La Unión Europea quiere poner fin a la crisis energética que se vive sin precedentes en todo el territorio. Con los precios del gas, de los derechos de emisión y del petróleo disparados, que derivan en un incremento histórico en el precio de la luz, el organismo transnacional va a llevar a Bruselas un paquete de medidas para rebajar dicha tensión. Además, la UE pone de manifiesto que monitorizará las actuaciones de los principales agentes del sector energético.

Para aliviar la situación, los veinte estados podrán financiarse con los ingresos generados por los derechos de subastas de derechos y sobre los gravámenes e impuestos sobre los precios de la energía para ayudar a los consumidores. Los países miembro, por tanto, podrán emitir bonos sociales específicos “a quienes corren mayor riesgo tienen para pagar sus facturas energéticas”.

Además, el organismo ha acordado que las comercializadoras y eléctricas no podrán quitar el suministro eléctrico a aquellas personas que no puedan hacer frente a los pagos del recibo eléctrico. Estas medidas, por ejemplo, no son nuevas para España ya que durante la pandemia, el Gobierno aprobó una serie de ayudas para evitar estos actos. 

En el acuerdo que deberá ser debatido y aprobado en el Parlamento Europeo, también figura la exención o reducción de los impuestos que los ciudadanos del Viejo Continente tenemos que pagar. 

La UE asume que los impuestos y gravámenes sobre los precios minoristas de la electricidad y el gas varían ampliamente. En promedio, según cálculos del organismo, las facturas soportan una carga del 41% para la electricidad de los hogares, y del 34%, en la industria. Para el recibo del gas, la historia se repite y el 32% de la factura total son gravámenes. Por eso, se otorgará “flexibilidad” para reducir o eliminar ciertos impuestos, si bien es cierto que no especifica porcentajes ni cuáles se tocarán. España, en este sentido, ya rebajó el IVA al 10% y eliminó el impuesto a la generación eléctrica. 

Dichas exenciones fiscales no solo estarán sujetas a los particulares sino que también podrán beneficiarse “las empresas más pequeñas y los que, por su actividad, consumen mucha energía”.

Vigilancia a las eléctricas

La Unión Europea, con el fin de “no permitir manipulación en el mercado eléctrico”, la Comisión ha afirmado que “está llevando a cabo investigaciones” sobre posibles prácticas anticompetitivas en el suministro del gas y la electricidad. 

“La UE cuenta con un instrumento fuerte y robusto que permite detectar la manipulación del mercado, el Reglamento de Integridad y Transparencia del Mercado Mayorista de Energía (REMIT). Conjuntos REMIT son el terreno para una mayor transparencia e integridad del mercado y , en última instancia, protege los intereses de empresas y consumidores”, afirma la Unión Europea.

Compra conjunta

España y Francia habían liderado durante las últimas semanas la petición de compra de energía de manera conjunta. Es decir, acudir al mercado de toda la Unión Europea para evitar desfases en los precios en los diferentes estados. 

Por eso, la Unión Europea considera que se debe “facilitar un acceso más amplio a los acuerdos de compra de energía renovable, más allá de las grandes empresas”. Para ello, se apoyarán dichos acuerdos de adquisición a través de medidas complementarias como la creación de contratos estándar.

Cambio de modelo mayorista

La Unión Europea también se abre a la posibilidad de modificar el sistema actual de casación en el mercado mayorista. Si bien recalca que “no hay evidencia clara de que un marco de mercado alternativo proporcione precios más baratos”, la Comisión encargará a la Agencia de la Cooperación del Funcionamiento de los Reguladores de Energía, “evaluar los beneficios e inconvenientes del actual modelo”.

Se pretende, en este caso, “abordar y eliminar situaciones de extrema volatilidad de los precios en los mercados del gas, así como abordar nuevas reglas en las infraestructuras europeas”.