Los centenares de vecinos de La Palma que han perdido sus casas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja están recibiendo las primeras ayudas de emergencia aprobadas hasta ahora, pero aún deberán esperar a que los diferentes actores de la Administración les transfieran los fondos necesarios con los que poder comprar nuevas viviendas.

Las coladas de lava han arrasado cerca de 700 inmuebles y hasta el momento unas 6.300 personas han tenido que ser desalojadas. Se ha conseguido salvar la emergencia, gracias en gran parte a las segundas residencias o a los domicilios de familiares y amigos. Asimismo, otras personas que han optado por alquilar y unas 300 más están alojadas en un hotel de Fuencaliente. Pero hasta que la situación eruptiva no se normalice, no se aclarará cuánto corresponde a cada familia.

"Estamos trabajando en un informe social que nos permita baremar la situación de todas las familias afectadas. Vamos a ordenar las prioridades para que sean adjudicadas las viviendas (unas 300), así como los cheques para los enseres, cuyas cuantías se están estudiando ahora", explica en conversación con El Independiente la consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Nieves Hernández.

Según las ayudas de 10,5 millones de euros establecidas por el Gobierno de España, a los afectados por la erupción que han perdido su vivienda les corresponde una cantidad máxima de 30.000 euros. Aunque esta ayuda podrá ser complementada con las aportaciones tanto del Gobierno regional (de momento hay 5 millones para vivienda y 5 millones para enseres aprobados por el Ejecutivo central), como del Cabildo o los Ayuntamientos.

"La realidad es que a día de hoy se siguen destruyendo casas y hasta que no acabe la tragedia, no podemos decir exactamente cuál es el mínimo que puede recibir cada persona", añade. Ahora mismo, falta por cuantificar cuánto le corresponde a cada una en función del número de personas que componen la unidad familiar y los ingresos", prosigue.

Así que, a la espera de conocer la magnitud final del desastre, los consistorios están proporcionando suministros básicos como alimentación, ropa, dinero para el alquiler o pequeñas ayudas básicas hasta tener la información global social para poder establecer los criterios con los que repartir las ayudas tanto del Gobierno canario, como del Cabildo y los propios ayuntamientos.

Donativos y ONG

Con esa base de datos se está trabajando ahora mismo para establecer las prioridades y el documento se traspasará después a todas las administraciones para poner en marcha las ayudas. Asimismo, desde el Cabildo trabajan con las ONG como Cáritas y Cruz Roja, a cuyas líneas de ayuda derivan los servicios sociales de las entidades locales.

Además, se ha puesto en marcha una línea para recoger donativos, de los que se llevan recaudados más de un millón de euros, que se repartirá también en función del criterio social de cada afectado. "Puede haber familias afectadas solamente porque han perdido el trabajo y no la casa", razona Hernández.

Sobre las viviendas que se encontraban en situación irregular, la responsable del Cabildo asegura que no van a contemplar esta circunstancia a la hora de repartir las ayudas. "Siempre va a haber un documento que va a poder demostrar que su vivienda estaba ahí", concluye.