulsada desde el Ejecutivo. "Lo que no podemos hacer y es lo que se está haciendo ahora es desmontar el tercer pilar (planes de pensiones privados) para beneficiar al segundo (planes de empresa)", indica. Considera que debería primar "el principio de neutralidad fiscal y regulatoria" y cree que sería "ideal" que "los tres pilares pudieran ser totalmente complementarios entre sí y no alguno de ellos sustitutivo de otro".

Macrofondo público

Este cambio en las desgravaciones del ahorro privado es la antesala al proyecto que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones todavía tiene que negociar con los agentes sociales, según ha podido saber este periódico. Ya en los presupuestos del presente ejercicio, el Gobierno planteaba la creación de un macrofondo de pensiones de gestión público-privada. Es decir, en manos de bancos pero con aval del Estado.

Seguridad Social se dio un año para ponerlo en marcha, sin embargo, apenas ha habido avances y las fuentes consultadas insisten en que "se está trabajando en los diferentes aspectos". Según publicó el medio especializado 65ymás, en mayo se comenzó a diseñar la norma para regularlo, pero no han trascendido más detalles y el ministerio mantiene el secretismo hasta que "esté cerrado".

El macrofondo que se quiere crear tendrá comisiones más bajas que los actuales y se podrán acoger a él planes en funcionamiento y también de nueva creación. Un aspecto que mantiene en alerta a las entidades bancarias y que se suma al desincentivo de la desgravación recién anunciado y que también perjudica a la comercialización de este producto.

Pese a ser todavía un esquema poco definido, el Gobierno vuelve en estas cuentas públicas a reducir la desgravación fiscal del producto de ahorro más común en nuestro país. Todo, a la espera de desplazar las aportaciones a un plan de empresa que en la realidad de la mayoría de españoles no existe.